El m¨¦dico Maeso se enfrenta a 2.214 a?os de c¨¢rcel por el contagio de 276 pacientes

El esc¨¢ndalo estall¨® en abril de 1998. Fue el entonces consejero de Sanidad, Joaqu¨ªn Farn¨®s, quien se?al¨® p¨²blicamente a un responsable del contagio masivo detectado en varios hospitales de Valencia: el anestesista Juan Maeso. A partir de ah¨ª se inici¨® una compleja y no exenta pol¨¦mica investigaci¨®n judicial que recay¨® en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Valencia, a cargo de Jos¨¦ Manuel Ortega. Y hoy, m¨¢s de siete a?os despu¨¦s, el ¨²nico procesado se sienta en el banquillo de una sala expresamente habilitada en la Ciudad de la Justicia de Valencia. A Maeso se le acusa de contagiar el virus de la hepatitis C a 276 pacientes.

En algo m¨¢s de 700 metros cuadrados se extiende un singular estrado en el que, adem¨¢s del tribunal, cuya ponente es la magistrada Carolina Rius, se sientan 171 abogados (135 en representaci¨®n de los afectados), 114 procuradores, 7 representantes de los responsables civiles directos y 34 de los responsables civiles subsidiarios. El sumario 7/01 ser¨¢ ahora desgranado por el fiscal, Javier Carceller, las acusaciones particulares y la defensa del imputado. En ello participar¨¢n casi 600 testigos, entre los que se incluyen 273 de los 276 afectados (los otros tres han fallecido a consecuencia de la enfermedad contra¨ªda), m¨¦dicos de la sanidad p¨²blica y privada en Valencia, genetistas y responsables del sistema sanitario durante los a?os en los que se produjo la infecci¨®n.

El fiscal pide para Juan Maeso 2.214 a?os de c¨¢rcel, ocho por las lesiones de cada contagio y dos m¨¢s por cada una de las tres muertes, que entiende directamente derivadas del mismo. Adem¨¢s, solicita una indemnizaci¨®n global de 28.885.002 euros (cantidades que oscilan en cada caso seg¨²n la evoluci¨®n del contagio, de las lesiones, de las incapacidades y de la edad desde los 13.000 a los 212.500 euros). El fiscal entiende que de esas indemnizaciones son responsables civiles directas las distintas compa?¨ªas aseguradoras con las que Maeso ten¨ªa suscritas p¨®lizas (de forma directa o derivadas de la concertaci¨®n por el Colegio de M¨¦dicos o Sanidad). La responsable civil subsidiaria es, seg¨²n ¨¦l, la Administraci¨®n auton¨®mica, garante del funcionamiento del sistema sanitario.

La investigaci¨®n se inici¨® sobre casi un millar de pacientes. De ellos, el fiscal entendi¨® que 276 fueron contagiados por Maeso en cuatro hospitales de Valencia: 46 en La Fe, 228 en Casa de Salud (de los que 13 fueron derivados de la sanidad p¨²blica dentro de un plan del Gobierno auton¨®mico, del PP, para reducir la lista de espera), uno en la cl¨ªnica Quir¨®n y otro en el centro hospitalario Virgen del Consuelo.

Un vasto informe gen¨¦tico (rechazado por la defensa de Maeso al entender que estaba viciado porque buscaba s¨®lo las coincidencias con su representado y no las que exist¨ªan entre todos los afectados, adem¨¢s de que fue realizado por afines a la Consejer¨ªa de Sanidad) estableci¨® una secuencia filogen¨¦tica del virus: genotipo 1A.

A partir de ah¨ª quedaron fuera m¨¢s de 500 de los pacientes inicialmente vinculados a la causa. Que Maeso fuera o pudiera haber sido el anestesista en las intervenciones fue determinante para el fiscal. ?ste sostiene que Maeso se pinchaba la anestesia como estupefaciente y que con la misma jeringuilla inyectaba despu¨¦s a los pacientes. Y afirma que "exist¨ªa una sospecha generalizada entre el diverso personal sanitario de ser consumidor habitual de estupefacientes". La defensa de Maeso niega la mayor: "En la causa, tal afirmaci¨®n no existe, son rumores de pasillo, nada en una causa penal".