Un debate positivo sobre el nuevo marco legal

Estamos en v¨ªsperas de acabar la primera fase del complicado proceso para el nuevo Estatuto, todav¨ªa navegando en la complicada marea de las opiniones contradictorias, las peleas partidistas y los discursos oportunistas. Muchos ciudadanos se quejan de la inutilidad enfermiza de esa marea e incluso cuestionan la prioridad del tema ante las necesidades perentorias que corresponden a sus demandas cotidianas.

?Valen la pena tantos esfuerzos dedicados a una discusi¨®n sobre un texto legal cuyo alcance muchos ciudadanos no acaban de comprender, preocupados principalmente por temas concretos -la sanidad, la ense?anza, la seguridad, la desocupaci¨®n, la cultura, etc¨¦tera- que requieren soluciones inmediatas en t¨¦rminos ejecutivos m¨¢s que legislativos? Esa pregunta suele esconder un equ¨ªvoco y hay que denunciarlo. Se comprende que, en general, los ciudadanos no capten la trascendencia de una estructura legislativa, formalmente demasiado compleja y conceptualmente demasiado especializada. Pero un m¨ªnimo de cultura pol¨ªtica debe hacernos reflexionar y comprender que un nuevo marco legal -en el que la financiaci¨®n y el concepto de soberan¨ªa tengan un papel prioritario- es indispensable para instrumentalizar todas las decisiones pol¨ªticas que nos afectan directamente, aunque su contenido literal nos parezca distante e inextricable. A esa actitud de desprecio por desconocimiento se a?aden otras m¨¢s cargadas de militancia pol¨ªtica: las de los que desmerecen el valor de un nuevo Estatuto -reconociendo precisamente su importancia- simplemente porque no lo creen necesario. Afirman que no hace falta modificar nada para mejorar la situaci¨®n, pero en realidad creen que ya nos va bien seguir con menos soberan¨ªa dentro del centralismo del nacionalismo espa?ol. No es que no les importe el tr¨¢mite estatuario, sino que lo consideran negativo en cualquiera de sus versiones. Hay que desenmascarar estas dos posiciones y reducirlas a lo que son: gritos de alarma contra el refuerzo de la autonom¨ªa.

Un m¨ªnimo de cultura pol¨ªtica debe dar prioridad al debate estatutario, por m¨¢s que el ciudadano lo sienta alejado

Otra pregunta que se hace con demasiada generalidad se refiere al desacuerdo de los partidos en esta fase de redacci¨®n. ?No son un esc¨¢ndalo esas peleas entre partidos, esa dificultad para llegar a acuerdos eficaces que marquen una cierta unidad ante un tema tan importante? ?Es l¨ªcito que cada partido pol¨ªtico nos abrume con distintas propuestas contradictorias que van aplazando un acuerdo mayoritario? Tambi¨¦n hay que dar respuestas radicales a estas preguntas: esas discusiones no s¨®lo no son negativas, sino, en esencia, muy positivas y, sobre todo, muy l¨®gicas dentro del mapa pol¨ªtico del pa¨ªs, precisamente porque -a pesar de algunas excepciones- cada partido comprende la trascendencia de la decisi¨®n final e intenta introducir en ella la m¨¢xima cantidad de las afirmaciones y promesas de los respectivos programas electorales hasta alcanzar pactos m¨¢s pr¨®ximos a ellas. Si no lo hicieran en la proporci¨®n que les corresponda, ser¨ªan traidores a sus votantes.

El llamado tripartito no es un partido, sino una uni¨®n ocasional de tres partidos distintos, pactada para formar un gobierno durante un tiempo limitado. Ninguno renuncia a su programa y lo integra al plan de gobierno con concesiones y con logros puntuales, a menudo dif¨ªciles de pactar. Y en el momento de promover un tema tan importante como el nuevo Estatuto, es necesario discutir a fondo aquellas concesiones y aquellos logros. No se puede negar que en este combate tambi¨¦n interviene la voluntad de cada partido en divulgar y propagar las propias ideas pol¨ªticas -preparando futuras operaciones electorales- e incluso en erosionar a los contrincantes. Pero tambi¨¦n esto es v¨¢lido si se incluye en un debate honesto y eficiente. Quiz¨¢ las pocas actitudes algo an¨®malas y exageradas son las de CiU, una coalici¨®n que parece entorpecer el acuerdo definitivo por el camino de una radicalidad que se contradice con la experiencia de tantos a?os en el poder sin reformar el Estatuto y la Constituci¨®n. Espero, no obstante, que, al final, la disensi¨®n se enmarcar¨¢ tambi¨¦n en un acuerdo definitivo.

Porque ¨¦ste es el ¨²nico final positivo, que, sin duda, se alcanzar¨¢ dentro de pocos d¨ªas: habr¨¢n sido muy provechosas las discusiones, con la condici¨®n de que sirvan, al fin, para un acuerdo que responda, tanto como sea posible, a las necesidades de Catalu?a y a la suma algebraica del pensamiento pol¨ªtico de sus habitantes. Tanto como sea posible, porque ya sabemos que, por muchas reivindicaciones que se incluyan en el nuevo Estatut, ¨¦ste no alcanzar¨¢ ni de lejos las necesidades de soberan¨ªa que pueden cambiar profundamente al pa¨ªs y que lo acercar¨ªan a la independencia. Desgraciadamente, se trata s¨®lo de unas peticiones bastante modestas -aun as¨ª, de evidente trascendencia- para que sean aprobadas con pocas enmiendas en Madrid. Y mientras la tramitaci¨®n dependa de ese paso obligatorio, no hay que hacerse muchas ilusiones y no hay que esperar que las enmiendas madrile?as sean demasiado balad¨ªes como no lo fueron las impuestas al Estatut republicano, a pesar de haber logrado una unanimidad popular. Esa unanimidad que ahora tambi¨¦n nos va a hacer falta para reducir en lo posible a los enemigos reales.

Espero que el Parlament, a la hora de votar, comprenda esta situaci¨®n y que ning¨²n partido catal¨¢n utilizar¨¢ esta ocasi¨®n para perjudicar a Catalu?a con declaraciones simplemente testimoniales, unas declaraciones que en el punto final ser¨ªan ya partidistas y demasiado ego¨ªstas.

Oriol Bohigas es arquitecto.