Ana Iracheta fuerza al Superior a resolver la "disidencia" en su Sala
El enfrentamiento entre las tres jueces de la Audiencia vizca¨ªna se agrava
La crisis en la secci¨®n de la presidenta de la Audiencia de Vizcaya, Ana Iracheta, ha tenido una nueva vuelta de tuerca. El pasado viernes 22, Iracheta elev¨® a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia vasco una "cuesti¨®n de disidencia", algo in¨¦dito en la vida judicial vasca, seg¨²n fuentes de la Sala de Gobierno del alto tribunal vasco. Con este movimiento, la presidenta pretende forzar a la Sala de Gobierno a intervenir con una decisi¨®n gubernativa para distribuir a las supuestas magistradas "disidentes" en otras secciones de la Audiencia. La Sala de Gobierno del alto tribunal le ha requerido a Ana Iracheta para que concrete la disidencia y qui¨¦nes son las magistradas disidentes.
La comisi¨®n permanente de la Sala de Gobierno estudi¨® el pasado viernes el escrito presentado ese mismo d¨ªa por la presidenta de la Audiencia vizca¨ªna ante el m¨¢ximo ¨®rgano de gobierno de los jueces vascos. La reuni¨®n, en la que tambi¨¦n se eligi¨® la terna de jueces que deber¨¢ juzgar a los tres imputados en el caso Atutxa, se prolong¨® durante varias horas en un clima de sorpresa ante el inesperado paso dado por la presidenta.
La Sala ha pedido a Iracheta que concrete la disidencia e identifique qui¨¦nes son las o los magistrados supuestamente disidentes. Fuentes de la Sala consideran que Iracheta ha utilizado un "camino complicado y tortuoso" para solventar la crisis y el "problema de autoridad" en su secci¨®n. Y hay quien interpreta este movimiento como un "SOS al Consejo del Poder Judicial".
Diversas fuentes confirman la profunda soledad en la que se encuentra Iracheta en estos momentos. "Est¨¢ a la defensiva", a?aden. No es la primera vez que la presidenta eleva la crisis que arrastra su secci¨®n a la Sala de Gobierno del alto tribunal vasco. En marzo pasado, Iracheta pretendi¨® disolver su secci¨®n, compuesta por las magistradas Nekane San Miguel y Ruth Alonso. Para entonces, Edorta J. Herrera, el tercer miembro de la secci¨®n primera, hab¨ªa cesado en su puesto y ten¨ªa previsto incorporarse al Juzgado de lo Mercantil de Vitoria. En la actualidad, se ha incorporado un juez sustituto a la citada secci¨®n.
La propuesta de Iracheta era enviar a Alonso a la Secci¨®n Segunda para que se encargara de los recursos relacionados con el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Alonso fue la anterior titular de dicho juzgado. Y, adem¨¢s, colocar a San Miguel en la Secci¨®n Sexta para resolver los recursos de violencia de g¨¦nero.
Tanto Iracheta como San Miguel han mantenido este a?o un enfrentamiento silencioso hasta que la primera denunci¨® a la segunda en julio de 2004 ante la Comisi¨®n Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Los otros tres jueces de la secci¨®n elevaron el 7 de octubre pasado un escrito muy cr¨ªtico con la actuaci¨®n en sala de la presidenta Iracheta.
Expediente disciplinarios
El Servicio de Inspecci¨®n del Consejo constat¨® el desbarajuste en la secci¨®n y realiz¨® una propuesta de incoar sendos expedientes disciplinarios que finalmente fueron reconvertidos en diligencias informativas. La Comisi¨®n Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial archiv¨® al final las diligencias en abril pasado para "darles una oportunidad" a ambos sectores enfrentados. Pero Iracheta ha decidido no enterrar el hacha de guerra y ha pasado la patata caliente a la Sala de Gobierno. Ya lo hab¨ªa intentado antes.
Pero la Permanente primero y el pleno de la Sala de Gobierno despu¨¦s impidieron el plan dise?ado por la presidenta para acabar con la presencia de Alonso y San Miguel en su secci¨®n. Con todo, la Sala le dio una salida a Iracheta: en su resoluci¨®n, explicaba que el rechazo estaba motivado por el hecho de que los argumentos dados por la presidenta eran espec¨ªficos para el problema de la crisis y le indicaban que lo que ten¨ªa que presentar era una especie de cat¨¢logo de criterios de aplicaci¨®n general y no ad hoc.
Lejos de recorrer ese camino, Iracheta ha decidido utilizar una v¨ªa in¨¦dita en la vida judicial vasca: la cuesti¨®n de disidencia. El objeto de este movimiento es forzar a la Sala de Gobierno a intervenir, toda vez que no le ha permitido utilizar las amplias capacidades que la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial otorga a los presidentes de audiencias para ordenar las secciones de las mismas. Precisamente ese fue el argumento de los otros dos presidentes de audiencias vascas, Mar¨ªa Victoria Cinto e ??igo Madaria, para no sumarse al rechazo de la Sala de Gobierno a la propuesta de su colega Iracheta.
El viernes, presumiblemente en un intento de ganar tiempo, la Sala de Gobierno opt¨® por pedir a la presidenta de la audiencia vizca¨ªna que se?ale a los magistrados supuestamente disidentes y explique la disidencia.
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