EE UU prorroga la Ley Patri¨®tica, la legislaci¨®n especial de lucha antiterrorista
Catorce de los 16 apartados de la ley pasan a ser permanentes, a falta del debate en el Senado
Horas despu¨¦s de los nuevos atentados de Londres, la C¨¢mara de Representantes de Estados Unidos aprob¨® la renovaci¨®n de la Ley Patri¨®tica, legislaci¨®n especial antiterrorista que se elabor¨® y entr¨® en vigor en octubre de 2001, despu¨¦s del 11-S, y cuyas principales provisiones expiran a finales de a?o. Catorce de los 16 apartados pasaron a ser permanentes, y los otros dos -los m¨¢s pol¨¦micos- fueron prorrogados por 10 a?os. Pero la versi¨®n definitiva deber¨¢ ajustarse al debate pendiente en el Senado, que tendr¨¢ lugar el pr¨®ximo oto?o.
La votaci¨®n, tras una larga y a veces bronca sesi¨®n, fue 257 a favor contra 171; 14 republicanos rompieron filas y se opusieron a las condiciones de la pr¨®rroga, pero 43 dem¨®cratas -algunos de peso- se unieron a la mayor¨ªa en la renovaci¨®n de la ley, saludada por George W. Bush como "clave en los esfuerzos para luchar contra el terrorismo y proteger a los norteamericanos".
La alarma de Londres pes¨® en las nueve horas de debate: "Aprendimos despu¨¦s del 11-S la importancia de que las autoridades sean m¨¢s activas y agresivas para descubrir tramas terroristas, y los recientes atentados de Londres nos demuestran que hay a¨²n peligrosas redes terroristas", dijo el republicano Dennis Hastert, presidente de la C¨¢mara.
La ley se aprob¨® hace casi cuatro a?os como un refuerzo de los poderes de la polic¨ªa en la investigaci¨®n y vigilancia de supuestos terroristas y para mejorar la coordinaci¨®n de las distintas agencias y aparatos de seguridad. Sus dos apartados m¨¢s controvertidos son la secci¨®n 206 y la 215. La primera permite que la polic¨ªa pueda obtener permisos judiciales para intervenir conversaciones telef¨®nicas o mensajes de correo electr¨®nico. La segunda autoriza el acceso a datos privados, como historiales m¨¦dicos, transacciones financieras o informaci¨®n sobre pr¨¦stamos de libros en bibliotecas p¨²blicas.
Un n¨²mero notable de congresistas y de grupos de defensa de los derechos civiles temen los abusos de las medidas extraordinarias: "La historia demuestra que recortar las libertades en tiempos dif¨ªciles nos har¨¢ lamentarlo como una traici¨®n a nuestros valores fundamentales", seg¨²n Lisa Graves, de la Uni¨®n Americana de Libertades Democr¨¢ticas.
Los defensores sostienen que esos poderes ya existen en las investigaciones de delitos comunes, y que en la Ley Patri¨®tica se exige que un juez apruebe las peticiones policiales. En la C¨¢mara se aprob¨® adem¨¢s una enmienda (402 contra 26 votos) que requiere que el director del FBI, personalmente, apruebe cualquier petici¨®n de acceso a historiales de pr¨¦stamos de libros.
El debate se centr¨® en los dos apartados mencionados y en la necesidad o no de que la ley tenga car¨¢cter permanente. A punto estuvo de haber sorpresa cuando una enmienda que propon¨ªa la pr¨®rroga por cuatro a?os logr¨® el respaldo de la mitad de la C¨¢mara. El ultraconservador Dana Rohrabacher se apunt¨® con entusiasmo; ¨¦l vot¨® a favor de la ley tras el 11-S, pero no para toda la vida: "No se nos puede pedir que, en tiempos de paz, vivamos bajo leyes extraordinarias que se aprobaron en tiempos de crisis. Los poderes de emergencia para las investigaciones no deber¨ªan convertirse en norma cuando las crisis pasan", dijo Rohrabacher. La enmienda alcanz¨® un emocionante empate a 205, pero la movilizaci¨®n republicana en el tiempo extra hizo que fuera derrotada (218-209).
