Poder sin responsabilidad

En la d¨¦cada de los ochenta del siglo pasado Joaqu¨ªn Leguina, a la saz¨®n presidente de la Comunidad de Madrid, decidi¨® imponer un recargo en el impuesto general sobre la renta de las personas f¨ªsicas con la finalidad de obtener financiaci¨®n adicional que le permitiera dar una mejor prestaci¨®n a los ciudadanos en el ejercicio de las competencias que se hab¨ªan asumido a trav¨¦s del Estatuto de Autonom¨ªa.

Contra la decisi¨®n comunitaria se interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que acabar¨ªa siendo desestimado por el Tribunal Constitucional, al declarar que encajaba plenamente en la Constituci¨®n el recargo auton¨®mico sobre un impuesto estatal. Pero mucho antes de que el Tribunal Constitucional dictara su sentencia, el Gobierno de la Comunidad de Madrid hab¨ªa decidido revocar su decisi¨®n y suprimir el recargo ante la protesta generalizada que dicha decisi¨®n hab¨ªa suscitado.

No es aceptable que los gobiernos auton¨®micos se limiten a pedir al Ejecutivo que les pague el d¨¦ficit sin m¨¢s

La resistencia al aumento de la presi¨®n fiscal se ha convertido en un elemento diferenciador en estos decenios

La resistencia al aumento de la presi¨®n fiscal se ha convertido en uno de los elementos diferenciadores de las democracias en estos ¨²ltimos decenios. Desde que en 1978 se iniciara la revuelta fiscal en California que conducir¨ªa casi inmediatamente al triunfo de Ronald Reagan, la tendencia a congelar primero y reducir despu¨¦s la presi¨®n fiscal se ha ido imponiendo de manera imparable en pr¨¢cticamente todos los pa¨ªses democr¨¢ticos. Y tambi¨¦n, en cierta medida, de manera irresponsable, como subrayaba el New York Times en su editorial de ayer s¨¢bado, en el que se?alaba expresamente la responsabilidad de la pol¨ªtica fiscal de la Administraci¨®n Bush en la tragedia de Nueva Orleans.

En Espa?a esa resistencia ha tardado algo m¨¢s en llegar como consecuencia de que nos incorporamos muy tard¨ªamente al club de los pa¨ªses democr¨¢ticos y part¨ªamos, en consecuencia, de un nivel de presi¨®n fiscal rid¨ªculamente bajo en comparaci¨®n con el de los dem¨¢s pa¨ªses europeos. Pero desde que empezamos a aproximarnos a ellos tambi¨¦n desde este punto de vista, la reacci¨®n ciudadana frente a la presi¨®n fiscal est¨¢ siendo semejante.

En estos d¨ªas lo estamos comprobando. A pesar de que sabemos desde hace mucho tiempo que hay un d¨¦ficit sanitario importante, aunque no sepamos cu¨¢l es exactamente la cuant¨ªa del mismo, a pesar de que sabemos que ese d¨¦ficit est¨¢ aumentando a?o a a?o y amenaza con aumentar todav¨ªa m¨¢s en los a?os que vienen, a pesar de que sabemos que tal d¨¦ficit no es enjugable con medidas de ahorro, aunque ser¨ªa muy conveniente que se adoptaran todas las medidas que fueran posibles en este sentido, a pesar de todo ello y de que existe un acuerdo generalizado en que la sanidad p¨²blica debe mantenerse con los niveles de calidad en la prestaci¨®n del servicio que ahora mismo tiene, cuando se propone una f¨®rmula para intentar hacer frente a ese d¨¦ficit, como la que acaba de presentar esta misma semana el vicepresidente segundo y ministro de Econom¨ªa, Pedro Solbes, la respuesta es un rechazo casi generalizado de lo que se propone.

Las reacciones que se han producido esta semana son sorprendentes y, adem¨¢s, dif¨ªcilmente entendibles cuando se van a cumplir casi 25 a?os de la puesta en marcha del Estado Auton¨®mico. Nuestro Estado ha descansado en la vinculaci¨®n de la financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas con las competencias que hab¨ªan asumido a trav¨¦s de sus estatutos de autonom¨ªa. Cada una de las competencias era valorada conjuntamente entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la comunidad aut¨®noma y a continuaci¨®n se produc¨ªa la transferencia de los medios materiales y humanos necesarios para el ejercicio de la misma por su nuevo titular auton¨®mico. Los problemas que puedan surgir en el ejercicio de una competencia transferida pasan a ser preocupaci¨®n del Gobierno auton¨®mico y no del Gobierno de la naci¨®n, ya que se supone que el Gobierno auton¨®mico dispone de los recursos suficientes para la prestaci¨®n del servicio a los ciudadanos que se deriva de la titularidad competencial.

Esto es as¨ª con todas las competencias transferidas. El v¨ªnculo competencia-financiaci¨®n es central en la operatividad del Estado Auton¨®mico en su conjunto. Si no se respeta ese v¨ªnculo, ni el Estado ni las comunidades aut¨®nomas pueden operar con normalidad. Este es el problema que plantea el debate que est¨¢ teniendo lugar en el Parlamento de Catalu?a sobre la financiaci¨®n, ya que lo que se propone es desvincular la financiaci¨®n de la distribuci¨®n competencial.

Y, sin embargo, en materia de sanidad se est¨¢ procediendo por todas las comunidades aut¨®nomas como si dicho v¨ªnculo no existiera y como si los problemas que derivan del ejercicio de la competencia sanitaria no tuvieran que ser abordados por los gobiernos auton¨®micos, sino que tuviera que hacer frente a los mismos el Gobierno de la naci¨®n.

Comprendo que la competencia sanitaria no es una competencia m¨¢s, sino que es una competencia cuya prestaci¨®n exije casi tantos recursos econ¨®micos como todas las dem¨¢s competencias juntas. Se trata adem¨¢s de una competencia que se ve muy afectada por el envejecimiento de la poblaci¨®n aut¨®ctona y por el crecimiento de la poblaci¨®n inmigrante y es l¨®gico, en consecuencia, que se pueda solictar una revisi¨®n de los criterios de financiaci¨®n con base en los cuales la competencia fue asumida.

Pero lo que no se entiende es que no haya habido ni una sola propuesta por parte de los gobiernos auton¨®micos sobre c¨®mo deber¨ªa hacerse frente al d¨¦ficit sanitario. No es aceptable que los gobierno auton¨®micos se limiten a pedir al Gobierno de la naci¨®n que les pague el d¨¦ficit acumulado sin m¨¢s, sin responsabilizarse en lo m¨¢s m¨ªnimo en la generaci¨®n de los recursos necesarios para hacer frente a dicho d¨¦ficit. La oferta del Gobierno es algo ventajista, en la medida en que se reserva los impuestos sobre alcohol y tabaco y deja a las comunidades el de gasolina y electricidad y puede ser contraofertada, pero lo que no parece razonable es que los gobiernos auton¨®micos pretendan ejercer el poder sin la responsabilidad correspondiente.