El Tribunal de Cuentas detecta un fraude en Muface de 59 milones

El uso indebido de los servicios de Muface, organismo que gestiona las pensiones y la asistencia sanitaria de los funcionarios, le cuesta al sistema cerca de 60 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe sobre la actividad de la Mutualidad de Funcionarios de la Administraci¨®n Civil del Estado (Muface) que cifra en 58,9 millones de euros el coste de los "titulares indebidamente afiliados" en el a?o 2003. Se trata de 100.468 personas que no ten¨ªan derecho a esa asistencia y que, sin embargo, se beneficiaron de ella.

El tribunal ha obtenido estas conclusiones mediante el cruce de las bases de datos de Muface con las de la Seguridad Social y otros organismos. La mayor parte de ese gasto indebido corresponde a asistencia sanitaria (44 millones) y prestaci¨®n farmac¨¦utica (13,6 millones). El organismo encargado de fiscalizar las cuentas p¨²blicas advierte de que esto constituye "un menoscabo patrimonial en los fondos p¨²blicos del que podr¨ªan derivarse, en su caso, las responsabilidades que procedan", seg¨²n figura en el informe, aprobado el pasado 22 de septiembre.

Incompatibilidades

Muface, dependiente del Ministerio de Administraciones P¨²blicas, cubre a un colectivo de 1,6 millones de personas, de los que pr¨¢cticamente la mitad son funcionarios, y el resto, beneficiarios (parientes en su mayor¨ªa). El Tribunal de Cuentas considera que existen m¨²ltiples situaciones de incompatibilidad entre los beneficiarios.

El informe atribuye las anomal¨ªas a "insuficiencia de control interno" y critica el escaso cruce de datos realizado (el ¨²ltimo data de 2000). Ni siquiera detectar las situaciones an¨®malas garantiza su correcci¨®n. De las observadas por el tribunal en 2003, "el 90,7% segu¨ªan sin ser corregidas en 2004".

Ante esta situaci¨®n, el tribunal insta a Muface a "adoptar urgentemente las medidas necesarias tendentes a depurar las numerosas situaciones de incompatibilidad", con un "cruce masivo y generalizado" de datos con la Seguridad Social. Al Gobierno le pide que financie el sistema con aportaciones presupuestarias y no con las cotizaciones de los funcionarios.