L¨®gica democr¨¢tica

Los acontecimientos pol¨ªticos se van sucediendo con una rapidez tan vertiginosa desde el comienzo de esta legislatura que es necesario detenerse de vez en cuando y reflexionar sobre cu¨¢les fueron los programas pol¨ªticos con los que los partidos pol¨ªticos en general y los partidos de gobierno en particular se presentaron ante los electores, para intentar encontrar la l¨®gica interna que preside esa sucesi¨®n fren¨¦tica de acontecimientos. De lo contrario, se corre el riesgo de que los ¨¢rboles no nos permitan ver el bosque y nos acabemos encontrando en la confusi¨®n m¨¢s absoluta.

La campa?a electoral de las ¨²ltimas elecciones generales y andaluzas estuvo presidida por la confrontaci¨®n de dos alternativas muy claramente diferenciadas, que no se circunscrib¨ªan, como suele ser frecuente en las elecciones generales o auton¨®micas, a la posible acci¨®n de gobierno que cada una de ellas pondr¨ªa en marcha, sino que se extend¨ªan a la conveniencia o no de reformar las reglas del juego en las que descansan tanto el sistema pol¨ªtico espa?ol como el subsistema pol¨ªtico andaluz. Frente a la posici¨®n que mantuvo en su programa electoral el PP, tanto el nacional como el andaluz, de que no era necesario el cambio de las reglas de juego en lo m¨¢s m¨ªnimo, ya que la Constituci¨®n y el Estatuto de Autonom¨ªa estaban bien como estaban y no hab¨ªa que introducir la m¨¢s m¨ªnima modificaci¨®n en ellos, el PSOE se present¨® ante los electores con un programa en el que tanto la reforma de la Constituci¨®n como la del Estatuto figuraban en un lugar prominente. Por encima de las medidas concretas de acci¨®n de gobierno que se propon¨ªan, figuraba el compromiso de promover una reforma constitucional y estatutaria, a fin de perfeccionar el funcionamiento del Estado de las Autonom¨ªas que hab¨ªamos venido construyendo en los ¨²ltimos veinticinco a?os dentro de las posibilidades y l¨ªmites que permite el texto constitucional.

El PP no puede pretender tener un derecho de veto sobre la reforma de los estatutos de autonom¨ªa

Sobre estos dos programas, como record¨® muy oportunamente el portavoz de Coalici¨®n Canaria, Paulino Rivero, en el debate sobre la toma en consideraci¨®n de la reforma del estatuto de autonom¨ªa de Catalu?a, se pronunciaron expresamente el cuerpo electoral espa?ol y el andaluz el 14 M de 2004 con el resultado de todos conocidos. Lo que est¨¢ ocurriendo no es, en consecuencia, fruto de la improvisaci¨®n o del capricho de unos profesionales de la pol¨ªtica, que no guarda relaci¨®n con las preocupaciones de los ciudadanos, sino que tiene que ver con el cumplimiento de unos compromisos electorales contra¨ªdos con los votantes. Se est¨¢ debatiendo sobre las reforma de la estructura del Estado, que afecta a los dos elementos que la definen, la Constituci¨®n y los Estatutos de Autonom¨ªa, porque as¨ª lo han querido los ciudadanos espa?oles en general y los andaluces en particular, que contribuyeron de manera decisiva a que el PSOE fuera el partido m¨¢s votado en Espa?a. Es la l¨®gica de la legitimaci¨®n democr¨¢tica del poder la que explica que esta legislatura sea, en el sentido fuerte del t¨¦rmino, una legislatura de reformas. No de puras reformas legislativas, porque eso lo son todas, sino de reformas constitucionales y estatutarias, que solamente se producen muy de vez en cuando.

La aceptaci¨®n del resultado electoral deber¨ªa de haber conducido a todos los partidos pol¨ªticos, tambi¨¦n al que perdi¨® las elecciones, a entrar con buena fe en el debate reformador, aunque en principio la reforma constitucional y estatutaria no figurara en su programa. La decisi¨®n del cuerpo electoral es una decisi¨®n ¨²nica que vincula tanto a la mayor¨ªa como a la minor¨ªa y que tiene que ser interpretada conjuntamente por ambas cuando lo que est¨¢ se debate es la revisi¨®n de las reglas del juego.

Esto es lo que el PP parece no haber entendido. Cada partido tiene en cada uno de los niveles de gobierno, estatal, auton¨®mico o municipal, la posici¨®n que los ciudadanos le asignan en los distintos procesos electorales. Y desde esa posici¨®n tiene que participar en todos los debates que se planteen y en la toma de todas las decisiones que se deban adoptar. En un Estado compuesto, como es el Estado espa?ol desde 1978, puede ocurrir que un partido de Gobierno de Espa?a no sea partido de Gobierno en algunas comunidades aut¨®nomas, y que, en consecuencia, no disponga de minor¨ªa de bloqueo para condicionar la reforma de las reglas del juego. Es lo que le ocurre al PP tanto en Catalu?a como en Andaluc¨ªa. Su concurso no es imprescindible para la reforma de los estatutos de autonom¨ªa de estas dos comunidades aut¨®nomas, a pesar de que las mayor¨ªas parlamentarias que se exigen son de 2/3 y 3/5 respectivamente. Su participaci¨®n tiene que estar condicionada por este dato. El PP no puede pretender tener un derecho de veto sobre la reforma de los estatutos de autonom¨ªa de Catalu?a y de Andaluc¨ªa, porque tal derecho carece de legitimaci¨®n democr¨¢tica. Si el Gobierno de la Naci¨®n le reconociera tal derecho al PP estar¨ªa contraviniendo la manifestaci¨®n de voluntad de los ciudadanos de Catalu?a y de Andaluc¨ªa, que no han querido que el PP se convierta en el ¨¢rbitro de la reforma de sus reglas de juego.

No cabe duda de que la posici¨®n en la que se encuentra el PP es muy inc¨®moda. Pero es la que han querido los ciudadanos catalanes y andaluces. Dada su posici¨®n de partido de gobierno en el Estado, la direcci¨®n del PP podr¨ªa jugar bazas importantes en la discusi¨®n de la reforma estatutaria catalana y andaluza, pero no puede argumentar que cualquier reforma de estos estatutos con la que ¨¦l no est¨¦ de acuerdo es una reforma constitucional y debe ser tramitada como tal, a fin de que el concurso del PP sea imprescindible. Eso s¨ª que supone no solo no respetar lo que la Constituci¨®n dispone, sino algo m¨¢s grave, el principio de legitimaci¨®n democr¨¢tica en el que descansa el conjunto de nuestro sistema pol¨ªtico.