Una juez imputa a Fabra un nuevo delito por presunta falsificaci¨®n de documentos

La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Nules interrogar¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 25 de noviembre a Carlos Fabra, presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n y l¨ªder del PP en la provincia, por un presunto delito de falsificaci¨®n de documentos, derivado de la manipulaci¨®n de cu?os y sellos para validar informes requeridos por los ministerios de Agricultura y Sanidad para la concesi¨®n de permisos de fabricaci¨®n de productos fitosanitarios. Fabra se enfrenta ya a otra causa abierta por los presuntos delitos de fraude fiscal y contra la Administraci¨®n p¨²blica por tr¨¢fico de influencias.

Fabra habr¨¢ de acudir, por tercera vez, al juzgado en calidad de imputado. La nueva acusaci¨®n procede de un tribunal distinto al que hasta ahora le investigaba, pero se basa en una denuncia estrechamente ligada a las anteriores imputaciones por uno o varios delitos contra la Administraci¨®n p¨²blica y un presunto delito fiscal.

Fabra ser¨¢ interrogado el d¨ªa 25 por la titular del Juzgado n¨²mero 2 de Nules, seg¨²n un auto dictado por el juzgado, ante su posible colaboraci¨®n en la comisi¨®n de un delito de falsedad. La imputaci¨®n tiene su origen en una denuncia presentada por Vicente Vilar, el empresario que le acus¨® de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores pol¨ªticos, cuyas incriminaciones dieron lugar a la primera investigaci¨®n y a la intervenci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. De momento, el PP, tanto la direcci¨®n nacional como la auton¨®mica y, especialmente, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, han mostrado su apoyo al imputado y han rechazado abrirle un expediente informativo.

La denuncia a la que se enfrenta ahora Fabra se refiere a la presunta falsificaci¨®n de sellos y cu?os utilizados en documentos requeridos por los ministerios de Agricultura y Sanidad para la concesi¨®n de autorizaciones para la fabricaci¨®n de productos fitosanitarios. Vilar ya acus¨® a Fabra de cobrarle "cantidades millonarias" por interceder ante la Administraci¨®n central con el fin de agilizar la tramitaci¨®n de estas autorizaciones. En las gestiones frente a los ministerios participaban otros cargos, como el ex diputado y ex senador del PP por Castell¨®n Miguel Prim, quien tambi¨¦n est¨¢ imputado, as¨ª como tres ex altos cargos de los ministerios de Sanidad y Agricultura, una de la Generalitat Valenciana y el anterior subdelegado del Gobierno en Castell¨®n, recientemente fallecido.

Productos fitosanitarios

Posteriormente, el propio Vilar se autoinculp¨® de otro presunto delito y desvel¨® la falsificaci¨®n de sellos, tampones y documentos para dar validez a unos an¨¢lisis sobre productos fitosanitarios que no reun¨ªan los requisitos de pureza que exig¨ªa el Ministerio de Agricultura. Por ello, habr¨¢ de acudir tambi¨¦n a declarar en calidad de imputado el pr¨®ximo d¨ªa 11. Pero, adem¨¢s, el empresario sostuvo que Fabra conoc¨ªa las irregularidades de esta documentaci¨®n presentada para la obtenci¨®n de unas autorizaciones por las que el presidente de la Diputaci¨®n interced¨ªa, seg¨²n la denuncia. Algunas de las autorizaciones se solicitaban a favor de Artemis 2000, una empresa que formaron la ex esposa de Vilar, Monserrat Vives, y la esposa de Fabra, Amparo Fern¨¢ndez. Ambas figuran tambi¨¦n en el nuevo auto judicial como imputadas.

Pese a que los representantes de la Uni¨®n de Consumidores de la Comunidad Valenciana, que act¨²an como acusaci¨®n particular en el llamado caso Fabra, solicitaron la investigaci¨®n de estas presuntas falsificaciones en la misma causa, la titular del Juzgado n¨²mero l rechaz¨® la petici¨®n. Sin embargo, su compa?era en el Juzgado n¨²mero 2 cuenta, como informaci¨®n anexa a la denuncia y a los sellos y tampones manipulados que present¨® Vilar, con un informe de Agricultura que sostiene la existencia de "indicios razonables" de manipulaci¨®n en la documentaci¨®n presentada.

Por otra parte, la informaci¨®n publicada ayer por este diario sobre la investigaci¨®n abierta a Fabra por el Gobierno sobre el presunto uso electoral de los censos de extranjeros desencaden¨® diversas reacciones pol¨ªticas. La Subdelegaci¨®n de Gobierno de Castell¨®n mantiene con firmeza que existe constancia y sospechas claras de que por parte del PP de la provincia se ha solicitado informaci¨®n a alg¨²n Ayuntamiento sobre el censo local de inmigrantes, informa Amparo Panadero.

El subdelegado del Gobierno, Juan Mar¨ªa Calles, que particip¨® en unas jornadas de los socialistas castellonenses en Morella, se mostraba ayer contundente al asegurar que alguna junta local del PP en la provincia de Castell¨®n ya ha remitido peticiones por escrito a ayuntamientos para acceder a los datos del censo de inmigrantes. "Estamos pendientes de saber si alg¨²n gobierno local ha trasladado al PP alg¨²n tipo de informaci¨®n", dijo. Y Joan Ignasi Pla, l¨ªder de los socialistas valencianos, manifest¨® que "Castell¨®n no merece ser conocida s¨®lo por el caso Fabra".

Por su parte, Concha Amor¨®s, coordinadora local de Esquerra Unida en Castell¨®n, afirm¨® que "es, adem¨¢s de una ilegalidad, una clara y notoria demostraci¨®n de que ante el fen¨®meno de la inmigraci¨®n lo ¨²nico que le interesa al PP es conseguir al precio que sea, con m¨¦todos legales o ilegales, los votos de los ciudadanos rumanos".