Roquetas y el doble modelo corporativo

La muerte en las dependencias de la Guardia Civil de Roquetas de Mar de un ciudadano que se present¨® voluntariamente en ellas como consecuencia de un m¨ªnimo incidente de tr¨¢fico nos sit¨²a, una vez m¨¢s, frente al gran problema social y moral que nos plantea la existencia de dos formas de entender ese fen¨®meno sociol¨®gico que llamamos "corporativismo", tambi¨¦n conocido como "esp¨ªritu de cuerpo" en las instituciones armadas.

La reiterada experiencia registrada en numerosos ej¨¦rcitos y fuerzas de seguridad nos permite constatar la vigencia de dos modelos o formas posibles de entender ese esp¨ªritu de cuerpo o corporativismo estamental.

El primero de tales modelos o concepciones corporativas consiste en interpretar que, cuando se produce alg¨²n hecho con fuertes apariencias delictivas, protagonizado por alg¨²n o algunos miembros de una determinada instituci¨®n o estamento fuertemente caracterizado como tal, la mejor forma de proteger la integridad, el prestigio y los intereses de la instituci¨®n implicada consiste precisamente en negar y ocultar los hechos, y, cuando esto no resulta factible, minimizarlos, desvirtuarlos, ocultar los indicios acusatorios, y, en definitiva, asegurar en el mayor grado posible la impunidad de sus miembros y de la propia instituci¨®n.

La realidad internacional nos muestra una ampl¨ªsima gama de episodios inscritos en este modelo corporativo, llegando a extremos tan graves como -por ejemplo- los ya conocidos del Cono Sur. Salvando todas las distancias correspondientes, pero ejemplificando de forma paradigm¨¢tica el fen¨®meno corporativista que nos ocupa, recordemos que los militares argentinos negaron con desverg¨¹enza inaudita durante largo tiempo la existencia de secuestrados y desaparecidos, hasta que esta siniestra realidad adquiri¨® un volumen tan gigantesco que oblig¨® a su reconocimiento oficial. Aun as¨ª, la incontenible presi¨®n corporativa de aquellos militares, incluso a?os despu¨¦s de finalizada la dictadura, logr¨® arrancar al Gobierno democr¨¢tico -todav¨ªa escasamente consolidado- las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, con las que consiguieron prolongar su impunidad por casi dos d¨¦cadas m¨¢s, hasta su reciente y definitiva anulaci¨®n.

A¨²n m¨¢s sofisticados, pero igualmente paradigm¨¢ticos, resultan los casos registrados en Centroam¨¦rica -caso UCA, en El Salvador, y caso Gerardi, en Guatemala, entre tantos otros-, donde los militares autores de los asesinatos de los jesuitas espa?oles de la UCA salvadore?a y del obispo guatemalteco Juan Gerardi, respectivamente, recurrieron seguidamente a la desaparici¨®n de evidencias, falsificaci¨®n de pruebas, bombardeo medi¨¢tico desde los poderosos sectores afines a la instituci¨®n, etc¨¦tera, en busca de un logro corporativo tan inmoral como la total negaci¨®n y el pleno ocultamiento de su participaci¨®n en tales cr¨ªmenes. Prop¨®sito que, por a?adidura, se revel¨® finalmente infructuoso en los dos casos citados, algunos de cuyos autores pudieron ser identificados, juzgados y condenados. Desenlace excepcional, pues en aquellos ej¨¦rcitos la regla general consisti¨® en la masiva impunidad estamental, lograda a trav¨¦s de la fuerte y prolongada presi¨®n corporativa sobre las d¨¦biles estructuras civiles, justicia incluida.

