Situaci¨®n insostenible

La muerte, en un incendio provocado en su celda, de una adolescente de 16 a?os en uno de los seis centros existentes en Canarias para el internamiento de menores ha sido el detonante de una serie de denuncias sobre la "insostenible situaci¨®n" -en palabras del Diputado del Com¨²n, equivalente al Defensor del Pueblo de otras comunidades- de tales centros, lo que a su vez ha obligado a reaccionar al Gobierno canario.

Ese incendio es uno de los tres provocados en lo que va de a?o con intenci¨®n de quemar vivas a personas, pero adem¨¢s ha habido otra decena de ellos, varias violaciones, cientos de agresiones, palizas, motines. La enumeraci¨®n resultar¨ªa incre¨ªble de no venir avalada por el informe del Diputado del Com¨²n, que reclamaba una intervenci¨®n urgente de la Administraci¨®n auton¨®mica, que asumi¨® hace cuatro a?os la competencia sobre menores. El presidente de Canarias, Ad¨¢n Mart¨ªn, se ha comprometido a hacer lo necesario para acabar con esa situaci¨®n en un plazo no superior a cuatro meses.

Las deficiencias observadas van desde el hacinamiento en centros sin separaci¨®n por edades, sexo y tipolog¨ªa de delitos, hasta la ausencia de estrategias de reinserci¨®n y la improvisaci¨®n en el tratamiento de conductas conflictivas, por falta de preparaci¨®n del personal. Uno de los reproches es la delegaci¨®n de la gesti¨®n de los centros a entidades diversas, una de las cuales fue acusada de malos tratos a los internos. La voz de alarma del Diputado del Com¨²n se a?ade a otras anteriores del Tribunal Superior de Canarias y la fiscal¨ªa sobre aspectos organizativos de la justicia de menores y la insuficiencia de medios materiales y humanos.

Esta insuficiencia fue reiteradamente denunciada por toda clase de instituciones a ra¨ªz de la entrada en vigor, en 2001, de la Ley Penal del Menor, que pretend¨ªa sustituir la mera privaci¨®n de libertad por una serie de medidas espec¨ªficas que favorecieran un tratamiento individualizado de reinserci¨®n. Un a?o despu¨¦s de la aplicaci¨®n de la ley, el personal que trabaja en los centros para menores de Catalu?a advert¨ªa de su incapacidad para aplicar la norma de forma que los menores "salgan de los centros en mejores condiciones de las que entraron". Y todav¨ªa est¨¢ pendiente de elaboraci¨®n el correspondiente reglamento.

Lo de Canarias es, por su car¨¢cter extremo, una llamada de atenci¨®n sobre un problema m¨¢s general. Datos de desbordamiento del personal los hay en muchas otras comunidades. De poco sirven las leyes si no van acompa?adas de medios; y aunque la competencia est¨¦ transferida, el Gobierno central no puede lavarse las manos: debe vigilar la aplicaci¨®n de las normas.