Reparaci¨®n debida

Trece a?os despu¨¦s del espantoso crimen de las ni?as de Alc¨¤sser (Valencia), la Audiencia Nacional ha condenado al Estado a pagar una indemnizaci¨®n de 600.000 euros a las familias de cada una de las tres v¨ªctimas. Es una justa y obligada reparaci¨®n: el principal autor del crimen, huido de la justicia y no hallado hasta el momento, fue un recluso, Antonio Angl¨¦s, que se dio a la fuga mientras disfrutaba de un permiso penitenciario de siete d¨ªas. El tribunal endosa a la Administraci¨®n la responsabilidad patrimonial por el da?o producido "al derivar de un riesgo creado" por el propio sistema penitenciario y que, en este caso, era f¨¢cilmente predecible por el historial delictivo del recluso, tal como se confirm¨® tr¨¢gicamente.

Las reclamaciones por da?os y perjuicios de los ciudadanos al Estado se enfrentan a un procedimiento m¨¢s lento de lo habitual. Pero en esta ocasi¨®n, habr¨ªa sido deseable una mayor rapidez de la justicia. No s¨®lo por la singularidad del suceso y el impacto social y medi¨¢tico que produjo, sino por la cuesti¨®n subyacente al mismo: los permisos carcelarios. El de Angl¨¦s, vinculado al triple asesinato de Alc¨¤sser, fue el catalizador de la alarma social suscitada por los hechos delictivos cometidos por presos con permiso y el primero que origin¨® una serie de reformas legislativas y pr¨¢cticas en la pol¨ªtica penitenciaria sobre la materia.

De haberse producido en fecha m¨¢s cercana a los hechos, el pronunciamiento judicial sobre la responsabilidad patrimonial del Estado habr¨ªa contribuido a las reformas emprendidas entonces para reducir al m¨¢ximo los riesgos de los permisos carcelarios. Tambi¨¦n a acortar la dilatada espera de las familias a la indemnizaci¨®n debida. En todo caso, el pronunciamiento de la Audiencia Nacional pone de relieve retrospectivamente el acierto de aquellas reformas: si la Administraci¨®n penitenciaria y, por tanto, el Estado asumen la responsabilidad patrimonial por los riesgos corridos por los ciudadanos, al margen de que est¨¦n o no bien fundados los permisos carcelarios, es l¨®gico que adopten las m¨¢ximas cautelas para su concesi¨®n.