En opini¨®n del defensor del proyecto, James Sensenbrenner, puesto que no hay pruebas de que la ley se haya utilizado mal, no tienen sentido las cl¨¢usulas de provisionalidad; los legisladores est¨¢n para evitar que haya abusos, dijo. Pero su criterio fue muy discutido: "La revisi¨®n peri¨®dica de esta ley es algo bueno; fue un esfuerzo para dar respuesta a retos dif¨ªciles de una democracia, pero ?cu¨¢nta libertad estamos dispuestos a sacrificar para sentirnos seguros?", se pregunt¨® el dem¨®crata Martin Meehan.
La batalla definitiva se producir¨¢ en oto?o. Horas antes del voto en la C¨¢mara, el Comit¨¦ Judicial del Senado aprob¨® su propio proyecto, en el que se contempla una pr¨®rroga de s¨®lo cuatro a?os para las secciones 206 y 215 y se modifica la actual ley con m¨¢s controles sobre Justicia y nuevas restricciones de los poderes especiales de investigaci¨®n. Pero en otra versi¨®n de la ley aprobada hace un mes por el Comit¨¦ de Inteligencia del Senado se permite al FBI que pueda pedir historiales de investigaciones terroristas previas sin permiso del juez, y se le permite tambi¨¦n controlar a su criterio el acceso al correo de los sospechosos. Por tanto, falta un debate completo en el Senado sobre la ley y ser¨¢ necesario luego conciliar los dos proyectos antes de que Bush firme el texto.
Las "herramientas adecuadas"
Patriot, el nombre de la ley aprobada el 24 de octubre de 2001, seis semanas despu¨¦s de los atentados de Nueva York y Washington, recoge las siglas en ingl¨¦s de su largo t¨ªtulo, cuya traducci¨®n es "Proporcionar las Herramientas Adecuadas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo". De manera similar a lo que ocurre con la Constituci¨®n europea, son pocos los estadounidenses que se han le¨ªdo los m¨¢s de 300 folios de la ley. Parte de la poblaci¨®n cree a la Casa Blanca y a Justicia cuando dicen que se trata de ajustes normales y medidas necesarias en la coordinaci¨®n de la lucha contra la amenaza terrorista; otro amplio sector es recepctivo a las denuncias de que la Ley Patri¨®tica es una amenaza permanente a las libertades b¨¢sicas. En ambos argumentos hay verdad: amplias partes de la ley son l¨®gicas e inofensivas, pero otras son peligrosas, por el poder que trasladan a manos de la polic¨ªa.
La ley, que tiene como objetivo "prevenir y castigar acciones terroristas en EE UU y en el mundo y refozar las herramientas policiales", actualiza lo aprobado 27 a?os antes en materia de interceptaci¨®n de comunicaciones electr¨®nicas y se divide en cuatro partes. En s¨ªntesis, da mayor poder a las fuerzas del orden para interceptar comunicaciones; crea nuevos delitos, nuevas penas y nuevos procedimientos en la lucha contra el terrorismo nacional e internacional; permite un mayor control de las fronteras y facilita los procedimientos de detenci¨®n y expulsi¨®n de sospechosos de actividades terroristas; refuerza la capacidad del Tesoro para investigar movimientos de dinero.
En la primera parte aparecen las pol¨¦micas secciones 206 y 215. La 206 recoge la antigua posibilidad de intervenir comunicaciones telef¨®nicas, la ampl¨ªa a Internet y otros sistemas y simplifica el procedimiento, al no exigir permiso para cada operaci¨®n, sino para cada persona o investigaci¨®n, con lo que las posibilidades son casi infinitas. Con la 215, mediante un permiso judicial -para el que no hay que argumentar causa probable, sino pura sospecha-, se puede tener acceso a "cualquier elemento tangible", incluidos historiales financieros o m¨¦dicos, a los datos telef¨®nicos o de alquiler de libros o de v¨ªdeos y a los viajes realizados.
?Qu¨¦ se ha logrado con la ley? Hay datos que no coinciden, pero, seg¨²n Justicia, hubo hasta 2004 unas 370 personas acusadas en investigaciones sobre terrorismo, de las que 195 fueron declaradas culpables.
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