?Est¨¢n fuera de banda?

El juez Grande-Marlaska, sustituto de Garz¨®n en la Audiencia Nacional, investiga la supuesta pertenencia a ETA de varios miembros del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en sus siglas en euskera). El Gobierno, que en su d¨ªa desisti¨® de instar la ilegalizaci¨®n de esa formaci¨®n, por considerar insuficientes los indicios existentes, no ha cambiado de posici¨®n. Sin embargo, la admisi¨®n a tr¨¢mite de una querella presentada por la Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo ha motivado la apertura de una investigaci¨®n en virtud de la cual ya han comparecido como imputados miembros de EHAK y de Batasuna -estos ¨²ltimos deber¨¢n pagar fuertes fianzas para eludir la prisi¨®n provisional-, y el lunes lo har¨¢ Rafael D¨ªez Usabiaga, secretario general del sindicato abertzale LAB, en el que militaban varios de los candidatos que resultaron electos.

No tienen raz¨®n quienes sostienen que las medidas actuales del juez Marlaska dan retrospectivamente la raz¨®n a su exigencia de intervenci¨®n del Gobierno. La suspensi¨®n de EHAK antes de las elecciones presentaba grandes dificultades. No era un caso comparable al de la agrupaci¨®n electoral Aukera Guztiak, creada expresamente para sustituir a Batasuna. Bastaba demostrar esa voluntad de sustituci¨®n fraudulenta de una organizaci¨®n ilegal; mientras que EHAK era un partido preexistente, legal, por lo que su ilegalizaci¨®n hubiera requerido, de acuerdo con la Ley de Partidos, demostrar que hab¨ªa incurrido en actividades "reiteradas y graves" de apoyo, exculpaci¨®n o legitimaci¨®n del terrorismo. Algo dif¨ªcil de hacer en el escaso tiempo que hab¨ªa entre la presentaci¨®n de la candidatura y las elecciones. Una suspensi¨®n cautelar implicaba el riesgo de tener que repetir las elecciones si en su momento el Tribunal Constitucional rechazaba la suspensi¨®n.

La situaci¨®n actual es diferente. La imputaci¨®n lo es, seg¨²n la querella, por un presunto delito de pertenencia a banda armada de los art¨ªculos 515 y siguientes del C¨®digo Penal: los que sirvieron a Garz¨®n para decretar la disoluci¨®n de Batasuna. Si, como afirma ahora el fiscal del caso, han aparecido nuevos elementos, deben investigarse de acuerdo con los requisitos propios del derecho penal, con todas las garant¨ªas legales. Lo que no resulta admisible es la pretensi¨®n de los dirigentes de Batasuna de que deje de aplicarse la ley para favorecer un clima de distensi¨®n.

Dos d¨ªas despu¨¦s de que se conociera la nueva oleada de cartas de extorsi¨®n enviadas por ETA, y de que una docena de encapuchados tratase de abrasar vivos a los ertzainas del cuartel de Ond¨¢rroa, D¨ªez Usabiaga protestaba de que se hable "tanto de la kale borroka" y tan poco del "apartheid" y la "caza pol¨ªtica" de los dirigentes abertzales. Y Otegi advert¨ªa de que la decisi¨®n del juez hab¨ªa "colmado la paciencia" de su partido, al que "a partir de ahora" nadie podr¨¢ hacer responsable "de ning¨²n tipo de enfrentamiento popular o armado que exista". Sin embargo, la ilegalizaci¨®n de Batasuna no es consecuencia de sus ideas independentistas, sino de su vinculaci¨®n con ETA y de su incapacidad para desmarcarse del entramado coactivo montado por la banda.