La Fundaci¨®n Alternativas sostiene que financiar religiones es inconstitucional
Reclama reformas y un estatuto de laicidad
"El marco de relaciones entre el Estado y la Iglesia cat¨®lica es manifiestamente mejorable y en algunos casos profundamente inaceptable", dijo ayer el director del Laboratorio de Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray. El ex ministro socialista presidi¨® la presentaci¨®n de un proyecto de estatuto de laicidad redactado por expertos de la Fundaci¨®n Alternativas, donde se sostiene que el sistema vigente de financiaci¨®n de la Iglesia cat¨®lica es inconstitucional y no se justifica con el argumento de que la mayor¨ªa profese esa confesi¨®n.
"El acuerdo sobre asuntos econ¨®micos, de 1979, estableci¨® un r¨¦gimen temporal de financiaci¨®n estatal de la Iglesia cat¨®lica que, adem¨¢s de haber sido incumplido por ambas partes, resulta de dif¨ªcil encaje en la definici¨®n de un Estado laico o aconfesional, ya que la financiaci¨®n de las confesiones religiosas no puede entenderse como contenido del derecho de libertad religiosa, am¨¦n de que su mantenimiento ¨²nicamente en favor de la Iglesia cat¨®lica supone una violaci¨®n del principio de igualdad consagrado por la Constituci¨®n", sostiene el detallado informe presentado ayer por la Fundaci¨®n Alternativas con el t¨ªtulo Estatuto de laicidad y acuerdos con la Santa Sede: dos cuestiones a debate. Sus autores son Jos¨¦ Mar¨ªa Contreras Mazar¨ªo y Oscar Celador Ang¨®n, profesores de Derecho Eclesi¨¢stico del Estado en las universidades Pablo de Olavide (Sevilla) y Carlos III (Madrid), respectivamente.
Frente a una situaci¨®n "insostenible" -en la que el Estado paga salarios a sacerdotes y a profesores de religi¨®n seleccionados para cada curso escolar por los obispos-, hay dos opciones, seg¨²n estos expertos. "La primera es la de continuar con la financiaci¨®n estatal de la Iglesia cat¨®lica, en cuyo caso deber¨ªa extenderse a otros grupos religiosos; y la segunda es la sustituci¨®n del sistema de asignaci¨®n tributaria por un generoso r¨¦gimen de deducciones fiscales para las donaciones que los particulares realicen a la Iglesia cat¨®lica. Hablamos de una medida transitoria, o bien de una medida fiscal que debe ser aplicable tanto a los dem¨¢s grupos religiosos (con independencia de que tengan acuerdos con el Estado), como a los dem¨¢s grupos ideol¨®gicos, para evitar lesionar, de nuevo, los principios de laicidad y no discriminaci¨®n".
En la actualidad, el Estado paga los salarios del clero cat¨®lico mediante una transferencia mensual de fondos desde el Ministerio de Hacienda a la Conferencia Episcopal (141.469.680 euros en 2005), adem¨¢s de dispensar a esa confesi¨®n de un trato fiscal privilegiado, con exenciones del IVA y de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, entre otros, y de pagar los salarios de sus docentes de catolicismo, unos 18.000. "Son cantidades que podr¨ªan marear al lector y algunas de ellas tienen dificultades de encaje con la legislaci¨®n europea", declar¨® el 29 de mayo pasado el ministro de Justicia, Juan Fernando L¨®pez Aguilar, del que depende la gesti¨®n de los asuntos religiosos. Frente a esas cifras, el Estado ha presupuestado este a?o tres millones de euros para financiar algunas actividades de las confesiones protestante, jud¨ªa y musulmana, mediante la creaci¨®n de una fundaci¨®n p¨²blica controlada por el propio ministerio.
El principio de igualdad
Los expertos de la Fundaci¨®n Alternativas subrayaron ayer la impresi¨®n del ministro de Justicia, pero avanzaron m¨¢s en sus conclusiones al sostener que "el principio de laicidad impide que el Estado financie econ¨®micamente la actividad de culto de las confesiones religiosas". El que se financie a la Iglesia cat¨®lica supone, adem¨¢s, una violaci¨®n del principio de igualdad porque al subvencionar a esa iglesia y no a otras "el Estado entiende que una creencia es mejor que otra y se erige en sujeto activo", advierte Jos¨¦ Mar¨ªa Contreras.
Por su parte, Oscar Celador se?al¨® que la Ley Org¨¢nica de Libertad Religiosa, de 1980, "no incluye el derecho de ning¨²n grupo religioso a ser financiado por el Estado". "Es necesario un r¨¦gimen fiscal ¨²nico para todos los grupos religiosos, al contrario de lo que sucede actualmente. El r¨¦gimen fiscal no puede basarse en pactos y acuerdos con el Estado", a?adi¨®.
El estatuto de laicidad presentado ayer tambi¨¦n alude a la ense?anza de la religi¨®n y moral cat¨®licas en la escuela espa?ola y el conflictivo estatuto jur¨ªdico de sus docentes. "La ense?anza de la religi¨®n de manera confesional debe situarse en el ¨¢mbito de lo privado y personal, o todo lo m¨¢s como una disciplina complementaria con libertad de acceso de la propia confesi¨®n", se?ala. En consecuencia, los profesores seleccionados por los obispos deber¨¢n tener una relaci¨®n contractual con cada di¨®cesis, y no con la Administraci¨®n del Estado, como ocurre ahora.
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