Gordo Lindo deja las armas
Un jefe paramilitar colombiano reclamado por narcotr¨¢fico en EE UU renuncia a la violencia junto a 300 de sus hombres
"Estoy seguro del paso que estoy dando; la paz debe estar por encima de los tratados internacionales", dijo a este peri¨®dico Francisco Javier Zuluaga, Gordo Lindo, minutos antes de la ceremonia en la que, el s¨¢bado pasado, dej¨® atr¨¢s su vida paramilitar. Se refer¨ªa a la extradici¨®n. ?l es uno de los jefes paramilitares requeridos por la Justicia norteamericana. Es m¨¢s, a este hombre de 35 a?os y apariencia bonachona se le acusa de ser un narcotraficante pura sangre agazapado tras el uniforme paramilitar. "No le doy importancia a esas acusaciones", afirm¨® mientras pasaba revista a 300 combatientes, las ¨²ltimas tropas que tuvo bajo su mando que entregaron, ese d¨ªa, sus armas. "No oculten la cara; ustedes no son terroristas", fue la ¨²ltima orden que les dio. Cuando termin¨® el acto, que se realiz¨® en un caser¨ªo en la zona que fue escenario de los di¨¢logos de paz con este grupo acusado de mil y una atrocidades, los despidi¨® con un abrazo y con un "Dios los bendiga".
"No oculten la cara, no son terroristas", fue la ¨²ltima orden de Gordo Lindo
Desde 1999, una tribunal de Florida pide la extradici¨®n de Gordo Lindo a EE UU, acusado de importar y distribuir coca¨ªna y de lavado de dinero. La semana pasada el fiscal norteamericano Alberto Gonz¨¢lez, durante una visita a Colombia, insisti¨® en la extradici¨®n.
"Respeto al Gobierno norteamericano y entiendo que insistan en el tema, pero s¨¦, que en su debido momento, los gobernantes encontrar¨¢n medidas audaces para hacer prevalecer la paz del pa¨ªs. Es lo m¨¢s importante", dice Gordo Lindo calibrando cada palabra.
Alto y robusto, se visti¨® de blanco para el acto de la desmovilizaci¨®n. Us¨® su camioneta todoterreno azul, para recorrer las dos manzanas que separan su casa del campo de f¨²tbol donde se realiz¨® el acto. Su casa, inmensa y con piscina, desentona en Santa Fe de Ralito, un pueblo del norte de Colombia con 90 casas y menos de 700 habitantes, todos pobres. Tiene circuito cerrado de televisi¨®n, timbre y en la puerta el aviso: "No pase sin anunciarse".
En una carta pegada en la pared se invita a toda v¨ªctima de una calamidad a pedir ayuda a la Fundaci¨®n Lindo Porvenir. La cre¨® hace tres a?os y espera legalizarla pronto. Ha instalado columpios en 120 parques infantiles, ha repartido tierra y tiene una unidad m¨¦dica m¨®vil.
"?Las reparaciones a las v¨ªctimas forman parte de la estrategia paramilitar?". "No; lo hago por sensibilidad social y por ayudar a las comunidades a mitigar sus problemas", respondi¨®. Para ¨¦l, la Ley de Justicia y Paz, que da un marco legal a este proceso intentando regular las negociaciones entre Gobierno y paramilitares, es una camisa de fuerza que qued¨® estrecha. Le hubiera gustado que en vez de penas de c¨¢rcel (s¨®lo entre cuatro y ocho a?os para cr¨ªmenes atroces) se les permitiera dedicarse a obras sociales.
Gordo Lindo destaca: "Me encargu¨¦ de conseguir finanzas licitas e il¨ªcitas de la econom¨ªa de la regi¨®n donde operaba". Y repite, una y otra vez, que, desde septiembre de 1997, representa pol¨ªticamente al llamado bloque Pac¨ªfico (considerado uno de los m¨¢s ligados al narcotr¨¢fico) en el estado mayor de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Ernesto Ba¨¦z, jefe pol¨ªtico de la organizaci¨®n, lo defendi¨® a capa y espada en su discurso, declarando que, si extraditan a un desmovilizado, el proceso de desmilitarizaci¨®n se pone en peligro. El Gobierno congel¨® ya la extradici¨®n de Salvatore Mancuso, (jefe paramilitar reclamado por EE UU), por su compromiso con la paz.
Para el comisionado de paz colombiano, Luis Carlos Restrepo, el acto del s¨¢bado marc¨® un punto de inflexi¨®n en el proceso de paz. Ese d¨ªa regres¨® la "institucionalidad" a esta zona que durante a?os ha permanecido bajo el mando de paramilitares.
La polic¨ªa los reemplaz¨® en el control de los 350 kil¨®metros cuadrados de la llamada zona de ubicaci¨®n, donde est¨¢n los combatientes acusados de delitos graves esperando que se les aplique la Ley de Justicia y Paz, aprobada en el Congreso colombiano el pasado mes de junio. Son muy pocos frente a los m¨¢s de 9.000 que se han desmovilizado ya. Ahora, por los caminos (es imposible andar a m¨¢s de 20 kil¨®metros por hora con un todoterreno) que unen los poblados de esta zona, se ven polic¨ªas a caballo o en moto. "?Estoy feliz!; ahora vamos a trabajar en la legalidad; con los paramilitares ¨¦ramos ilegales", dice un campesino de esta hermosa regi¨®n de ¨¢rboles tan frondosos que parecen obra de la imaginaci¨®n de un pintor. Pero confiesa que no puede dormir pensado que son pocos los polic¨ªas para hacer frente a la guerrilla si vuelve.
Y le molesta lo que les confes¨® el alcalde de Tierralta, municipio al que pertenecen, hace pocos d¨ªas, cuando le preguntaron cu¨¢ndo se arreglar¨¢ la carretera. Asegur¨® que no hab¨ªa dinero suficiente y que, adem¨¢s, deb¨ªan acostumbrase a las nuevas reglas: mientras con los paramilitares los asuntos se solucionaban r¨¢pido ahora, en la legalidad, las cosas se complican por los tr¨¢mites burocr¨¢ticos.
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