Observemos, sin embargo, que las citadas instituciones militares del Cono Sur y de Am¨¦rica Central, lejos de quedar moralmente indemnes, resultaron duramente descalificadas, socialmente desprestigiadas e internacionalmente reprobadas. Cosa inevitable, ya que la caracter¨ªstica esencial resultante de este primer modelo corporativo es precisamente ¨¦sta: al resistirse corporativamente la instituci¨®n a individualizar, juzgar y condenar a los responsables de aquellos cr¨ªmenes cometidos por sus miembros, haciendo imposible su castigo, ante tal imposibilidad, la ignominia de tales acciones recae inevitablemente sobre el conjunto de la corporaci¨®n. Se salva a los culpables, pero a un terrible precio: el profundo desprestigio institucional.

El segundo modelo corporativo, por el contrario, consiste en asumir, con l¨²cido realismo, que en toda corporaci¨®n numerosa, por muy respetable que sea, puede surgir un ladr¨®n, un estafador, un pederasta, un maltratador, un violador, un torturador, un secuestrador, incluso un implacable asesino; pero que, en tal caso, es la propia corporaci¨®n la primera interesada en hacer justicia y, sobre todo, en librarse de tan indeseable lastre. Primero, por simple decoro estamental y pura exigencia moral, y segundo, incluso por puro ego¨ªsmo -leg¨ªtimo ego¨ªsmo corporativo, moralmente irreprochable en este caso-, ya que, si se opta por blindar y encubrir al delincuente incrustado en sus filas, garantizando corporativamente su impunidad, ocurrir¨¢n tres hechos abominables: primero, se cometer¨¢ una injusticia, al encubrir un grave delito, que quedar¨¢ sin el obligado castigo y ver¨¢ asegurada su impunidad. Segundo, se sentar¨¢ un grav¨ªsimo precedente, propiciador de nuevos delitos, al deducirse que cualquier otro crimen similar se ver¨¢ igualmente protegido por el s¨®lido blindaje de la corporaci¨®n. Y tercero, se causar¨¢ un fuerte da?o corporativo a la instituci¨®n, al desprestigiarla gravemente ante la propia sociedad y ante la comunidad internacional, por evidenciar ante ambas que esa corporaci¨®n alberga a delincuentes que gozan de su protecci¨®n, con la consiguiente amenaza para el bien com¨²n. Desgracias, todas ellas, que este segundo modelo corporativo rechaza por da?inas e intolerables para la instituci¨®n, y, en definitiva, para toda la sociedad.

En consecuencia, aquella instituci¨®n que asume este segundo modelo corporativo, basado en no admitir en sus filas a ning¨²n autor de graves delitos, se ocupa -cuidadosa y firmemente- de evitar tales desgracias a su corporaci¨®n. Cuando alg¨²n caso de delincuencia surge dentro de sus filas, lejos de encubrirlo y arrojar cortinas de humo sobre ¨¦l, se investiga el caso, se procesa y juzga a los implicados, se absuelve a los inocentes y se condena a los culpables. Pero, sobre todo, se les separa de la instituci¨®n, si la gravedad del delito as¨ª lo exige. Y ello, tanto por imperativo moral como por la cuenta que le tiene a la propia corporaci¨®n.

Recordemos otro caso real, muy diferente de los anteriormente citados. En 1993, en la Operaci¨®n de Paz desarrollada bajo mandato de la ONU en Somalia, particip¨® una unidad de cascos azules canadienses. Tiempo despu¨¦s se supo que un grupo de miembros de aquella unidad hab¨ªan capturado a varios j¨®venes somal¨ªes, a los que sometieron a torturas y tratos degradantes. En el curso de ¨¦stos, uno de ellos falleci¨®. Aquel sorprendente dato no encajaba en el concepto general que se ten¨ªa -que todos ten¨ªamos- del Ej¨¦rcito de Canad¨¢. Aquello era extra?o y dif¨ªcilmente comprensible: cascos azules, tropas canadienses, Operaci¨®n de Paz, torturas, un muerto. Aquello no encajaba por ninguna parte. Pero aquello, por extra?o que fuera, hab¨ªa sucedido, y se actu¨® en consecuencia. Los implicados fueron localizados, procesados, juzgados en Canad¨¢ y condenados a prisi¨®n. M¨¢s a¨²n: la unidad fue disuelta. (Obviamente, nadie pide que aqu¨ª suceda lo mismo). En definitiva, aquel Ej¨¦rcito demostr¨® que no toleraba en su corporaci¨®n a individuos capaces de incurrir en tales excesos. He aqu¨ª, pues, otra manifestaci¨®n de corporativismo. Pero esta vez se trata de ese otro esp¨ªritu de cuerpo -el sano y moralmente digno, propio de las sociedades avanzadas y de las instituciones democr¨¢ticas- basado en la justicia y la moral, no en el encubrimiento y la impunidad.

