Miguel Osuna defiende su inocencia en las irregularidades de la Zona Franca de C¨¢diz

El ex delegado del PP en la Zona Franca de C¨¢diz Miguel Osuna declar¨® ayer en el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de la capital gaditana que actu¨® "en todo momento con legalidad" durante su gesti¨®n al frente de este organismo entre 2001 y 2004. Este dirigente popular, que est¨¢ imputado por un presunto delito societario en las supuestas irregularidades detectadas por la Abogac¨ªa General del Estado, defendi¨® su inocencia durante las dos horas que dur¨® su declaraci¨®n. Quien no compareci¨® fue el otro ex delegado imputado, Manuel Rodr¨ªguez de Castro.

Su ausencia la justific¨® con el argumento de que no ha recibido la notificaci¨®n de la querella ni la citaci¨®n judicial de comparecencia, seg¨²n afirm¨® ayer su abogado. El juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de C¨¢diz inici¨® ayer la toma de declaraciones en la querella que presentaron conjuntamente el pasado mes de agosto la Abogac¨ªa General del Estado y la Zona Franca por los contratos de 6,7 millones de euros que suscribi¨® este organismo con las empresas Miami Free Zone y Telvent para crear una red inform¨¢tica que nunca existi¨®. A Rodr¨ªguez de Castro se le acusa de varios delitos de apropiaci¨®n indebida, malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, fraude, prevaricaci¨®n y exacciones ilegales. La acci¨®n penal contra Osuna es por un presunto delito societario.

La querella incluye tambi¨¦n a los empresarios Germ¨¢n y Carmen Leiva, a los que el abogado del Estado Jos¨¦ Ignacio Monedero acusa, junto con Rodr¨ªguez de Castro, de crear la empresa ficticia Miami Free Zone -con sede en EE UU- a la que adjudicaron un contrato millonario para supuestamente "apropiarse indebidamente" de 4,2 millones de euros de Rilco, una sociedad de la Zona Franca que apenas registr¨® actividad y arrastra un balance deficitario desde que la cre¨® Rodr¨ªguez de Castro en 1998.

Esta m¨²ltiple querella incluye adem¨¢s a Telvent Interactiva -filial de Abengoa-, que recibi¨® un contrato de 2,5 millones para colaborar en la creaci¨®n de la red inform¨¢tica que nunca lleg¨® a funcionar, porque "existen indicios de que particip¨® en la maquinaci¨®n fraudulenta". A Osuna se le acusa de mantener este contrato y autorizar los ¨²ltimos pagos pese a que tuvo conocimiento del supuesto fraude tras encargar varios informes.

El primero en declarar en este proceso fue Osuna, quien respondi¨® a las preguntas del juez y de los tres abogados del Estado. A su salida de los juzgados, afirm¨®: "He contestado a todas las preguntas que me han hecho. Estoy a disposici¨®n del juez porque es un tema muy complejo".

Osuna compareci¨® junto con su nuevo abogado Felipe Mel¨¦ndez, quien detall¨® que la aspiraci¨®n de su defensa es que a su cliente se le retire la calificaci¨®n de imputado. "Esperamos que as¨ª sea con Miguel Osuna porque se ha contado la verdad y no hay ning¨²n intento de ocultar datos ni documento al que podamos acceder", dijo.

En ning¨²n momento, ni Osuna ni su nuevo letrado hicieron referencia a las declaraciones que hace tres semanas hizo el anterior abogado del ex delegado popular, Jos¨¦ Luis Ortiz. Este letrado afirm¨® en sede judicial que su cliente fue designado por el PP para "arreglar los desmanes de una casa que era un desastre" y para "limpiar la mierda" que hab¨ªa en el recinto fiscal gaditano cuando su antecesor Rodr¨ªguez de Castro se vio obligado a dimitir ante las numerosas denuncias de supuestas irregularidades que trascendieron sobre su gesti¨®n. Se trata de la primera ocasi¨®n en la que alguien relacionado con un dirigente del PP afirma que esta formaci¨®n intent¨® supuestamente "limpiar" el mandato bajo sospecha de Rodr¨ªguez de Castro, como han denunciado PSOE e IU.

"Cerrar esta herida"

El abogado de Rodr¨ªguez de Castro, Jos¨¦ Antonio Bosch, dijo que su cliente no ha recibido notificaci¨®n de la querella en la que est¨¢ imputado ni citaci¨®n para declarar. "Mi cliente tiene toda la predisposici¨®n para comparecer en este caso porque para bien o para mal quiere cerrar esta herida que dura ya cinco a?os", dijo Bosch, quien detall¨® que Rodr¨ªguez de Castro no reside en Espa?a. "El juzgado tendr¨¢ mal la direcci¨®n de mi cliente porque es una persona que viaja mucho", dijo.

Por otra parte, el PSOE no pudo ejercer la acusaci¨®n popular porque el juez pidi¨® al abogado de esta formaci¨®n, Gabriel Escalante, el pago de una fianza de 10.000 euros para participar en el proceso. El diputado del PSOE por C¨¢diz Rafael Rom¨¢n anunci¨® que satisfar¨¢n esta fianza en los pr¨®ximos d¨ªas.