La justicia de distrito puede atender una media de 50.000 casos anuales

El modelo de justicia de distrito de la Carta Municipal podr¨ªa suponer un volumen de 50.000 casos anuales. Los jueces de distrito, algo parecido a la figura de los jueces de paz, es una de las principales novedades que supondr¨¢ la Ley de Barcelona, aunque requiere una modificaci¨®n de la Ley General del Poder Judicial. Mientras, la redacci¨®n del texto final de la Carta sigue provocando pol¨¦mica en el Ayuntamiento.

El proceso de aprobaci¨®n de la redacci¨®n final de la Ley de Barcelona centr¨® ayer buena parte de las preguntas de la comisi¨®n de Presidencia y Hacienda del consistorio barcelon¨¦s, presidida por Jos¨¦ Cuervo, que ha sido uno de los principales negociadores del texto. El corto lapso de tiempo entre el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, la presentaci¨®n de enmiendas y la firma del texto final, el pr¨®ximo mi¨¦rcoles, ha motivado que buena parte de la actividad del consistorio gire en torno a la Carta.

Y sigue abierta la pol¨¦mica entre la forma de ver el acuerdo alcanzado entre el tripartito municipal y la oposici¨®n. El consenso entre todas las formaciones municipales -gobierno y oposici¨®n-parece que se ha quebrado. A preguntas del Grupo Popular sobre el c¨¢lculo del coste que tendr¨¢ la implantaci¨®n de la justicia de proximidad y qui¨¦n asumir¨¢ esos gastos, Cuervo s¨®lo precis¨® que el n¨²mero de casos que tendr¨¢n esos juzgados podr¨ªa ser de unos 50.000 anuales y que una primera aproximaci¨®n del coste del funcionamiento del nuevo sistema puede ser de unos 20 millones de euros. La cifra de 50.000 casos al a?o se deduce, seg¨²n precis¨® posteriormente, de los atestados que anualmente levanta la Guardia Urbana y de las ocasiones en que interviene como refuerzo de la polic¨ªa.

La entrada en funcionamiento de la justicia municipal supondr¨¢, adem¨¢s, un cambio en la distribuci¨®n de tareas y funciones entre los actuales vigilantes de las ¨¢reas verdes de estacionamiento, el control del tr¨¢fico en la ciudad y la labor de polic¨ªa judicial adscrita a los 10 juzgados de proximidad. Esta ¨²ltima funci¨®n la realizar¨¢n agentes de la Guardia Urbana -para lo que es necesaria una modificaci¨®n de la Ley de Cuerpos y Seguridad del Estado-, que tambi¨¦n se encargar¨¢n del control del tr¨¢fico, mientras que sancionar el estacionamiento indebido y vigilar el cumplimiento de las ordenanzas municipales corresponder¨¢ a los actuales vigilantes de las ¨¢reas verdes.

Pero la cuesti¨®n que suscit¨® m¨¢s pol¨¦mica en el debate de la Carta volvi¨® a ser el sistema de financiaci¨®n. CiU recrimin¨® al tripartito que renunciara a la participaci¨®n directa en los impuestos -IRPF, IVA e impuestos especiales- y que en su lugar se firmen convenios finalistas para los gastos de cultura, transporte y justicia. Cuervo defendi¨® que fue una decisi¨®n de oportunidad pol¨ªtica: "El Gobierno no quiso entrar a discutir la participaci¨®n en los impuestos porque sobre la mesa ten¨ªa la propuesta de financiaci¨®n del nuevo Estatut que defend¨ªa la recaudaci¨®n del 50% del IRPF. Y no ¨ªbamos a dejar que la Ley de Barcelona se estancara otra vez", explic¨®. Ante esa respuesta, S¨°nia Recasens (CiU) afirm¨® que eso demuestra que es la "Generalitat la que recorta las aspiraciones de Barcelona".