Por una financiaci¨®n justa

Catalu?a vive unos momentos decisivos para determinar el buen gobierno de sus instituciones y el bienestar de sus ciudadanos en los pr¨®ximos a?os. Durante las semanas venideras, las fuerzas pol¨ªticas catalanas deber¨¢n consensuar un nuevo modelo de financiaci¨®n para Catalu?a que ser¨¢, sin duda, uno de los ejes b¨¢sicos del nuevo Estatut. Y ese consenso ya dispone de unas bases muy s¨®lidas en la propuesta presentada por el Gobierno catal¨¢n, una propuesta s¨®lida por sus contenidos y por la amplia representatividad de las sensibilidades pol¨ªticas que la avalan.

El conjunto de las fuerzas parlamentarias tenemos el deber moral de traducir el consenso social existente en Catalu?a acerca de la necesidad de un nuevo modelo de financiaci¨®n en un amplio consenso pol¨ªtico. Transmitir un mensaje unitario desde Catalu?a implica dejar de lado los tacticismos partidistas de corto alcance y actuar en clave de pa¨ªs, siendo plenamente conscientes de que ¨¦sta es una oportunidad ¨²nica para conseguir un trato fiscal justo, y un paso de gigante hacia un Estado federal.

La urgencia y la necesidad de un nuevo modelo de financiaci¨®n es hoy en d¨ªa un clamor mayoritario

La urgencia y la imperiosa necesidad de un nuevo modelo de financiaci¨®n es hoy en d¨ªa un clamor socialmente mayoritario. La insuficiencia de recursos de la Generalitat de Catalu?a es un lastre para el desarrollo de pol¨ªticas sociales potentes y de fomento de la econom¨ªa productiva. El proceso de descentralizaci¨®n auton¨®mica ha dotado de un mayor bloque de competencias a las comunidades aut¨®nomas, pero no se ha acompa?ado de una descentralizaci¨®n fiscal real y ecu¨¢nime entre territorios. El d¨¦ficit fiscal -que en el a?o 2001 era equivalente al 84% del presupuesto de la Generalitat- se ha ido convirtiendo en un d¨¦ficit social y econ¨®mico. Debemos garantizar un Estado de bienestar digno en Catalu?a: prestaciones sanitarias de calidad, escuela p¨²blica de referencia, soporte a las familias y programas de atenci¨®n a las personas que no pueden valerse por s¨ª mismas, etc¨¦tera. Tampoco nos podemos permitir el continuo estrangulamiento de la econom¨ªa a trav¨¦s de una infradotaci¨®n de infraestructuras p¨²blicas -Catalu?a dispone ¨²nicamente del 12% de capital p¨²blico de todo el Estado-, unos niveles de investigaci¨®n y desarrollo (I+D) inferiores a los est¨¢ndares europeos o unos recursos escasos para dar respuesta adecuada a la proyecci¨®n de nuestras empresas en un entorno cada vez m¨¢s globalizado.

Catalu?a ha ido supliendo estas carencias con un sobreesfuerzo de gasto e inversi¨®n privada, pero debemos ser conscientes de que no es sostenible continuar ejerciendo este peaje adicional. Encontramos un claro ejemplo de este proceso sustitutivo en el an¨¢lisis del nivel de gasto en educaci¨®n no universitaria. El gasto p¨²blico por alumno catal¨¢n se situaba en el a?o 2002 el 10% por debajo de la media espa?ola. En cambio, somos l¨ªderes destacados en gasto privado por alumno.

Uno del los principales compromisos del Gobierno catal¨¢n consiste precisamente en realizar un giro social en las pol¨ªticas llevadas a cabo por la Generalitat. Retos irrenunciables asumidos en el Pacto del Tinell y que exigen un gasto extraordinario dif¨ªcilmente abordable si perpetuamos el modelo de financiaci¨®n actual; retos de gran envergadura, por ejemplo desarrollar un plan de choque para reducir las listas de espera en los servicios sanitarios o considerar la oferta p¨²blica de hasta tres a?os como etapa socioeducativa.

En este contexto aparecen movimientos de tipo neolerrouxista, confrontando el debate estatutario al debate social. Un discurso que s¨®lo pueden pronunciar aquellos que no ven (o aquellos a los que no les interesa ver) que son debates indisociables: sin una financiaci¨®n adecuada, la posibilidad de realizar pol¨ªticas sociales de alto calado en Catalu?a es pr¨¢cticamente inexistente.

?Es una manifrestaci¨®n formulada desde el progresismo o desde la espa?olidad m¨¢s rancia? Cuesta creer que los mismos interesados en reavivar los fantasmas del levantamiento respondan a las dificultades y preocupaciones reales de los ciudadanos de L'Hospitalet o de la Terra Alta, por citar dos ejemplos, para conseguir un trabajo estable o una integraci¨®n adecuada de la nueva inmigraci¨®n.

La propuesta de financiaci¨®n del Gobierno pretende romper la arbitrariedad y la opacidad del modelo actual. Un modelo en el cual comunidades aut¨®nomas con un nivel de renta per c¨¢pita superior a la media del Estado se sit¨²an a unos niveles de super¨¢vit fiscal dif¨ªcilmente justificables. Un modelo que ha generado una redistribuci¨®n de recursos p¨²blicos que no ha revertido ni en una disminuci¨®n de los niveles de desigualdad interna ni en un fomento de la econom¨ªa productiva de los territorios menos desarrollados. Un modelo en el cual no se pueden distinguir n¨ªtidamente los recursos destinados a la financiaci¨®n del Estado y las partidas en concepto de cooperaci¨®n interterritorial, transparencia que es la base fundamental de cualquier democracia avanzada con las competencias de gasto descentralizadas. El Gobierno de la Generalitat apuesta, pues, por un modelo federal basado en la transparencia y la equidad, en el cual todos los territorios puedan competir en igualdad de condiciones y con un alto grado de autonom¨ªa fiscal.

Es el momento de transmitir desde Catalu?a un mensaje unitario sin ning¨²n tipo de complejo. Nos sobran razones y tenemos la obligaci¨®n de explicarnos con convencimiento y coraje. Un coraje democr¨¢tico basado en la necesidad de un sistema de financiaci¨®n que tenga unas reglas claras -no basado en el privilegio-, que s¨ª significa el punto y final a una discriminaci¨®n fiscal secular en beneficio de una sociedad m¨¢s justa.

Josep Huguet i Biosca es consejero de Comercio, Turismo y Consumo de la Generalitat de Catalu?a.