Los expertos del PSOE ven puntos de dudoso encaje constitucional en el Estatuto catal¨¢n

El informe encargado por el PSOE a cuatro catedr¨¢ticos de Derecho Constitucional, que hoy aprobar¨¢ la ejecutiva federal del partido, considera de dudosa constitucionalidad varios puntos de la propuesta de reforma del Estatuto catal¨¢n, sobre todo en materia de financiaci¨®n y de modificaci¨®n de leyes org¨¢nicas y traspaso a la Generalitat de competencias reservadas al Estado. En cambio, los expertos creen -y as¨ª se lo transmitieron verbalmente el viernes a la direcci¨®n socialista- ajustado a la Ley Fundamental que Catalu?a se defina como "naci¨®n", pues el t¨¦rmino no implica atribuir soberan¨ªa.

El documento ha sido redactado por cuatro catedr¨¢ticos de Derecho Constitucional: Javier Garc¨ªa, de la Universidad de Valladolid; Alejandro S¨¢iz, de la Universidad del Pa¨ªs Vasco; Francisco Balaguer, de la Universidad de Granada y Manuel Medina, de la Universidad de Sevilla.

?stas son las principales conclusiones del informe respecto a los puntos conflictivos del Estatuto.

- Financiaci¨®n. Los expertos consideran de dif¨ªcil encaje constitucional este t¨ªtulo, porque el Estatuto no es la "fuente de derecho constitucional preordenada para reorganizar las relaciones financieras" entre el Estado y las autonom¨ªas. Los juristas entienden que la reforma estatutaria, m¨¢s all¨¢ de enumerar principios generales, "agota la materia" al detallar los mecanismos del nuevo modelo de financiaci¨®n.

- Competencias. El informe ha evitado analizar el despliegue competencial, en materias y submaterias, que detalla el proyecto de Estatuto por si se aprecian invasiones de las competencias reservadas al Estado que recoge la Constituci¨®n.

En cambio, los juristas s¨ª han examinado la divisi¨®n que propone la reforma entre competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas. Los expertos han propuesto una redacci¨®n alternativa menos detallista, porque entienden que la reforma catalana, de rebote, tambi¨¦n delimita las competencias estatales. El informe aconseja que esta redacci¨®n sea igual en todas las reformas estatutarias para evitar posibles asimetr¨ªas competenciales entre comunidades aut¨®nomas.

- Reforma de leyes org¨¢nicas y 150.2. El nuevo Estatuto propone en su actual redactado la reforma de nueve leyes estatales, cuatro de ellas org¨¢nicas, y el traspaso a la Generalitat de 10 competencias reservadas al Estado, entre ellas la gesti¨®n de puertos y aeropuertos. El informe de los juristas insiste en la posible inconstitucionalidad de estos aspectos, pues el Estatuto no puede imponer "mandatos" al legislador estatal, ya que las reformas legislativas o el traspaso o delegaci¨®n de competencias compete exclusivamente al Gobierno central.

Los juristas matizan que, en el caso de las reformas legislativas, el redactado del Estatuto puede no tener un car¨¢cter imperativo, pues las competencias que recoge no entrar¨¢n en vigor hasta la futura modificaci¨®n de la ley estatal. No obstante, entienden que ello tambi¨¦n acarrea problemas, pues "deval¨²a la condici¨®n normativa del Estatuto", ya que algunos art¨ªculos no tendr¨ªan efecto si la futura ley org¨¢nica ya reformada no incorporara lo establecido en el Estatuto.

El informe, por tanto, propone tramitar en el Congreso la reforma de estas leyes org¨¢nicas en paralelo al Estatuto mediante proposiciones de ley surgidas del Parlamento catal¨¢n.

- Naci¨®n. El dictamen no contiene un pronunciamiento por escrito sobre el conflictivo t¨¦rmino "naci¨®n" para definir a Catalu?a, pues la direcci¨®n del PSOE pidi¨® que las opiniones sobre este asunto se expresaran verbalmente. Los juristas entienden que esta definici¨®n es constitucional, pues no implica atribuir soberan¨ªa.

- Derechos hist¨®ricos. El Estatuto, en su art¨ªculo 5, se?ala que el autogobierno catal¨¢n tambi¨¦n se fundamenta en los derechos hist¨®ricos, a trav¨¦s de los cuales la Generalitat adquiere una "posici¨®n singular" en "Derecho Civil, lengua, educaci¨®n, cultura y el sistema institucional en que se organiza". El informe considera constitucional este art¨ªculo, pero recomienda suprimir la competencia en educaci¨®n.

- Lengua catalana. El informe no aprecia ninguna vulneraci¨®n constitucional, ni siquiera cuando se establece el derecho y deber de conocer el catal¨¢n. Los juristas tan s¨®lo aprecian dudas respecto al requisito de saber catal¨¢n para magistrados, jueces, fiscales y personal de la Administraci¨®n de Justicia, pues ello corresponde determinarlo a la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial.

- Carta de derechos y deberes. Lejos de apreciar posibles problemas legales, los expertos valoran la inclusi¨®n en el proyecto de una carta de derechos y deberes de los ciudadanos limitada a las competencias de la Generalitat.