El Estatuto catal¨¢n entra en su recta final

El proyecto de reforma del Estatuto catal¨¢n llega esta semana a la comisi¨®n del Parlamento catal¨¢n tras 18 meses de negociaciones de todos los partidos. Y llega al final con notables particularidades. Una de ellas es que CiU ha anunciado ya que mantendr¨¢ viva su propuesta de financiaci¨®n aunque no sea la que conste en el texto que se remitir¨¢ a las Cortes. El tripartito catal¨¢n espera que CiU pueda dar al final del proceso en Catalu?a su apoyo al proyecto absteni¨¦ndose en los art¨ªculos referidos a la financiaci¨®n de la Generalitat. Algunos dirigentes de CiU as¨ª lo han dejado entrever. Los nacionalistas se ha quedado solos propugnando un modelo como el concierto vasco, que el tripartito y el PP rechazan de plano. Pero quieren que quede claro que no renuncian a ¨¦l.

Las discrepancias en torno a la financiaci¨®n proseguir¨¢n hasta el pr¨®ximo septiembre

Otra de las particularidades es que, a estas alturas, el PP se halla pr¨¢cticamente apeado del proceso, tras presentar una enmienda a la totalidad al proyecto. Esta situaci¨®n es lo que el presidente del PP catal¨¢n, Josep Piqu¨¦, ha intentado evitar durante el a?o y medio de redacci¨®n de la reforma. En realidad, el esfuerzo de todos para sumar al PP al consenso es una de las causas de la dilaci¨®n.

Para el ex ministro de Asuntos Exteriores, esta situaci¨®n significa arruinar la estrategia con la que pretend¨ªa colocar al PP en el centro del espacio pol¨ªtico catal¨¢n. Los dem¨¢s partidos han interpretado la enmienda a la totalidad como un diktat impuesto por la direcci¨®n nacional del PP, contra la voluntad de Piqu¨¦. Qui¨¦n sabe si como vendetta por su atrevimiento al poner en cuesti¨®n la idoneidad de ?ngel Acebes y Eduardo Zaplana como imagen del partido.

La previsi¨®n es que el PP quede de nuevo arrinconado en el escenario catal¨¢n con sus 15 diputados frente a los 120 de los otros partidos, que conformar¨ªan el "amplio consenso" requerido por el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. O, dicho de otra forma, con su 11% electoral frente al 89% de los votos en las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas.

En los 18 meses de negociaciones, CiU, que en sus 23 a?os al frente de la Generalitat no mostr¨® inter¨¦s alguno en reformar el Estatuto de 1979, ha mantenido un ambiguo papel en la ponencia redactora. La coalici¨®n fundada por Jordi Pujol ha querido acentuar, a trav¨¦s de sus propuestas, su perfil m¨¢s nacionalista con el objetivo de disputar a Esquerra Republicana (ERC) un sector de su electorado, que no ha digerido bien la entrada de los republicanos en el Gobierno liderado por el socialista Pasqual Maragall.

Esta competici¨®n de CiU y ERC para apropiarse de la bandera del nacionalismo llev¨® a la ponencia a redactar un primer borrador con no pocas inconstitucionalidades, que amenazaban con hacer naufragar el proceso. Esto ha provocado otra de las particularidades: las mayor¨ªas de "geometr¨ªa variable". La mayor¨ªa de dos tercios (90 diputados) se requiere ¨²nicamente para la votaci¨®n de totalidad en la que ha de culminar el proceso en el Parlamento catal¨¢n. Pero tanto en ponencia como en comisi¨®n, la aprobaci¨®n del texto, art¨ªculo por art¨ªculo, se produce por simple mayor¨ªa.

Esto ha dado lugar a que parte del proyecto se haya elaborado en base a la mayor¨ªa de izquierdas, pero otra parte haya sido redactada con la mayor¨ªa nacionalista formada por CiU y ERC. Los socialistas llevan mal las infidelidades de los republicanos, a los que atribuyen, adem¨¢s, la culpa de que se haya rebasado el marco constitucional en numerosos puntos y que el recurso a los traspasos por la v¨ªa del art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n se haya convertido a su juicio en una verdadera carta a los Reyes Magos. Aunque, en realidad, no vaya dirigida a los magos, sino al Gobierno del PSOE.

En los ¨²ltimos tres meses, el Ejecutivo del PSOE ha enviado m¨²ltiples advertencias a los partidos catalanes con el objetivo de marcar las "l¨ªneas rojas" del proceso. Los esfuerzos del PSOE se han centrado en intentar que el Estatuto llegue a las Cortes sin el sistema de financiaci¨®n que defiende el tripartito catal¨¢n y que prev¨¦ crear una agencia tributaria propia para Catalu?a que recaude todos los impuestos y ceda al Estado hasta un 50% de la recaudaci¨®n total. Ante la lluvia de declaraciones de pesos pesados del Gobierno, como el vicepresidente econ¨®mico, Pedro Solbes, o el ministro de Administraciones P¨²blicas Jordi Sevilla, el Ejecutivo catal¨¢n acab¨® por denunciar las "interferencias" que sufr¨ªa el debate estatutario en Catalu?a. Zapatero opt¨® por pedir "silencio" a sus ministros.

Presiones aparte, el primer ba?o de realidad lo dio el pasado junio el Instituto de Estudios Auton¨®micos, el organismo de la Generalitat que ha aportado los borradores para la reforma. Los letrados alertaron de la presencia de hasta 27 puntos de posible inconstitucionalidad s¨®lo en el cap¨ªtulo de competencias. Desde entonces, todos los grupos, incluido el de ERC, se han volcado en un proceso de negociaci¨®n destinado a limar las inconstitucionalidades que, sin embargo, todav¨ªa no ha culminado, como lo demuestra el empe?o de CiU por mantener su enmienda de concierto econ¨®mico.

Las enmiendas del PSC e ICV se han centrado en este aspecto y desde el pasado viernes los ponentes de los cinco grupos parlamentarios han vuelto a repasar uno por uno los puntos de mayor discrepancia. A puerta cerrada, lejos de los taqu¨ªgrafos y con unas encuestas que denotan un creciente desinter¨¦s de los ciudadanos por un debate que dura ya 18 meses, cada partido trata de incorporar tantas de sus enmiendas como le permitan los otros negociadores.

Ciertos escollos, como el de la financiaci¨®n, se arrastrar¨¢n hasta el debate en pleno, previsto para septiembre. Los partidos, sin embargo, ya piensan en la pr¨®xima gran negociaci¨®n, la que se llevar¨¢ a cabo en las Cortes, si finalmente el Estatuto es aprobado en Catalu?a. Los partidos catalanes se jugar¨¢n all¨ª el trabajo de media legislatura. El presidente Zapatero tampoco estar¨¢ libre de presiones ante un PP volcado en denunciar el supuesto desmantelamiento de Espa?a.