Lamentos y culpas

Como la capacidad de autocompasi¨®n es infinitamente mayor que la de autocr¨ªtica, abundan estos d¨ªas los lamentos apocal¨ªpticos sobre el futuro del Concierto Econ¨®mico. El peligro, sorprendentemente, no est¨¢ en la aspiraci¨®n de Catalu?a, incluida en el proyecto de nuevo Estatuto, a obtener el mismo rendimiento financiero que da en Euskadi y Navarra este instrumento esencial de su autogobierno. Los partidos catalanes se han dado cuenta de que, teniendo en lo b¨¢sico un nivel de renta y una estructura econ¨®mica similar a la de Catalu?a, y con una presi¨®n fiscal equivalente, las comunidades forales obtienen unos recursos p¨²blicos por habitante hasta un 65% superiores a los que dispone la Generalitat. No dicen, como hicieron algunos en el pasado, que es un privilegio, pero quieren sus frutos, lo que va a situar el Concierto muy a la vista p¨²blica en los pr¨®ximos meses.

No. Las lamentaciones no vienen por esta exposici¨®n, sino por un auto del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco que ha dejado en suspenso cautelarmente los preceptos del nuevo Impuesto de Sociedades que las haciendas forales vascas calcaron literalmente de la anterior, anulada en diciembre por el Tribunal Supremo; entre ellos, el que establece en el 32,5% el tipo general que se aplica a los beneficios de las empresas, situado en el 35% en el resto de Espa?a. La sentencia del Supremo, que consider¨® "ayudas de Estado" a la luz de la legislaci¨®n de la UE los aspectos del impuesto vasco que se separaban del estatal, no est¨¢ falto de rigor, pero es discutible en su formulaci¨®n.

Sin embargo, habr¨¢ que convenir que las diputaciones forales no fueron especialmente perspicaces al decidir cumplir la sentencia firme del Alto Tribunal repitiendo los principales art¨ªculos anulados, con el tipo del 32,5% como estandarte. La "manifiesta identidad" de unos y otros ha sido el motivo aducido por el Tribunal Superior para suspender su aplicaci¨®n. Un acto, por lo dem¨¢s, previsible, de modo que uno puede rasgarse las vestiduras, pero no sorprenderse; porque cabe discrepar de las sentencias judiciales, hasta de los tribunales m¨¢s altos, pero lo normal es que los jueces las apliquen.

Tras la decisi¨®n del Tribunal Superior, algunos dirigentes pol¨ªticos y empresariales han vuelto a afirmar que la sentencia del Supremo supon¨ªa de hecho la "derogaci¨®n del Concierto Econ¨®mico". Aun sin restar trascendencia a la resoluci¨®n judicial, el aserto resulta exagerado. No puede reducirse ese instrumento s¨®lo a la capacidad de establecer impuestos diferenciados -dentro de los l¨ªmites marcados en el propio Concierto-, y menos circunscrita a un tributo, el de Sociedades, que aporta poco m¨¢s del 12,5% de una recaudaci¨®n de 10.850 millones de euros este a?o. En cualquier caso, la queja del "no nos entienden" evita preguntarse sobre el uso que se ha hecho de esa atribuci¨®n del Concierto -por cierto, siempre aplicada en favor de los empresarios en el Impuesto de Sociedades y nunca en el IRPF- y de los resultados conseguidos. Las organizaciones patronales de la comunidad aut¨®noma, que sacralizan la soberan¨ªa normativa del Concierto y reclaman su "blindaje" frente a la mirada de los tribunales, ?dir¨ªan lo mismo si se utilizara dicha capacidad para establecer recargos, en vez de deducciones, y un tipo en el Impuesto de Sociedades m¨¢s elevado que el que rige en el resto de Espa?a, atendiendo que tambi¨¦n los servicios p¨²blicos son m¨¢s caros en Euskadi? Disponer de la capacidad de diferenciarse no justifica por s¨ª mismo su ejercicio, ni exime de explicar por qu¨¦ es necesario hacerlo en un determinado momento. Del mismo modo que la posesi¨®n de un coche capaz de correr a 200 por hora no impone tener que conducirlo a esa velocidad, ni le libra a uno de ser sancionado si rebasa los l¨ªmites fijados.

La teor¨ªa general de la incomprensi¨®n no termina de explicar la sucesi¨®n de encontronazos que los experimentos fiscales con el Impuesto de Sociedades vasco han provocado en los ¨²ltimos quince a?os con el Gobierno central, con la Comisi¨®n Europea, con los gobiernos y organizaciones empresariales y sindicatos de La Rioja, Castilla y Le¨®n y Cantabria, con algunas empresas, y entre las propias diputaciones.