Salvando, pues, todas las distancias -enormes, dicho sea de paso, con los casos aludidos-, examinemos de frente el triste caso Roquetas. La sustituci¨®n inicial del v¨ªdeo que muestra buena parte de los excesos cometidos por otro debidamente blanqueado que suprim¨ªa la tremenda paliza, y la ocultaci¨®n deliberada, en el primer informe, del empleo de instrumentos contundentes de uso prohibido en la Guardia Civil son acciones que se hubieran situado de lleno en el primer modelo corporativista de los dos que acabamos de exponer, en caso de que los distintos escalones jer¨¢rquicos del cuerpo -desde los m¨¢s inmediatos hasta los m¨¢s elevados- hubieran hecho suyos ambos enga?os, asumi¨¦ndolos pese a conocer su falsedad, con el prop¨®sito de ocultar la gravedad de lo sucedido.

Pero, muy afortunadamente, la maquinaria corporativa, lejos de ajustarse a ese negativo modelo, funcion¨® con notable correcci¨®n, salvo la desafortunada declaraci¨®n inicial del director general. Tanto la actuaci¨®n de la comandancia de Almer¨ªa -que abri¨® una investigaci¨®n interna apenas una hora despu¨¦s de los hechos, enviando inmediatamente para ello a Roquetas a un comandante y un alf¨¦rez- como la del personal inform¨¢tico del puesto, que localiz¨® las im¨¢genes decisivas en el disco duro del ordenador, im¨¢genes que fueron remitidas de forma inmediata a la citada comandancia, y que dieron lugar a la decisi¨®n cautelar del teniente coronel jefe de mantener apartado de su puesto al teniente del destacamento de Roquetas -principal imputado del caso-, as¨ª como las actuaciones institucionales posteriores -incluida la apertura de los correspondientes expedientes disciplinarios-, todo ello configura un conjunto de comportamientos alejados del modelo primero y plenamente insertos en el modelo segundo: el de la sana y correcta actuaci¨®n corporativa.

Por su parte, las actuaciones ejecutivas y judiciales han seguido su curso, incluida la autopsia, con sus tremendas revelaciones. Lejos de poner a la Guardia Civil "a los pies de los caballos" -afirmaci¨®n tan falsa como zafiamente partidista-, la Guardia Civil y su honor corporativo se han visto eficazmente salvaguardados, al se?alarse como presuntos culpables de unos determinados excesos a unos individuos concretos, ante unos indicios objetivos de actuaci¨®n delictiva. Ser¨¢ la autoridad judicial la que pronunciar¨¢ la ¨²ltima palabra, absolviendo a los inocentes y castigando a los culpables, si los hubiere. Tambi¨¦n el propio cuerpo ha actuado adecuadamente para que as¨ª sea.

Ning¨²n Estado democr¨¢tico consolidado puede permitirse que sus instituciones -y menos las instituciones armadas- se rijan por el siniestro modelo corporativo de la impunidad. Y un cuerpo como la Guardia Civil es el primero en rechazarlo, asumiendo como propio el correcto modelo corporativo, basado en las exigencias de la justicia, los derechos humanos y el imperio de la ley.

Prudencio Garc¨ªa es investigador y consultor internacional del Inacs. Autor de El drama de la autonom¨ªa militar: Argentina bajo las Juntas (Alianza, 1995) y El genocidio de Guatemala a la luz de la sociolog¨ªa militar (Sepha, 2005).