Los obispos elevan sus cr¨ªticas a la reforma educativa y apoyar¨¢n las manifestaciones

Los obispos dan un paso m¨¢s en su enfrentamiento con el Gobierno socialista tambi¨¦n por la reforma educativa, que el Consejo de Ministros envi¨® a las Cortes el pasado 22 de julio. La Comisi¨®n Permanente episcopal, reunida en Madrid, emiti¨® ayer un duro comunicado contra ese proyecto legislativo diciendo que deteriora "la democracia", atenta contra "derechos fundamentales" y es "inaceptable jur¨ªdica, social y acad¨¦micamente". Aunque no lo dicen en el comunicado, los prelados acordaron tambi¨¦n apoyar las movilizaciones anunciadas contra esa reforma.

Est¨¢ asegurada la presencia de obispos en la manifestaci¨®n convocada para el pr¨®ximo noviembre por la Confederaci¨®n Cat¨®lica de Padres de Alumnos (Concapa), a juzgar por la energ¨ªa con que el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Mart¨ªnez Camino, defendi¨® ayer el derecho de los prelados a manifestarse, pero tambi¨¦n "el deber" de los padres de alumnos a convocar la citada manifestaci¨®n "por responsabilidad social". Adem¨¢s, Mart¨ªnez Camino enfatiz¨® lo obvio: que "la Iglesia cat¨®lica no convoca manifestaciones", pero que, si quisiera convocarlas, "estar¨ªa en su derecho".

"Lo podr¨ªamos hacer, a lo mejor en alg¨²n momento lo hagamos, pero lo cierto es que no las convocamos nosotros. No es de momento el modo de proceder de los obispos". ?l ya estuvo, junto al cardenal Antonio Mar¨ªa Rouco y otros 19 prelados, en la manifestaci¨®n del pasado 18 de julio contra la legalizaci¨®n del matrimonio entre personas del mismo sexo, convocada entonces por el Foro Espa?ol de la Familia, y cuando la Concapa llame en noviembre a salir a la calle de nuevo, es casi seguro que har¨¢ lo mismo. "Espero a que se convoque y a conocer la fecha, porque a lo mejor no puedo", dijo con una no disimulada iron¨ªa.

Sin di¨¢logo

Hasta ese momento, el tono de la conferencia de prensa del portavoz episcopal hab¨ªa sido sombr¨ªo y muy severo, sin disimular en ning¨²n momento el enojo que ha causado al episcopado no s¨®lo el contenido de la reforma educativa, sino el modo con que el Gobierno la aprob¨® y remiti¨® a las Cortes. "La Conferencia Episcopal, a trav¨¦s de la Comisi¨®n Mixta Iglesia-Estado y de la Comisi¨®n Episcopal de Ense?anza, se ofreci¨® reiteradamente a dialogar sobre estos temas con la Administraci¨®n. No se ha obtenido contestaci¨®n alguna. No fue posible conocer las opiniones del Gobierno m¨¢s que cuando la prensa publicaba los distintos anteproyectos de ley, que sucesivamente iban recortando la libertad de ense?anza y las garant¨ªas para el ejercicio del derecho de los padres a la educaci¨®n de sus hijos seg¨²n sus convicciones", dijo.

El portavoz episcopal tambi¨¦n record¨® que una reuni¨®n formalmente anunciada -incluso con convocatoria a la prensa- para el 22 de julio en el Ministerio de Educaci¨®n no se celebr¨® "por carecer ya de utilidad, dado que ese mismo d¨ªa el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de ley".

Con estos antecedentes parece comprensible que los prelados no esperen nuevas reuniones con el Gobierno, y dejen en los grupos parlamentarios la esperanza y la responsabilidad de "introducir cambios sustanciales en el proyecto" para eliminar "las trabas que obstaculizan la libertad de ense?anza y el derecho de los padres a la formaci¨®n religiosa y moral de sus hijos".

Son muchos los aspectos de la reforma educativa que irritan a los prelados, pero el portavoz subray¨®, sobre todos, que "no respeta como es debido derechos fundamentales" como el de la libertad de ense?anza ni el de creaci¨®n y direcci¨®n de centros de iniciativa social. Tambi¨¦n les disgusta el criterio de "zonificaci¨®n" que impone la futura ley como condici¨®n prioritaria para la admisi¨®n de alumnos. "El proyecto atribuye a las Administraciones P¨²blicas tal poder, que apunta a convertir al Estado en el ¨²nico educador, olvidando que es a los padres a quienes asiste el derecho primordial, insustituible e inalienable de educar a sus hijos", a?aden.

Los prelados sostienen, adem¨¢s, que el Gobierno socialista "considera la educaci¨®n como una actividad de servicio p¨²blico y, por tanto, seg¨²n la legislaci¨®n espa?ola, de exclusiva competencia del poder estatal". De ah¨ª que crean que la educaci¨®n de iniciativa social est¨¢ "regulada como mera concesi¨®n de car¨¢cter gubernamental". Tal reducci¨®n de la iniciativa social a funci¨®n subsidiaria de los poderes p¨²blicos la creen "impropia de sociedades plenamente democr¨¢ticas que respetan y promueven el pluralismo educativo".

La Conferencia Episcopal tambi¨¦n se queja del status que la futura ley adjudica al profesorado de catolicismo en la escuela p¨²blica, que desde 1999 contrata y paga el Estado pese a ser seleccionado por los obispos para cada curso escolar. La jerarqu¨ªa cree "inaceptable jur¨ªdica, social y acad¨¦micamente" convertirlos ahora "en empleados de la Iglesia" y lamenta que "esta nueva situaci¨®n haya sido creada unilateralmente, sin di¨¢logo alguno, como es tambi¨¦n el caso de los dem¨¢s aspectos de la Ley".

Respecto a la propia asignatura de religi¨®n reclaman lo que ya tienen: "Que sea una asignatura fundamental, de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos, de tal manera que el hecho de recibir o no recibir esta ense?anza no suponga discriminaci¨®n acad¨¦mica alguna en la actividad escolar".