El Defensor del Pueblo canario alerta del maltrato institucional en centros de menores
El Diputado del Com¨²n denuncia la "insostenible situaci¨®n" y exige una "intervenci¨®n urgente"
Los seis centros para menores con medidas judiciales en Canarias viven una "situaci¨®n insostenible", requieren una "intervenci¨®n urgente" y registran "maltrato institucional". Esta es la conclusi¨®n de Manuel Alcaide, diputado del com¨²n, figura hom¨®loga al Defensor del Pueblo en las islas, quien en su ¨²ltimo informe revela c¨®mo la Administraci¨®n ha descuidado las instalaciones de los centros, se ha desvinculado de su gesti¨®n e inspecci¨®n, no ha destinado el presupuesto adecuado, se ha visto desbordada y se ha enfrentado al dictamen de jueces, fiscales, abogados, fuerzas de seguridad y de emergencias. En lo que va de a?o, en los centros canarios (para internos de 14 a 23 a?os) se han producido 20 incendios, dos intentos de mot¨ªn, centenares de agresiones, algunas violaciones y dos muertes. La ¨²ltima, la pasada semana en un incendio.
Manuel Alcaide, que ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, explica que la acusaci¨®n de maltrato institucional a los menores se debe a que "se improvisan actuaciones profesionales por desconocimiento y falta de cualificaci¨®n t¨¦cnica; se producen intromisiones irrespetuosas en las familias; se hacen usos repetidos de internamientos; se abulta el curr¨ªculo institucional de los ni?os por falta de definici¨®n inicial, de proyecto educativo individual, de nula responsabilidad de las instituciones, y se cambian estrategias con frecuencia, olvid¨¢ndose de la prevenci¨®n, la inserci¨®n social, la participaci¨®n activa y el desarrollo".
Alcaide explica que el n¨²mero de menores con medidas judiciales "crece de forma alarmante": de los 553 en septiembre de 2003 a los 795 en diciembre de 2004. Tambi¨¦n critica la "escasa" dotaci¨®n presupuestaria que ha destinado a este ¨¢mbito el Gobierno de Canarias y, como consecuencia, reconoce que la Administraci¨®n est¨¢ "desbordada" en apenas cuatro a?os de asunci¨®n de competencias en materia de menores. Asimismo destaca el "mal estado de los centros y el incumplimiento reiterado de los fines educativos y resocializadores de la ley".
Reforma juvenil
Por ello, sugiere "que un ¨²nico organismo administrativo gestione las medidas judiciales y todo lo que afecte a juzgados, fiscal¨ªas y dependencias" e insta al presidente del Gobierno canario, Ad¨¢n Mart¨ªn Menis, de Coalici¨®n Canaria, a que cree la Direcci¨®n General de Justicia o Reforma Juvenil, amparada por el departamento auton¨®mico de Justicia y no por el actual de Asuntos Sociales.
El Diputado del Com¨²n advierte de la "alarma social" que se ha suscitado en las islas en torno a estas instalaciones, adem¨¢s "del descontrol por parte de los directivos, la carencia constante de plazas" y el ingreso de j¨®venes en una isla distinta a la que reside su familia.
Manuel Alcaide dibuja un panorama "desalentador" de los centros de menores y recuerda las quejas expresadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Fiscal¨ªa: "Masificaci¨®n, carencia de espacio y habitabilidad, urgente necesidad de crear un centro que acoja a los menores de Lanzarote y Fuerteventura, existencia de m¨¢s de 40 menores con sentencia firme que est¨¢n en libertad a la espera de ingresar en los centros, necesidad de contar con un centro terap¨¦utico para trastornos de conducta".
El Defensor del Pueblo canario tambi¨¦n revela la delegaci¨®n inadecuada "que el Gobierno hace de la gesti¨®n de los centros en manos privadas, no habilitaci¨®n del presupuesto necesario, ausencia de ense?anza obligatoria, carencia de libros de textos y bibliotecas". Entre otras deficiencias de la Administraci¨®n, los jueces y fiscales aluden a que las comparecencias no se pueden celebrar ni festivos ni fines de semana porque el Gobierno no dispone de un servicio de guardia. "Un menor que delinque un viernes queda retenido hasta el lunes", se?alan.
