Reforma de la reforma

Necesitaba el PSOE unificar criterios respecto a la tramitaci¨®n del Estatuto, y lo ha hecho en torno a las conclusiones del dictamen que encarg¨® a cuatro constitucionalistas. El dictamen es respetuoso con la iniciativa de reforma, deliberadamente fr¨ªo y bastante gen¨¦rico, pero marca con claridad los l¨ªmites que el Estatuto no debe rebasar para ser plenamente constitucional. Sus objeciones no son, sin embargo, de tal naturaleza que obliguen a rechazar el proyecto en bloque, como suceder¨ªa si se considerara irreformable o se aceptara la tesis del PP de que se trata de una reforma encubierta de la Constituci¨®n. Ello abre paso a un debate de su articulado que permita llegar a un pacto aceptable.

Ese pacto es deseable. Entre otras razones, porque un rechazo frontal a un texto avalado por el 90% del Parlamento catal¨¢n podr¨ªa dar lugar a un conflicto de legitimidades. Y porque sus promotores han expresado su voluntad de respetar los l¨ªmites constitucionales. Adem¨¢s, el 70% de los catalanes (seg¨²n encuesta reciente de Opina) se muestra convencido de que el proyecto respeta esos l¨ªmites, lo que podr¨ªa interpretarse como una adhesi¨®n condicionada a que los respete realmente; es decir, que no conduzca a un conflicto con el Estado. No ser¨ªa pedag¨®gico dar a esta propuesta el mismo tratamiento que se dio en su momento al plan Ibarretxe, que s¨ª implicaba una derogaci¨®n de la Constituci¨®n en territorio vasco y cuyo procedimiento de elaboraci¨®n estuvo viciado desde el origen y prosper¨® gracias al apoyo de un partido ilegal vinculado a ETA.

Las reformas necesarias son mucho m¨¢s que meros retoques, seg¨²n el dictamen, y demuestran que las modificaciones introducidas tras el informe del Consejo Consultivo catal¨¢n fueron insuficientes. Las objeciones m¨¢s severas afectan a dos de las novedades fundamentales del proyecto: la ampliaci¨®n de competencias y el sistema de financiaci¨®n; tambi¨¦n hay precisiones sobre el alcance del deber de conocer el catal¨¢n, y sobre la descentralizaci¨®n del poder judicial. Y se expresan reservas de fondo sobre los mecanismos bilaterales como f¨®rmula de relaci¨®n con el Estado. Por razones que no se explican claramente, el dictamen prefiere evitar un pronunciamiento sobre la definici¨®n de Catalu?a como naci¨®n.

Resulta oportuna la apelaci¨®n al principio de seguridad jur¨ªdica, que aconseja no dejar ciertos temas delicados -que puedan afectar a derechos de las personas- al albur de interpretaciones de los gobernantes de turno. Las l¨ªneas que marca el dictamen permitir¨ªan al PP participar en la construcci¨®n del nuevo pacto una vez que se entre en la fase de discusi¨®n en ponencia. Algo que convendr¨ªa tambi¨¦n a los nacionalistas, porque el mejor blindaje es que el Estatuto cuente con el respaldo de los dos partidos con posibilidades de gobernar en Espa?a. El PP se va a gastar medio mill¨®n en propaganda por el rechazo en bloque, lo que tal vez dentro de unos meses se convierta en un lastre para jugar sus bazas. Pero a¨²n es peor que el Tripartito se gaste un mill¨®n -de fondos p¨²blicos- en defender un texto que s¨®lo prosperar¨¢ si se modifica a fondo.