Investigaci¨®n obligada
Un paisano que el pasado d¨ªa 24 entr¨® en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, Almer¨ªa, solicitando amparo tras una discusi¨®n con otras personas en relaci¨®n con un problema de tr¨¢fico, sali¨® muerto del lugar pocas horas despu¨¦s. La autopsia indica con t¨¦rminos m¨¦dicos los signos indicativos de las posibles causas del fallecimiento. El abogado de la familia del hombre muerto lo ha sintetizado as¨ª: "Muri¨® a consecuencia de la paliza que le dieron en el cuartel cuando estaba atado de pies y manos". Puede haber detalles y circunstancias que maticen ese diagn¨®stico, pero lo esencial es que un hombre que entr¨® vivo sali¨® muerto de unas dependencias policiales.
El Estado es por definici¨®n responsable de la seguridad de cualquier ciudadano que permanezca en una comisar¨ªa o cuartelillo. Con m¨¢s motivo si, como afirman los guardias civiles, en el momento de su fallecimiento el hombre se encontraba detenido, es decir bajo custodia de los agentes. Es de caj¨®n, por ello, que el ministro del Interior comparezca ante la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso, como solicitaron ayer los grupos de IU y PP. Mejor, para evitar debates colaterales, el ministro que su secretario de Estado, Antonio Camacho -que adelant¨® su disposici¨®n a hacerlo voluntariamente-, porque el asunto es objetivamente grave, con independencia de que pueda haber circunstancias que ayuden a entender lo que a simple vista parece inexplicable.
Existe cierta confusi¨®n sobre los hechos mismos, pero la autopsia (pendiente todav¨ªa de los an¨¢lisis toxicol¨®gicos) descarta la versi¨®n primera, que se limitaba a constatar que el fallecimiento se debi¨® "al parecer, a un infarto de miocardio" consecuencia de una "crisis nerviosa". Entre tal crisis, si se confirma, y el postrer infarto hubo, seg¨²n el forense, golpes en casi todo el cuerpo y, sobre todo, una "inmovilizaci¨®n del sujeto con manos y pies fuertemente asidos y traccionados, presionando la espalda contra el suelo y apoy¨¢ndose encima" que pudo ser la causa de la muerte por asfixia. Es evidente que la menci¨®n a la utilizaci¨®n, contraria al reglamento, de una porra el¨¦ctrica y otra extensible -motivo por el que el teniente del puesto fue suspendido y expedientado- no basta para explicar el desenlace.
Otro aspecto a investigar es si, como asegur¨® ayer el abogado de la familia de la v¨ªctima, el teniente contaba con antecedentes de malos tratos a detenidos. Por supuesto, una denuncia no implica culpabilidad; pero conviene que el ministerio precise exactamente ese extremo. Para que nadie pueda volver a invocar la Espa?a negra residual de la desaparici¨®n de El Nani o la del siniestro caso Almer¨ªa.
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