Reconocido prestigio

Rematadamente mala ha sido la expresi¨®n utilizada por el portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Manuel Gracia, para calificar la actuaci¨®n que nuestros partidos pol¨ªticos han desarrollado en el proceso de constituci¨®n del denominado como Consejo Audiovisual.

Evidentemente, la imagen mostrada por los cuatro partidos representados en la sede del antiguo Hospital de las Cinco Llagas ha sido deplorable en un asunto como este que hubiese requerido, al menos, de ese toque de maquillaje ¨¦tico e incluso est¨¦tico que debiera acompa?ar a todo lo relacionado con la independencia de los medios de comunicaci¨®n p¨²blicos, cada vez m¨¢s mancillada por quienes ostentan en cada caso el poder.

El Consejo Audiovisual, como sucede con el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Consultivo de la Junta, el Consejo Econ¨®mico y Social y tantas decenas de Consejos en los que entran a jugar parte los intereses de partido, va a convertirse, sin lugar a dudas, en un mero ¨®rgano de poder pol¨ªtico, a espaldas de los intereses reales de la poblaci¨®n, manipulado y manipulador de la verdad y a trav¨¦s del cual pagar una serie de favores pol¨ªticos a los miembros que lo integren.

En su art¨ªculo 5.3, como as¨ª mismo recogen en sus textos constitutivos esas otras decenas de Consejos, se indica expresamente que sus miembros ser¨¢n elegidos entre personas de reconocido prestigio profesional en el ¨¢mbito de la comunicaci¨®n audiovisual, cient¨ªfico, educativo, cultural o social configurando, como recoge el art¨ªculo 1.1, una autoridad audiovisual independiente.

Nada m¨¢s lejos de la realidad, si nos atenemos a la mayor¨ªa de los nombres propuestos y a la intencionalidad que rodea a cada una de las designaciones, que no es otra que velar por la posici¨®n pol¨ªtica de la fuerza proponente en un cap¨ªtulo tan importante como es el control de los medios de comunicaci¨®n de titularidad p¨²blica y aquellos otros que queden sometidos al ¨¢mbito de gesti¨®n y tutela de la Administraci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa.

Lo cierto es que sobrepasado el tiempo que la Ley establec¨ªa para su constituci¨®n -cumpl¨ªa el 18 de marzo pasado-, el Consejo Audiovisual sigue sin constituirse, e incluso se habla de una posible reforma de dicha ley a fin de reducir el n¨²mero de consejeros de once a nueve, por la falta de acuerdo a la hora de realizar el reparto de los mismos entre los partidos pol¨ªticos que los designan, en un ejercicio m¨¢s de negaci¨®n de los principios de la propia Ley, que en su art¨ªculo 8.1 establece que los miembros del Consejo act¨²an con plena independencia y neutralidad y no est¨¢n sometidos a instrucci¨®n o indicaci¨®n alguna en el ejercicio de sus funciones.

Dif¨ªcilmente puede ello ser as¨ª si de forma tan descarada se pelea p¨²blicamente por controlar una representaci¨®n que no debiera en modo alguno ser proporcional al reparto de esca?os parlamentarios, sino claramente independiente de este y del poder pol¨ªtico que lo sustenta, para convertirse en n¨ªtida representante de una sociedad plural que debiera merecer, al menos en esto, el respeto a los principios de libertad de expresi¨®n, derecho al honor e intimidad, informaci¨®n veraz, difusi¨®n y comunicaci¨®n, de igualdad y no discriminaci¨®n, y a la compatibilidad de dichos principios con los de pluralismo, objetividad y libre concurrencia en el sector audiovisual, como establece el art¨ªculo 3.1 de la Ley.

Porque, estamos en las de siempre: lo grave ya no es que el Partido Popular vea reducido de tres a dos el n¨²mero de miembros en el Consejo, como se establece en el actual debate, sino que cualquier fuerza pol¨ªtica, sola o aliada con otras, el PSOE en el caso que nos ocupa, pueda ejercer el control sobre un ¨®rgano consultivo, a trav¨¦s de los miembros que designa, que debiera situarse por encima de la miope y sectaria visi¨®n que los partidos puedan tener, en esta materia, sobre la calidad de los contenidos audiovisuales.

Me pregunto qu¨¦ papel van a ocupar en el Consejo Audiovisual que alg¨²n d¨ªa se constituya las asociaciones de consumidores y usuarios, o las de padres, o las vecinales, o las de profesores y alumnos, o las de expertos en ¨¦tica, o las de psic¨®logos o juristas, o las de profesionales del periodismo, a la hora de proponer a sus miembros.

Evidentemente, ninguno, porque m¨¢s que profesionales de reconocido prestigio que velen por los principios que farisaicamente se establecieron en la Ley, a los partidos pol¨ªticos les interesa contar con testaferros que mantengan a buen recaudo su propio negocio.

Enrique Bellido Mu?oz ha sido senador del PP por C¨®rdoba.