?As¨ª, s¨ª!

Si alguien, ingenuamente, hab¨ªa albergado esperanzas de que la conflictividad territorial en Catalu?a desaparecer¨ªa de manera inmediata con la llegada del Gobierno catalanista y de izquierdas a la Generalitat, no hay duda que se sentir¨¢ defraudado. Las pol¨¦micas sobre el eje de Bracons, las c¨¢rceles de Sant Joan de Vilatorrada y la Segarra o la l¨ªnea el¨¦ctrica Sentmenat-Bescan¨®, por citar s¨®lo algunos ejemplos, constituyen desmentidos rotundos a aquella ilusi¨®n. Desmentidos que adem¨¢s encuentran un eco amplificador en los medios de comunicaci¨®n, por cuanto cuentan con la morbosidad a?adida de suscitar eventuales discrepancias en el seno de la coalici¨®n gobernante.

Ahora bien, aquello que a mi entender resulta interesante no es que los conflictos contin¨²en, cosa perfectamente previsible, sino que se est¨¢n poniendo las bases para que estos tengan unos resultados m¨¢s creativos y equitativos.

En efecto, la proliferaci¨®n de conflictos territoriales en sociedades como la nuestra responde a razones estructurales relacionadas con la competitividad y la identidad de los lugares: la integraci¨®n del territorio supone que cada lugar -cada comarca, cada municipio, cada barrio- tienda a especializarse (o a ser especializado) en funci¨®n del conjunto, y de esta especializaci¨®n, positiva o negativa, depende, en buena medida, la calidad de vida de quienes all¨ª habitan. Es la percepci¨®n de este fen¨®meno lo que lleva la preocupaci¨®n por el territorio, por el lugar en el que cada uno vive, a primer plano de la escena pol¨ªtica.

Sin embargo, en Catalu?a durante las ¨²ltimas d¨¦cadas, otros factores han contribuido a enconar los conflictos territoriales y a dificultar su soluci¨®n. El primero ha sido la ausencia de planificaci¨®n territorial que permitiera explicar c¨®mo la decisi¨®n de localizar tal o cual uso en un determinado lugar se relacionaba con el reparto equitativo de beneficios y cargas sobre el conjunto del territorio. As¨ª, cuando despu¨¦s de una decisi¨®n de localizaci¨®n inc¨®moda, el Gobierno se ha visto confrontado a la pregunta fat¨ªdica "?por qu¨¦ aqu¨ª?", se ha encontrado a menudo en la embarazosa posici¨®n de no disponer de m¨¢s argumento que el de la oportunidad o el coste. Y a la incapacidad de argumentar ha seguido la respuesta l¨®gica: "?pues aqu¨ª, no!".

Ahora bien, en este campo el Gobierno del presidente Maragall est¨¢ dando muestras de querer actuar de forma notablemente distinta: se est¨¢ elaborando un Plan de Infraestructuras de movilidad que integrar¨¢ las previsiones de red viaria y ferroviaria; los equipamientos penitenciarios previstos se inscriben en un plan de conjunto que el Departamento de Justicia present¨® hace un a?o; la decisi¨®n sobre la l¨ªnea de alta tensi¨®n derivar¨¢ del Plan de Energ¨ªa. M¨¢s a¨²n, se han presentado ya primeros los planes territoriales (el del Alto Pirineo y Aran, el del Empord¨¤) que proponen estrategias de conjunto para cada gran ¨¢mbito geogr¨¢fico.

Son ¨¦stas, a mi entender, iniciativas altamente esperanzadoras, porque muestran qu¨¦ medidas tiene previsto tomar el Gobierno a la hora de garantizar una razonable igualdad de oportunidades en el acceso a la renta y a los servicios para todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Y esto permite abordar la discusi¨®n sobre la localizaci¨®n de equipamientos o infraestructuras indeseadas de forma completamente distinta. No es lo mismo proponer la localizaci¨®n de una c¨¢rcel en la Segarra como una decisi¨®n aislada que explicar c¨®mo esta ubicaci¨®n se inserta en un nuevo mapa de los servicios penitenciarios y llega al mismo tiempo que se est¨¢ planteando un ferrocarril transversal que fortalecer¨¢ extraordinariamente la accesibilidad de Cervera, garantizando el acceso directo de la comarca con Barcelona por Igualada. Y la diferencia no procede del hecho de que una actuaci¨®n pueda ser vista como la compensaci¨®n de la otra (cuesti¨®n siempre delicada), sino de que un gobierno que trata de establecer un reparto equitativo de los beneficios tiene una mayor legitimidad para recabar co-responsabilidad a la hora de asumir las cargas. Otro factor que ha contribuido en los ¨²ltimos tiempos a la extensi¨®n y a la virulencia de los conflictos territoriales ha sido la desconfianza creciente hacia las instituciones y los partidos pol¨ªticos. La predisposici¨®n del Gobierno al di¨¢logo y a la proximidad con las voces que se alzan desde cada territorio puede ser un buen ant¨ªdoto contra esta desconfianza. Predisposici¨®n que se muestra, por citar s¨®lo algunos ejemplos dispares, en el hecho de que los planes territoriales en elaboraci¨®n se sometan a un proceso de debate y consulta p¨²blica de cuatro meses antes de su aprobaci¨®n inicial, en la transferencia de mayores competencias urban¨ªsticas a los ayuntamientos o en la voluntad de establecer las vegueries como entidades locales con capacidad de representaci¨®n y gesti¨®n de los intereses territoriales.

Al mismo tiempo, esta voluntad de di¨¢logo puede favorecer y acompa?ar el proceso de maduraci¨®n de los movimientos sociales y ciudadanos. En efecto, si la mayor parte de ellos han nacido de un impulso defensivo y reactivo ante lo que se ha considerado una agresi¨®n exterior, vemos como en muchos casos van tomando un car¨¢cter m¨¢s proactivo y propositivo. As¨ª, cada vez m¨¢s a menudo, los movimientos van pasando de los, a veces leg¨ªtimos pero siempre limitados "salvemos" y "defendamos" a los mucho m¨¢s interesantes "queremos" y "proponemos".

De consolidarse estas tendencias de cambio -todav¨ªa incipientes, reconozc¨¢moslo- en la Administraci¨®n y en los movimientos ciudadanos, la conflictividad territorial mejorar¨¢. Y lo har¨¢ no porque los conflictos, que son expresi¨®n de la leg¨ªtima diversidad de intereses, desaparezcan, sino porque encontrar¨¢n un marco m¨¢s creativo para su resoluci¨®n. Tal vez as¨ª, a la hora de tomar decisiones complejas sobre la ubicaci¨®n de infraestructuras y equipamientos que colectivamente consideremos necesarios podamos ir pasando del "?aqu¨ª, no!" al "?as¨ª, s¨ª!".

Oriol Nel.lo es secretario de Planificaci¨®n Territorial de la Generalitat de Catalu?a.