El PSE solicita que el Tribunal de Cuentas audite el gasto en el 'plan Ibarretxe'

El Grupo Socialista quiere que el Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas incluya los gastos realizados por el Gobierno para elaborar y publicitar el plan Ibarretxe entre los informes de auditor¨ªa que realice en 2006. El PSE solicita tambi¨¦n que el tribunal d¨¦ su parecer en un an¨¢lisis de legalidad sobre los mismos.

La Presidencia del Gobierno realiz¨® entre 2002 y 2004 numerosas acciones y campa?as de difusi¨®n del proyecto del lehendakari, que la oposici¨®n cuestion¨® ya entonces al entender que se estaba usando dinero p¨²blico para promocionar lo que s¨®lo era una propuesta de parte y que no tuvo el aval de la aprobaci¨®n parlamentaria hasta el 30 de diciembre de 2004.

Ya un a?o antes de conocerse el texto y de su aprobaci¨®n en Consejo de Gobierno, el Ejecutivo reconoc¨ªa que hab¨ªa gastado 400.000 euros en m¨ªtines en Euskadi y viajes al extranjero para difundir la iniciativa y hab¨ªa buzoneado 800.000 folletos.Tanto la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, como el secretatrio general de la Presidencia, Jes¨²s Pe?a, eludieron ofrecer cifras concretas al respecto en el debate presupuestario de 2003. Ibarretxe ya hab¨ªa gastado en 2000, tras superar dos mociones de censura, 60 millones de pesetas (360.607 euros) en la difusi¨®n de su triple compromiso ¨¦tico, pol¨ªtico y democr¨¢tico que le sirvi¨® de base para la campa?a electoral de 2001. El Parlamento cerr¨® su actividad en marzo de ese a?o, justo antes de las elecciones que Ibarretxe hubo de anticipar por su situaci¨®n de minor¨ªa, aprobando a iniciativa de la oposici¨®n una moci¨®n de condena de ese comportamiento en la que se exig¨ªa adem¨¢s que suspendiese aquella campa?a institucional por entender que era partidista.

El PSE quiere ahora conocer el monto total que supuso aquel gasto para las arcas p¨²blicas y la opini¨®n del Tribunal de Cuentas sobre su adecuaci¨®n a la legalidad o no. El Grupo Socialista ya solicit¨® en febrero pasado esa actuacion, pero ha debido revalidarla ahora, junto con otras peticiones al Tribunal de Cuentas, para que la incorpore a su plan de trabajo para el a?o entrante, porque la Comisi¨®n de Econom¨ªa, Hacienda y Presupuestos no transmiti¨® al ¨®rgano auditor las solicitudes de los grupos al disolver el lehendakari la C¨¢mara el 22 de febrero. La socialista Joana Madrigal se lament¨® de que se haya perdido casi un a?o.

El Grupo Socialista ha incluido tambi¨¦n entre sus peticiones al ¨®rgano auditor que analice el gasto de las inversiones realizadas por el Gobierno en materias para las que no tiene a¨²n las competencias y quiere que informe tambi¨¦n sobre el modo en que se han ejecutado las ayudas a las v¨ªctimas del franquismo. Otra de sus propuestas es que audite el programa Bizigune de viviendas de alquiler, asuntos ¨¦stos dos ¨²ltimos de la responsabilidad del departamento de Javier Madrazo.

Consorcio de Aguas

Tambi¨¦n quiere el PSE que se fiscalicen todos los planes de actuaci¨®n pol¨ªtica e institucional aprobados en el ¨²ltimo lustro y se compruebe su eficiencia contrastando los resultados con los indicadores de los planes. Esta tarea puede ofrecer dificultades al tribunal, pues muchos de esos planes, a los que el Ejecutivo ha recurrido profusamente ante sus dificultades para legislar, han llegado al Parlamento sin dichos indicadores.

Junto a esos asuntos, el PSE reclama informes sobre diversas actuaciones concretas de los ayuntamientos de Vitoria y Bilbao y otras que conciernen a entes, fundaciones, organismos y sociedades p¨²blicas. Gran parte de ellos ya figuraban en la relaci¨®n de febrero, pero algunos, como el que concierne al Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia y sus inversiones en el extranjero, son nuevos. Tambi¨¦n lo son las peticiones de que se auditen los convenios urban¨ªsticos en cinco ayuntamientos nacionalistas.