Educaci¨®n, educaci¨®n, educaci¨®n

Tony Blair inmortaliz¨® hace a?os una expresi¨®n durante la presentaci¨®n de su programa electoral que resum¨ªa de manera dif¨ªcilmente mejorable la convicci¨®n de que la calidad, el progreso y la cohesi¨®n de nuestra sociedad en un futuro cercano depend¨ªan de lo que tuvi¨¦ramos capacidad y voluntad de hacer colectivamente con la educaci¨®n. Esta ven¨ªa a sumarse a otros mensajes como el que pocos a?os antes hab¨ªa elaborado por encargo de la Unesco un equipo coordinado por Delors. El nivel de conciencia que en nuestro pa¨ªs existe respecto a las ideas que estos y otros informes lanzan es ciertamente elevado.

En verdad, en pocos ¨¢mbitos como en la educaci¨®n hay en Catalu?a un consenso tan un¨¢nime sobre la importancia social que va asociada a ella. Incluso se podr¨ªa pensar que en algunas ocasiones esta conciencia provoca un efecto contrario al deseado, ya que las expectativas a las que se somete a la principal instituci¨®n educativa, la escuela, desbordan cualquier posibilidad de que ¨¦sta pueda desarrollar de manera eficaz todo lo que la sociedad espera de ella. No es s¨®lo un problema de disfunci¨®n entre las tareas socialmente asignadas a la escuela y las legalmente exigibles, sino tambi¨¦n lo es en referencia a la desproporci¨®n entre estas tareas que cumplir y los recursos p¨²blicos asignados, que en Catalu?a est¨¢n muy por debajo de los que se dan no s¨®lo en el resto de los pa¨ªses europeos, sino en la mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas.

La educaci¨®n debe ser un servicio p¨²blico que obligue a la Administraci¨®n a arbitrar los recursos necesarios

En este sentido, no deja de ser sintom¨¢tico que en el ranking de gasto p¨²blico educativo -medido con relaci¨®n al PIB- Catalu?a ocupe el puesto 14? de las 17 comunidades aut¨®nomas. Es evidente que tenemos un problema de financiaci¨®n auton¨®mica; pero si hacemos caso de estos datos, no es dif¨ªcil llegar a la conclusi¨®n de que hemos tenido tambi¨¦n un problema de prioridad pol¨ªtica por parte de nuestros gobernantes en esta cuesti¨®n desde hace muchos a?os y que, a pesar de la importancia verbal que han atribuido a la educaci¨®n, los resultados no enga?an sobre la importancia real que se le otorga.

Hay quien dir¨¢ que estos datos son incompletos y que hay que tener en cuenta el esfuerzo que hace la sociedad catalana en educaci¨®n para poder comparar nuestra realidad con otras. Probablemente sea cierto que, contabilizando el esfuerzo p¨²blico (2,3 % del PIB) y el privado (el 1,8% del PIB como aportaci¨®n de las familias a la escolarizaci¨®n de sus hijos en las escuelas privadas concertadas o no), nuestro gasto educativo colectivo consolidado se acerque a la media europea. No voy ahora a discutir estos datos, s¨®lo llamar¨¦ la atenci¨®n sobre algunas consecuencias que se derivan de esta realidad. Una de ellas es el evidente incumplimiento efectivo del derecho a la gratuidad a la educaci¨®n que la propia Constituci¨®n garantiza y el riesgo derivado de este incumplimiento de consolidar una dualizaci¨®n educativa con claras correlaciones con los grupos sociales existentes.

En cualquier caso, sin quitar la responsabilidad que en esta situaci¨®n puedan tener algunos centros concertados, lo que es evidente es que la primera responsabilidad la tiene la Administraci¨®n al no disponer de m¨¢s recursos al servicio de la educaci¨®n. ?Alguien ha pensado qu¨¦ ocurrir¨ªa si todas las familias decidieran optar por matricular a sus hijos en un centro p¨²blico o si simplemente las escuelas concertadas decidieran cerrar sus puertas al no poder garantizar el derecho a una escolarizaci¨®n gratuita? El problema de financiaci¨®n de la acci¨®n educativa no afecta s¨®lo a las escuelas concertadas, pero es evidente que hay que asumir que, si se quiere mantener esa realidad que hoy educa

a cuatro de cada seis ni?os escolarizados, hay que asumir un replanteamiento de lo que hasta hoy se ha dispuesto. No es s¨®lo una revisi¨®n parcial que afecte a la cantidad econ¨®mica que ha de percibir cada centro concertado para garantizar la gratuidad efectiva, es tambi¨¦n una revisi¨®n del modelo que permita, respetando la tradici¨®n de la iniciativa social educativa que hay en nuestro pa¨ªs, la pluralidad social y la libertad de ense?anza, avanzar hacia un modelo educativo en Catalu?a que permita sobre todo ganar en cohesi¨®n (igualdad de oportunidades real para toda la poblaci¨®n, independientemente de su origen social) y en calidad (resultados que permitan a nuestros j¨®venes disponer de unos recursos suficientes para encarar su futuro con garant¨ªas suficientes de acuerdo con las exigencias de una sociedad que debe responder a los principios de cohesi¨®n y de globalidad).

La educaci¨®n debe ser concebida como un servicio p¨²blico que obligue sobre todo a la Administraci¨®n a arbitrar los recursos necesarios. No se trata s¨®lo de que se d¨¦ m¨¢s dinero para la escuela (p¨²blica y concertada), sino de definir con claridad objetivos en el campo educativo y de destinar recursos suficientes para que estos objetivos se puedan alcanzar a trav¨¦s de los centros, independientemente de su titularidad. Unos objetivos que en el nivel de su concreci¨®n m¨¢s precisa deben en gran parte ser definidos por cada centro educativo de acuerdo con unos principios generales establecidos por los poderes p¨²blicos. S¨®lo conociendo la realidad m¨¢s cercana se pueden establecer actuaciones que den respuesta a las necesidades del entorno social donde una escuela se ubica. Eso debe ser una parte sustancial del pacto social que se requiere para la educaci¨®n en nuestro pa¨ªs.

Jordi S¨¢nchez es profesor Ciencia Pol¨ªtica.