Justicia en Argentina
La Corte Suprema de Justicia argentina declar¨® ayer inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, las vergonzosamente llamadas "leyes del perd¨®n", por las que muchos de los responsables de las atrocidades de la pasada dictadura (1976-1983) eludieron impunemente la c¨¢rcel. Se trata de un aut¨¦ntico espaldarazo a las reclamaciones de los familiares de las v¨ªctimas y de las organizaciones de derechos humanos, as¨ª como un respaldo a lo que ya el propio Parlamento hab¨ªa suscrito por amplia mayor¨ªa en 2003 al considerarlas "insanablemente nulas".
Con esta decisi¨®n puede afirmarse ahora que Argentina definitivamente quiere saldar las cuentas de su tr¨¢gico pasado, acabar con la vergonzosa claudicaci¨®n y hacer funcionar la justicia colectivamente y no de manera individual y err¨¢tica, como fueron los casos espor¨¢dicos nacidos de la valent¨ªa de alg¨²n abogado nacional o extranjero. Y aqu¨ª es justo evocar a los jueces Gabriel Cavallo y Baltasar Garz¨®n.
Ambas leyes quedaron promulgadas en 1986 durante el primer Gobierno democr¨¢tico de Ra¨²l Alfons¨ªn y obedec¨ªan a una circunstancia muy determinada: la presi¨®n de los militares y su amenaza de impedir la normalizaci¨®n democr¨¢tica si eran perseguidos por causas que se hab¨ªan ya abierto o estaban a punto de abrirse. Fue un peaje demasiado duro, sobre todo para los deudos de los m¨¢s de 25.000 desaparecidos.
El gesto del m¨¢ximo tribunal deber¨ªa tener repercusiones y afectar a un millar de militares y polic¨ªas -la gran mayor¨ªa de ellos ya en el retiro-, presuntamente culpables de abusos cometidos durante los terribles a?os de represi¨®n. Es verdad que los m¨¢ximos l¨ªderes de las juntas militares fueron procesados y condenados en un primer momento y que recibieron el castigo de la reprobaci¨®n ciudadana. Pero se beneficiaron m¨¢s tarde de la pol¨ªtica de indultos del presidente Menem, aunque algunos de ellos han pasado por los tribunales por el secuestro de beb¨¦s de madres desaparecidas. ?stos son los casos que mantienen en arresto domiciliario al ex presidente Jorge Videla o al almirante Eduardo Massera.
No s¨®lo Argentina quiere hacer justicia a sus v¨ªctimas. Tambi¨¦n el nuevo Gobierno de Uruguay quiere acabar con la Ley de Punto Final y anuncia la reapertura de las investigaciones sobre los desaparecidos.
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