Abanico judicial

El Gobierno socialista encara el pr¨®ximo curso pol¨ªtico con un amplio abanico de reformas en el ¨¢mbito de la justicia, desde el recurso de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo al de amparo ante el Tribunal Constitucional, pasando por la atribuci¨®n de mayores competencias a los tribunales superiores de justicia de las comunidades aut¨®nomas y la implantaci¨®n de la llamada justicia de proximidad en los grandes n¨²cleos urbanos.

La reforma del recurso de amparo, largamente esperada, es considerada imprescindible para desatascar de casos pendientes la mesa del Tribunal Constitucional y reducir a sus justos l¨ªmites el uso de ese derecho por los ciudadanos. Cuenta, por ello, con un amplio respaldo pol¨ªtico y judicial.

M¨¢s conflictivas se presentan las otras reformas. El PP sospecha que son una concesi¨®n a los nacionalismos, por m¨¢s que constituyan una adecuaci¨®n de la organizaci¨®n judicial a la estructura auton¨®mica del Estado. Habr¨¢ que ver c¨®mo quedan articuladas, pero los anteproyectos de ley no desbordan el marco auton¨®mico y mantienen, como es l¨®gico, el car¨¢cter indivisible del Poder Judicial en todo el Estado. El anterior Gobierno del PP ya avanz¨® algo en este camino, atribuyendo a los tribunales superiores de justicia de las CC AA la funci¨®n de segunda instancia penal en sus respectivos territorios. Tampoco ha sido insensible a la idea de una justicia de proximidad, paralela a una polic¨ªa de barrio, como respuesta ¨¢gil e inmediata a la delincuencia menor o los litigios civiles de urgencia, como los desahucios, que se producen en las zonas urbanas.

Todas estas reformas son congruentes, en mayor o menor medida, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los tribunales y acercar la justicia a los ciudadanos. Ser¨ªa exagerado afirmar que el funcionamiento de la justicia, especialmente la penal, es cada vez peor, pero lo que s¨ª es evidente es que no mejora. El hecho de que una cuarta parte de los reclusos en Espa?a est¨¦n en la c¨¢rcel con car¨¢cter preventivo puede ser un indicio de la facilidad con que los jueces hacen uso de una medida excepcional como es la prisi¨®n provisional, pero tambi¨¦n del retraso excesivo que siguen sufriendo los procesos penales. Los presos preventivos, en espera de juicio, son todav¨ªa demasiados, aunque hayan sido proporcionalmente m¨¢s numerosos en otras ¨¦pocas.

En el caso del Tribunal Constitucional, la reforma del recurso de amparo, por la que se establecen filtros para su admisi¨®n en los tribunales ordinarios, en especial el Supremo, servir¨¢ para aligerarle de un trabajo burocr¨¢tico -casi 7.000 recursos inadmitidos el ¨²ltimo a?o- y ampliar su tiempo de dedicaci¨®n a los asuntos estrictamente jurisdiccionales. Y la justicia de proximidad en los grandes n¨²cleos urbanos ayudar¨¢ sin duda a desatascar a unos tribunales penales y civiles siempre al borde del colapso, a condici¨®n de que los nuevos juzgados tengan medios suficientes y sus titulares est¨¦n integrados en la judicatura -otra cosa ser¨ªa inconstitucional- y sean nombrados por el Consejo General del Poder Judicial.