El fiscal pide que se procese a Yag¨¹e por desobedecer a los jueces

El fiscal de Medio Ambiente de M¨¢laga, Juan Carlos L¨®pez Caballero, ha encontrado indicios de que la alcaldesa de Marbella, Marisol Yag¨¹e, ha podido cometer un presunto delito de desobediencia por no dar cumplimiento a ¨®rdenes de paralizaci¨®n de obras dictadas por los tribunales de justicia, motivo por el que ha pedido al juzgado decano de la ciudad que se incoen las oportunas diligencias previas.

La Fiscal¨ªa abri¨® diligencias de investigaci¨®n penal en noviembre pasado, tras recibir siete denuncias de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas sobre la continuidad de otras tantas obras que los tribunales hab¨ªan mandado suspender por incumplir el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) vigente en Marbella sin que el Ayuntamiento hubiera tomado ninguna medida para paralizarlas pese a los requerimientos recibidos al respecto de ¨®rganos administrativos y judiciales.

Del examen del caso, el fiscal ha estimado que "los hechos podr¨ªan ser constitutivos de un delito de desobediencia del art¨ªculo 556 del C¨®digo Penal", por lo que ha instado al juzgado decano de Marbella a la apertura de diligencias previas "en averiguaci¨®n de los hechos y personas responsables de los mismos".

En concreto, la decisi¨®n del fiscal se refiere a las obras de construcci¨®n de tres viviendas en Camino de los Molinos. El Ayuntamiento concedi¨® la licencia en enero de 2003, cuando a¨²n era alcalde Juli¨¢n Mu?oz, pero la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas la impugn¨® porque contraven¨ªa el ordenamiento urban¨ªstico vigente. Las viviendas se construyen sobre suelo urbanizable, pero no se hab¨ªa elaborado el preceptivo plan parcial para el desarrollo del sector, por lo que no exist¨ªa proyecto de compensaci¨®n ni de urbanizaci¨®n sin los que pod¨ªa permitirse edificar.

Apercibimiento

El 31 de marzo de 2004, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n¨²mero 2 de M¨¢laga dict¨® un auto en el que decret¨® la suspensi¨®n de las obras. Siete d¨ªas despu¨¦s, la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas dio traslado de la resoluci¨®n al Ayuntamiento y conmin¨® a Yag¨¹e que arbitrara "las medidas necesarias, dando las oportunas ¨®rdenes a la Polic¨ªa Local para garantizar el cumplimiento de la resoluci¨®n judicial".

Cinco meses m¨¢s tarde, en septiembre de 2004, la inspecci¨®n urban¨ªstica de la Junta comprob¨® que las obras continuaban con normalidad, por lo que de nuevo la consejer¨ªa conmin¨® a Yag¨¹e a que diera efectividad a la orden judicial de suspenderlas.

El 21 de octubre de 2004, el mismo juzgado dict¨® una providencia en la que requer¨ªa al Ayuntamiento y a la promotora de las tres viviendas a la "inmediata y efectiva paralizaci¨®n de las obras" y apercib¨ªa a ambos de que si no lo hac¨ªan incurrir¨ªan "en responsabilidades penales por desobediencia a la autoridad judicial".

Finalmente, a mediados de noviembre, la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas remiti¨® el caso al fiscal junto con otros seis similares. En al menos dos de ellos, los juzgados que ordenaron la paralizaci¨®n de las obras dictaron tambi¨¦n sendas providencias de apercibimiento al Ayuntamiento y las constructoras sobre la comisi¨®n de un presunto delito de desobediencia. Estos dos casos afectaban a 420 viviendas promovidas por Apex 2000 y Stael Inversiones.

El pasado 16 de junio, Ecologistas en Acci¨®n puso una denuncia judicial contra Yag¨¹e por incumplir ¨®rdenes judiciales de paralizaci¨®n de obras y contra el jefe de la Polic¨ªa Local, Rafael del Pozo, por "denegaci¨®n de auxilio" al no asignar suficientes efectivos para que se cumplan los precintos de las construcciones ilegales ni inspeccionar los incumplimientos.

La Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas ha reiterado en numerosas ocasiones a Yag¨¹e a que haga efectivas las competencias que los ayuntamientos tienen sobre disciplina urban¨ªstica, y de hecho ¨¦sta fue una de las condiciones que impuso para suscribir el convenio de colaboraci¨®n sobre la revisi¨®n del PGOU.