Los afganos temen que los 'se?ores de la guerra' aumenten su poder en las urnas

La sola menci¨®n de Abdul Rasul Sayyaf pone los pelos de punta a Salman Moradi, un joven periodista hazara de Bamiy¨¢n. Moradi era un ni?o cuando se produjo la matanza de civiles de su comunidad que todas las organizaciones de derechos humanos atribuyen a Sayyaf. Aun as¨ª, Sayyaf compite hoy por un esca?o al nuevo Parlamento afgano en la provincia de Kabul. Tras los cautelosos esfuerzos del presidente Hamid Karzai para apartar a los se?ores de la guerra de la vida pol¨ªtica, muchos afganos temen que su decisi¨®n de permitir que se presenten a las elecciones les d¨¦ nuevas alas.

"Es un problema grave que los poderosos se?ores de la guerra puedan entrar en el Parlamento", admite Habiba Sorabi, la gobernadora de Bamiy¨¢n, la regi¨®n hazara famosa por los Budas destruidos por los talibanes. Sorabi, que como miembro del Gobierno de Karzai mide sus palabras, considera que "habr¨¢ un enfrentamiento entre ellos y las fuerzas democr¨¢ticas", pero conf¨ªa en que se resuelva. "Pueden conseguir votos por la fuerza, pero me parece extra?o que alguien pueda votarles", dice.

En opini¨®n de todas las fuentes consultadas, Sayyaf es el se?or de la guerra m¨¢s peligroso de Afganist¨¢n. "Rico, adem¨¢s de corrupto, es un astuto wahab¨ª que raramente pide nada para s¨ª mismo, pero que logra situar a su gente en puestos clave sea como gobernadores, ministros o jueces del Supremo", comenta un diplom¨¢tico europeo. Fue ¨¦l quien invit¨® a Osama Bin Laden a Afganist¨¢n tras su expulsi¨®n de Sud¨¢n en 1996, y en privado, aconseja a sus seguidores que tengan paciencia porque los extranjeros no van a quedarse demasiado.

Como Sayyaf, Yunes Qanuni, Burhanudin Rabbani, hayi Almas o los cl¨¦rigos Taj Mohamed y Ezatullah son candidatos de Kabul o sus alrededores que formaron parte de Yamiat-e Islami, una de las facciones muyahidin responsables de la guerra civil. Diversos grupos de defensa de los derechos humanos les implican en cr¨ªmenes de guerra y cr¨ªmenes contra la humanidad cometidos en Kabul a principios de los a?os noventa.

Otros como el general uzbeco Rachid Dostum, el hazara Abdul Karim Khalili o el tayico Ismail Khan no se presentan porque tienen puestos en el actual Gobierno, pero eso no les impide estar presentes a trav¨¦s de familiares o asociados. Unos candidatos se quejaron de que en sus zonas de influencia, estos caciques compraron votos para sus familiares o aterrorizaron a sus rivales. Pero para violar la ley electoral (y en consecuencia ser inhabilitado), hay que dirigir una milicia o ser parte activa en ella.

El programa de la ONU Nuevos Comienzos para Afganist¨¢n (ANBP, en sus siglas inglesas), que desde 2003 trabaja para desarmar, desmovilizar y reintegrar a la vida civil a las milicias, tiene registrados en su base de datos de se?ores de la guerra a 208 de los 5.800 candidatos que se presentan a las elecciones de hoy. Para estar en esa lista, que contiene 1.800 nombres, una persona debe estar acusada de pertenecer a una milicia ilegal por dos fuentes independientes y cre¨ªbles.

La mayor¨ªa de esos comandantes mantiene fuerzas de autodefensa en zonas remotas y no est¨¢n considerados como especialmente peligrosos, una categor¨ªa en la que entran menos de un centenar. El ANBP divide a ¨¦stos en tres grupos: los que plantean una amenaza para las elecciones (insurgentes), los que plantean una amenaza a la gobernabilidad (exigen dinero en falsos controles de carretera) y los que est¨¢n implicados en el tr¨¢fico de drogas.

Los responsables electorales descalificaron a 32 candidatos por su relaci¨®n con grupos armados, pero entre ellos no est¨¢n ninguno de los m¨¢s altos responsables de milicias implicados en graves violaciones de derechos humanos durante las dos ¨²ltimas d¨¦cadas. El problema es que para que la Comisi¨®n de Quejas Electorales (CQE) pueda descalificarles es necesario que los afectados hayan sido condenados en firme por un tribunal, una quimera en un pa¨ªs que carece de sistema judicial desde hace al menos dos d¨¦cadas.

"No somos un tribunal penal", explica el presidente del CQE, el canadiense Grant Kippen. "Nuestras decisiones son administrativas y la mayor¨ªa de la gente nos llega con quejas que no est¨¢n apoyadas con pruebas". La primera criba se produjo antes del 12 de julio, cuando se public¨® la lista final de candidatos. "De las 230 quejas que recibimos, s¨®lo pudimos excluir a 11 candidatos", recuerda. Oficialmente, los que pasaron la criba mostraron suficientes esfuerzos para cumplir las leyes electorales.