El fiscal recurre la orden de detenci¨®n de los militares del 'caso Couso'

El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira present¨® ayer recurso de reforma contra la orden de detenci¨®n internacional dictada por el juez Santiago Pedraz contra los tres militares estadounidenses que el 8 de abril de 2003 mataron de un disparo de tanque al c¨¢mara de Tele 5 Jos¨¦ Couso cuando se encontraba en el hotel Palestina de Bagdad. El fiscal alega que la querella no ha sido todav¨ªa admitida a tr¨¢mite y que el juez no tiene competencia.

El juez Pedraz dict¨® ayer la orden de detenci¨®n a efectos de extradici¨®n del sargento Thomas Gibson, que realiz¨® el disparo desde el tanque; del capit¨¢n Philip Wolford, que ten¨ªa el mando de la unidad de blindados, y del teniente coronel Philip de Camp, que mandaba el Regimiento de Blindados n? 64. Wolford autoriz¨® el disparo tras consultar con De Camp.

Pero Rubira sostiene que los tres militares americanos ni siquiera tienen la condici¨®n de querellados, porque la querella no est¨¢ formalmente admitida a tr¨¢mite y que, despu¨¦s de dos a?os, la causa se mantiene en diligencias previas, cuando si se emprende una investigaci¨®n por homicidio, tiene que incoarse sumario.

El fiscal afirma que el 19 de noviembre de 2004, la sala orden¨® al juez que se pronunciase sobre la admisi¨®n de la querella, pero que ¨¦ste no lo ha hecho. Adem¨¢s, precisa que los tribunales espa?oles carecen de jurisdicci¨®n para conocer de la muerte -en el curso de un conflicto militar y por disparos de militares norteamericanos- de un ciudadano espa?ol y de otra persona. Los hechos no ocurrieron en Espa?a y no se trata de delitos -como genocidio o terrorismo- que puedan ser investigados por tribunales espa?oles con arreglo al principio de persecuci¨®n universal.

A?ade el fiscal que para pedir la extradici¨®n, y antes de la orden internacional de detenci¨®n, deber¨ªa de haberse dictado auto motivado de prisi¨®n, que es el t¨ªtulo que permite solicitar la extradici¨®n. Rubira sostiene que la orden "se dicta como consecuencia de no haber sido atendidas dos comisiones rogatorias internacionales, lo que convierte al auto recurrido m¨¢s en una represalia que en una consecuencia l¨®gico-jur¨ªdica".

Intentos est¨¦riles

El fiscal se?ala que deber¨ªan haberse tratado de agotar las medidas tendentes a obtener el auxilio judicial, pero fuentes de la Audiencia Nacional se?alaron ayer que los numerosos intentos de cuatro jueces -Guillermo Ruiz Polanco, Baltasar Garz¨®n, Fernando Grande-Marlaska y Santiago Pedraz- de obtener la cooperaci¨®n de los norteamericanos han sido est¨¦riles. Tambi¨¦n recordaron que si la querella no est¨¢ formalmente admitida a tr¨¢mite es porque precisamente las diligencias, que deb¨ªan determinar su procedencia o no, inclu¨ªan los informes reclamados por el juez Baltasar Garz¨®n el 30 de abril de 2004, que fueron reiterados por el juez Fernando Grande-Marlaska, en octubre de ese a?o.

La cooperaci¨®n norteamericana fue requerida de nuevo el 31 de mayo, pero en esta ocasi¨®n por el juez Pedraz, que acababa de tomar posesi¨®n en el juzgado. Ante la falta de respuesta, el magistrado reprodujo su requerimiento el pasado 6 de octubre, de nuevo sin respuesta.

Fuentes pr¨®ximas al juzgado destacaron que el delito contra la comunidad internacional que se imputa a los militares norteamericanos, al tratarse de un ataque contra poblaci¨®n civil a sabiendas, puede estar considerado como delito de lesa humanidad, cuya persecuci¨®n universal est¨¢ prevista en la ley.

Justicia admiti¨® ayer que ha remitido hasta en cinco ocasiones a las autoridades norteamericanas las comisiones rogatorias del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 1, sin que haya habido respuesta. De hecho, en junio de este a?o un alto funcionario del Departamento de Estado manifest¨® a Reuters que "har¨¢ fr¨ªo, mucho fr¨ªo, en el infierno antes de que los militares sean interrogados en Espa?a".

El fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde Pumpido, declar¨® ayer a Efe que la orden dictada por Pedraz es "jur¨ªdicamente discutible". "Es una medida directamente de prisi¨®n hacia los militares y puede presentar aspectos jur¨ªdicamente discutibles porque estas personas todav¨ªa no han sido o¨ªdas", afirm¨®. Pero la familia del c¨¢mara asesinado expres¨® ayer su sorpresa por el recurso del fiscal, ya que en su momento recibieron garant¨ªas de una adjunta al fiscal del Estado que les dijo que "no iban a poner trabas".

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Espa?a, Eduardo Aguirre, expres¨® su respeto por el auto del juez Pedraz y recalc¨® que las relaciones entre ambos pa¨ªses "no han sido afectadas negativamente" por esta decisi¨®n.