Adem¨¢s, se destaca que la Direcci¨®n General de Protecci¨®n al Menor y la Familia s¨®lo dispone de 19 profesionales en el servicio de ejecuci¨®n de medidas judiciales. Si a fecha de junio de 2004 hab¨ªa 786 menores cumpliendo medidas judiciales, a cada funcionario correspond¨ªan 40 expedientes. Este hecho explica, seg¨²n el informe, que el equipo haya llegado a tardar m¨¢s de un a?o en contactar con un menor, que sean ¨¦stos los que deban acudir a las citas en los despachos y que no exista intervenci¨®n en el medio familiar y social de los j¨®venes.
Retorno a las familias
Alcaide a?ade que "se env¨ªa a los menores a sus familias sin verificar el beneficio de estas estancias" con la ¨²nica justificaci¨®n de "necesidades del servicio, ajustes de calendarios y horarios laborales" y advierte de los "presupuestos restrictivos, recortes econ¨®micos, desorientaci¨®n en los servicios y la provisionalidad sujeta a cambios pol¨ªticos, no t¨¦cnicos".
El documento del Diputado del Com¨²n alerta de las condiciones de "hacinamiento" en los centros cerrados, donde no hay separaci¨®n por edades, sexos, dificultades de conducta o toxicoman¨ªas. Tambi¨¦n advierte de que se ha procedido a ceder la gesti¨®n a entidades o fundaciones "sin adecuada inspecci¨®n de recursos personales y materiales" y "falta de preparaci¨®n de los educadores".
El Defensor del Pueblo canario afirma que los vigilantes de empresas privadas desempe?an "funciones no sujetas a la normativa que los regula", porque "desempe?an su labor en el interior de los centros, participan en actividades educativas y de ocio". Adem¨¢s, pone en duda la cualificaci¨®n profesional de algunos y revela la ausencia de una normativa concreta en Canarias para esta funci¨®n. Tambi¨¦n detecta la carencia de la figura del cuidador.
En los centros sometidos a medidas judiciales se encuentra un variado abanico de j¨®venes con distintos problemas, desde delincuentes con delitos de sangre a otros con problemas de conducta.
El Diputado del Com¨²n recomend¨® en su informe que, "a la mayor brevedad" se atiendan "las necesidades espec¨ªficas de menores y j¨®venes con problemas de conducta" y se habiliten hogares o centros "espec¨ªficos para el tratamiento de estas alteraciones, que permitan la vigilancia permanente y la contenci¨®n adecuada". Entre sus preocupaciones tambi¨¦n cita "la dificultad de encontrar personal dispuesto a trabajar en estos centros o con el perfil id¨®neo" para un trabajo que reconoce "complejo con niveles de tensi¨®n muy altos".
Correas de contenci¨®n, noches en el suelo
El Gobierno de Canarias ha delegado la gesti¨®n de los seis centros para menores con medidas judiciales primero en una ONG (Cicer¨®n Siglo XXI) y, despu¨¦s, en una entidad p¨²blica (Fundaci¨®n Ideo). S¨®lo el centro de G¨¢ldar est¨¢ gestionado por una empresa p¨²blica municipal.
Los responsables de Cicer¨®n Siglo XXI (con implantaci¨®n en otras comunidades) fueron destituidos el a?o pasado bajo la acusaci¨®n de malos tratos a los internos, cuando el fiscal de menores requis¨® numerosas correas de contenci¨®n psiqui¨¢trica en al menos tres de los centros (Nivaria, La Monta?eta, Valle Tabares). En La Monta?eta se demostraron casos de violaci¨®n. En G¨¢ldar, los chicos, incluidas algunas embarazadas, dorm¨ªan en el suelo, muchos incluso sin colchonetas.
La gesti¨®n pas¨® a la llamada Fundaci¨®n Ideo, cuyo capital social lo aporta el Gobierno canario y cuyos responsables son la titular de Asuntos Sociales, la de Protecci¨®n al Menor y la Familia, y el titular de Juventud. ?stos nombraron a un gerente, quien asumi¨® la responsabilidad pr¨¢ctica de los centros en funciones b¨¢sicas como mantenimiento, normativas, horarios, contrataci¨®n de personal, proyecto educativo o vigilancia -algunos guardas ten¨ªan antecedentes penales y carec¨ªan de homologaci¨®n-.
La creaci¨®n de m¨¢s plazas choca con la oposici¨®n de los alcaldes. Macario Ben¨ªtez, del PSOE, ha anunciado una huelga de hambre del grupo gobernante de El Rosario si se reabre el centro Nivaria, clausurado por orden judicial el pasado domingo.
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