Las Beatillas, la ley frente al desarrollo

El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa rechaz¨® la pasada semana el recurso del promotor inmobiliario Jos¨¦ Antonio L¨®pez Esteras, propietario del centro tur¨ªstico Las Beatillas, con el que pretend¨ªa paralizar, de manera cautelar, el derribo de este complejo, construido de manera ilegal, seg¨²n la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas y Transportes. Las Beatillas cuenta en la actualidad con un centro de congresos, pistas deportivas, un restaurante, una carpa de celebraciones y aparcamientos sobre una superficie total de 4.000 metros cuadrados. La Junta orden¨® su demolici¨®n en abril de 2003 al considerar que las obras se realizaron en suelo urbanizable no programado de la Sierra de San Crist¨®bal y se ejecutaron "sin licencia" y "desatendiendo" las sucesivas ¨®rdenes de suspensi¨®n del Ayuntamiento portuense.

Frente a la opini¨®n general de que debe derribarse, hay instituciones o colectivos que reclaman que se legalice con la excusa de la creaci¨®n de empleo y la proyecci¨®n tur¨ªstica de Las Beatillas. Siete personas opinan del caso.

- Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acci¨®n. En su opini¨®n, las leyes y las sentencias judiciales "tienen que cumplirse y recuerda que Ecologistas en Acci¨®n denunci¨® que Las Beatillas se construy¨® "con la total connivencia" del Ayuntamiento. "No derribarlo supondr¨ªa un precedente escandaloso. Abrir¨ªa las puertas a la total impunidad de los infractores de las leyes urban¨ªsticas, que seguir¨ªan construyendo donde les plazca con el convencimiento de que despu¨¦s se cambiar¨¢n las leyes a su conveniencia. Inadmisible", afirma.

- Ignacio Garc¨ªa, diputado de IU y concejal portuense. A su juicio, es "responsabilidad" de la Junta el cumplir la sentencia de demolici¨®n. "Por respeto a s¨ª misma, a la ley y a los ciudadanos", sostiene. "Es lamentable que se utilice ahora demag¨®gicamente a los trabajadores como escudos humanos".

- Consuelo Gamero, portavoz del PSOE portuense. Debe derribarse porque "la ley existe y es igual para todos y todos debemos respetarla y acatarla".

- Jos¨¦ Rodr¨ªguez, presidente de la Federaci¨®n de Vecinos. "La ley la tiene que cumplir todo el mundo", enfatiza. "En este caso, con m¨¢s raz¨®n porque se ha construido en una zona protegida", dijo Rodr¨ªguez, para quien "no tiene por qu¨¦ haber distinciones por ser un empresario que quiere usar el escudo de los puestos de trabajo".

- Pablo Lorenzo, delegado de Obras P¨²blicas en C¨¢diz. Sostiene que las posibles consecuencias de las decisiones judiciales "s¨®lo deben ser atribuidas a quienes act¨²an fuera de la legalidad, nunca a quien hace que se cumpla la misma". "Apostamos por un desarrollo tur¨ªstico y econ¨®mico compatible con la legalidad, como act¨²an casi la mayor¨ªa de los empresarios", a?adi¨®.

- Hern¨¢n D¨ªaz Cort¨¦s, alcalde de El Puerto de Santa Mar¨ªa. Fue el primero en pedir que se legalice el complejo. "Las sentencias hay que cumplirlas, pero lo que no se puede permitir es que se haga justicia en la casa de enfrente, y no en la m¨ªa. Si en Las Beatillas hay una edificaci¨®n ilegal, en Chiclana hay 21.000. Y si en El Puerto hay cerca de 5.000 viviendas ilegales, en Puerto Real esta cifra casi se dobla, en Conil, se triplica. Todos deb¨ªan de tener procedimientos judiciales, sin excepci¨®n. Incluso, hay hasta grandes urbanizaciones como Montenmedio, sobre la que tambi¨¦n pesa una sentencia no ejecutada".

- Miguel Gonz¨¢lez, presidente de la Confederaci¨®n de Empresarios. "Desde el m¨¢s absoluto respeto hacia la legalidad y las decisiones judiciales", el presidente de la patronal pide la continuidad de este complejo "ante la influencia que estas actuaciones tienen sobre la inversi¨®n empresarial y el empleo".