El Tribunal de Cuentas reprocha al Gobierno el retraso en sus liquidaciones
El Ejecutivo no ha enviado las leyes preceptivas al Parlamento desde hace ocho a?osEl informe indica que el Gobierno carec¨ªa de "motivaci¨®n" para rechazar varias ayudas
El Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas ha reconvenido al Gobierno en su ¨²ltimo informe, realizado sobre la cuenta general de la comunidad aut¨®noma de 2003, para que env¨ªe al Parlamento los proyectos de ley de liquidaci¨®n de los presupuestos con periodicidad anual "y en el plazo m¨¢s breve posible". El ¨²ltimo ejercicio sobre el que el Ejecutivo cumpli¨® dicho requisito fue el de 1997.
La oposici¨®n ha censurado este comportamiento, que tacha de "ejercicio de oscurantismo" y considera que obstaculiza el control parlamentario de la ejecuci¨®n presupuestaria. La C¨¢mara no ha recibido proyectos de ley de liquidaci¨®n de las cuentas en ninguno de los dos mandatos completados por el actual lehendakari. El tribunal considera en su informe "necesario" remitir "con mayor celeridad" esos proyectos de ley y no admite como motivo para el retraso la inexistencia de plazos concretos en la normativa.
La obligaci¨®n de liquidar por ley en el Parlamento los presupuestos viene establecida en el art¨ªculo 126 de la Ley de R¨¦gimen Presupuestario de Euskadi. El Gobierno se escud¨® en que esa norma no fija un plazo concreto para enviar los proyectos de ley, argumento que vuelve a repetir en las alegaciones remitidas al Tribunal de Cuentas. Tambi¨¦n adujo, y as¨ª lo hace constar ahora tambi¨¦n, que los anteriores gobiernos acumularon tambi¨¦n retrasos notables.
El ¨®rgano auditor reconoce la inexistencia de plazo establecido, pero afirma que "el Gobierno no debe escudarse en este vac¨ªo legal" y le insta a presentar "anualmente el obligatorio proyecto de ley en el plazo m¨¢s breve posible".
El Ejecutivo se muestra extra?ado en sus alegaciones de que el tribunal haga referencia a la carencia de los proyectos de ley entre 1998 y 2002 en su informe relativo a las cuentas del a?o siguiente. Adem¨¢s, el Gobierno no admite que haya incurrido en ning¨²n incumplimiento legal y afirma que viene cumpliendo "escrupulosamente" la ley presupuestaria.La falta de remisi¨®n de dichos proyectos de ley no supone, seg¨²n el Ejecutivo, "que no se hayan rendido correctamente las cuentas" ante el tribunal ni que ¨¦ste "no haya podido ejercer su labor de fiscalizaci¨®n de los presupuestos de 2003". La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, se?al¨® en una reciente respuesta parlamentaria que el Gabinete estar¨¢ en condiciones de remitir a la C¨¢mara en breve parte de los proyectos atrasados.
El ¨®rgano auditor aprecia adem¨¢s deficiencias en las concesiones de ayudas del programa Izartu, puesto en marcha en 2001 para revitalizar las comarcas m¨¢s desfavorecidas y que, en su primera fase hasta 2004, supuso subvenciones por 150,2 millones de euros. El tribunal se?ala que los criterios de valoraci¨®n no garantizaron "la objetividad en la concesi¨®n" y critica especialmente el rechazo de ayudas a siete de los 54 municipios solicitantes.
Zenarruzabeitia justific¨® en su d¨ªa tales denegaciones con el argumento de que en su mayor¨ªa no hab¨ªan presentado proyectos integrales. El informe se?ala ahora que tal rechazo "carece de motivaci¨®n suficiente y se basa en una fundamentaci¨®n gen¨¦rica". El ¨®rgano fiscalizador recuerda que el Tribunal Superior vasco apreci¨® en enero de 2004 una falta de motivaci¨®n en la denegaci¨®n de uno de estos casos y reconoci¨® el derecho del municipio recurrente a la subvenci¨®n solicitada.
El informe analiza 17 de los expedientes del plan y constata que ninguno define los criterios para considerar una zona como urbana degradada y tampoco se "deja constancia de la justificaci¨®n de las puntuaciones" otorgadas en las valoraciones.
Agrega que el reparto de los fondos seg¨²n la valoraci¨®n de cada proyecto en vez de seleccionar los mejores hasta agotar la partida ha impedido cumplir el car¨¢cter integral. "En la gran mayor¨ªa de los expedientes analizados, las actuaciones financiables se han centrado en infraestructuras b¨¢sicas locales", se?ala, en detrimento de aspectos como el empleo, integraci¨®n social o recursos humanos.
El informe revela que en 2003 se dieron 16 subvenciones directas por 1,8 millones que complementaban otras ayudas que sumaban 12 millones. El tribunal aprecia deficiencias en dos de las 12 ayudas examinadas. Una de ellas corresponde a la Universidad de Deusto por un estudio que debiera haberse adjudicado por "la oportuna contrataci¨®n".
El estudio vuelve a reprochar que las cuentas del Gobierno no incluyeran en 2003, como ha pasado en ejercicios anteriores, los compromisos de inversi¨®n para sufragar el metro de Bilbao por 761,3 millones.
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