Las cuentas de los organismos reguladores pasan a engrosar el d¨¦ficit p¨²blico en 2004

El Estado acaba de ampliar el n¨²mero de entidades consideradas administraciones p¨²blicas. Los recientes cambios introducidos en las cuentas nacionales incluyen una recalificaci¨®n de casi 200 sociedades con funci¨®n p¨²blica hasta ahora excluidas del d¨¦ficit. Los principales reguladores de los mercados (la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, la Comisi¨®n del Mercado de Telecomunicaciones y la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa) figuran en ese grupo. La recalificaci¨®n, que afecta fundamentalmente a las comunidades, genera un d¨¦ficit adicional de 418 millones para el Estado.

Las administraciones p¨²blicas espa?olas han incorporado en los ¨²ltimos a?os cerca de 200 empresas concebidas en principio con otra naturaleza jur¨ªdica. Un grupo de trabajo constituido por expertos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE), del Banco de Espa?a y de la Intervenci¨®n General del Estado analiza permanentemente cada sociedad que se funda para determinar si sus cuentas pueden contabilizarse por separado o deben estar al abrigo del Presupuesto p¨²blico.

El INE ha aprovechado la reciente revisi¨®n al alza del volumen de producto interior bruto (PIB) para incluir estas sociedades en las cuentas p¨²blicas. Son casi 200 empresas, la mayor¨ªa creadas por las comunidades aut¨®nomas, seg¨²n el Ministerio de Econom¨ªa. Pese a todo, algunos cambios tambi¨¦n afectan a la Administraci¨®n central, obligada a reflejar esas sociedades en sus cuentas de 2004, con un d¨¦ficit adicional de 418 millones de euros (el 0,05% del PIB). El d¨¦ficit global asciende al 0,27%.

En la lista figuran los reguladores de los principales mercados. En primer lugar, la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), encargada de velar por la transparencia burs¨¢til. El grupo guardi¨¢n de las cuentas claras considera que, al emitir la CNMV regulaci¨®n de obligado cumplimiento, debe incluirse en la Administraci¨®n.

Algo parecido ocurre con la Comisi¨®n del Mercado de Telecomunicaciones y la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa. Ambos organismos cobran un canon a las principales empresas de su sector. Esa cantidad se considera una tasa por prestaci¨®n de servicio p¨²blico, criterio suficiente para ser considerados como administraci¨®n p¨²blica, seg¨²n fuentes de Econom¨ªa.

A esas empresas, se suman m¨¢s de 30 fundaciones. En todos los casos se ha empleado el mismo criterio: si una entidad puede cubrir el 50% de sus gastos con sus ingresos ser¨¢ considerada de mercado; en caso contrario se atribuir¨¢ a la Administraci¨®n.

La repercusi¨®n de esas sociedades ha sido m¨¢s notoria en algunas comunidades. As¨ª ha ocurrido con Mintra, que realiza las infraestructuras del metro de Madrid. Bruselas ha reconocido el car¨¢cter p¨²blico de esta empresa, lo que obliga a la Comunidad de Madrid a reconocer su deuda (unos 2.400 millones de euros).