Excesos brit¨¢nicos

Defenderse de los que siembran el odio y fomentan el terrorismo no s¨®lo est¨¢ justificado, sino que es un deber de todo Estado. Probablemente, durante a?os el Reino Unido fue excesivamente generoso al acoger en su seno a radicales islamistas huidos de sus pa¨ªses de origen que se atrincheraron en el llamando Londonist¨¢n. Pero las medidas anunciadas ayer por el ministro del Interior, Charles Clarke, para deportar a extranjeros que fomenten el odio o el terrorismo generan una preocupante inseguridad jur¨ªdica y menoscaban la defensa de los derechos humanos. Las leyes brit¨¢nicas en materia antiterrorista son de las m¨¢s estrictas del mundo. Era esperable y deseado por la opini¨®n p¨²blica que, como anunciara Blair tras los atentados en Londres del 7 de julio, las reglas del juego fueran a cambiar. Pero no as¨ª.

La definici¨®n "indicativa, que no exhaustiva", seg¨²n el ministro, de "comportamientos inaceptables" incluye los que directa o indirectamente amenacen el orden p¨²blico, la seguridad nacional o el Estado de derecho, o provoquen y glorifiquen el terrorismo individualmente, en las pr¨¦dicas o desde librer¨ªas, centros, organizaciones y p¨¢ginas web. Cualquier extranjero que incurra en ellos podr¨¢ ser deportado de inmediato. El problema no es s¨®lo que no se les juzgue en el Reino Unido, sino que se les pueda deportar hacia sus pa¨ªses de origen, en muchos de los cuales se practica la tortura. Que Londres busque acuerdos con esos pa¨ªses para asegurar que los deportados no ser¨¢n maltratados ni torturados indica que hay dudas, como record¨® ayer Manfred Novak, informador especial sobre tortura de la ONU, para el cual acuerdos con pa¨ªses que han cometido abusos de derechos humanos en el pasado "no son el instrumento adecuado para erradicar el riesgo". M¨¢s justificable es que se elabore un banco de datos de radicales extranjeros acusados de alentar actos de terrorismo, a los que autom¨¢ticamente se impida la entrada en suelo brit¨¢nico.

La falta de definici¨®n de lo que pueda considerarse "impulsar el odio que lleve a una violencia entre comunidades", merma los derechos humanos, y especialmente la libertad de opini¨®n, y puede llevar a la "criminalizaci¨®n del pensamiento" -incluso con efecto retroactivo ante declaraciones pasadas-, como denuncia la Comisi¨®n Isl¨¢mica de Derechos Humanos, que considera que no se han atendido sus razones en las consultas previas, precisamente cuando hay que contar con los representantes de estas comunidades ante este tipo de medidas. Que Blair est¨¦ dispuesto a revisar las obligaciones en estas materias que ligan a su pa¨ªs respecto a Europa es una mala se?al. Contra los radicales, no conviene bajar la guardia, pero tampoco radicalizarse uno mismo. Seguridad y derechos humanos no est¨¢n re?idos. Todo lo contrario.

Mejor encaminada parece la propuesta de establecer una comisi¨®n conjunta con la comunidad isl¨¢mica para asesorar sobre c¨®mo lograr una mejor integraci¨®n. Hay que recordar que el problema no est¨¢ s¨®lo en los extranjeros: cuatro de los suicidas del 7 de julio eran de nacionalidad brit¨¢nica. Para estos casos, Clarke prepara m¨¢s controles y m¨¢s tribunales especiales. Elevar los umbrales para acceder a la nacionalidad brit¨¢nica puede, sin embargo, ser otro gesto contraproducente, que aliente la tensi¨®n social y la islamofobia. M¨¢s all¨¢ del fin de Londonist¨¢n, lo que est¨¢ en tela de juicio con este tipo de medidas es el modelo comunitarista de integraci¨®n social de las minor¨ªas ¨¦tnicas en el Reino Unido.