La Sindicatura de Cuentas halla anomal¨ªas de 10 millones en FGC en la ¨¦poca de CiU

El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la contabilidad de Ferrocarrils de la Generalitat en los ¨²ltimos a?os de CiU es demoledor: no contabilizaba partidas que deb¨ªan figurar en los activos y que suponen un 44% del total, se sobrevaloraba el resultado de las empresas m¨¢s deficitarias (La Molina, N¨²ria y Cremallera de Montserrat) para disimular las p¨¦rdidas, no se hac¨ªa provisi¨®n de fondos para los premios de jubilaci¨®n de los empleados (1.137 millones de euros a 31 de diciembre de 2002), se aplazaba el pago de intereses para mejorar los resultados. Y esta lista, con ser larga, no incluye lo m¨¢s grave: dos contratos blindados (ambos ilegales) para el presidente de la empresa, Antonio Herce, y la creaci¨®n de un fondo de pensiones que finalmente se liquid¨® antes de tiempo sin conocimiento, ni en la constituci¨®n ni en la liquidaci¨®n, del Consejo de Administraci¨®n de la empresa. Gracias a esta operaci¨®n casi clandestina, 15 directivos de la firma p¨²blica se repartieron 3,2 millones de euros. Tambi¨¦n se perdieron seis millones en la venta al GIF del informe sobre el trazado del AVE.

Los partidos reconocen irregularidades en el sistema de contrataci¨®n de la empresa municipal Barcelona Regional

La deuda de Televisi¨® de Catalunya ascendi¨® a 143 millones de euros en 2001, seg¨²n un informe de control

15 directivos de Ferrocarrils de la Generalitat se repartieron 3,2 millones de euros a espaldas del Consejo de Administraci¨®n

Comparada con esto, la desviaci¨®n sin control contractual, de m¨¢s de seis millones de euros en la construcci¨®n del cremallera de Montserrat, es casi una nonada, lo que equivale a un incremento del 24% nunca rubricado con un contrato. Al menos, los diputados de la izquierda as¨ª lo consideraron. Jordi Turull (CiU), tuvo que lidiar el informe y se limit¨® a destacar sus aspectos positivos, pasando por alto todo lo dem¨¢s. La izquierda, en cambio, se ceb¨®. Jordi Terrades (PSC), Jordi Castells (ERC) y, sobre todo, Joan Boada (ICV) no dejaron pasar el hecho incuestionable, dijo este ¨²ltimo, de que lo que hicieron los directivos de la empresa p¨²blica fue repartirse dinero de los ciudadanos. Con ese dinero, record¨® Terrades, se hubiera podido construir una escuela p¨²blica o tres centros de atenci¨®n primaria.

Boada fue m¨¢s all¨¢ y pidi¨® que no se abandone el asunto y se haga lo posible para que el dinero sea resituido al erario p¨²blico. Como primera providencia, reclam¨® a la sindicatura el nombre de los 15 agraciados con una media de 32 millones de pesetas, en un "delito clar¨ªsimo". En su opini¨®n, estos directivos abrieron el caj¨®n del dinero, metieron la mano y la sacaron llena de billetes para su disfrute personal.

Documento fiscalizador

Boada evoc¨® los titulares de Pol¨ªtica Territorial que de 1991 a 2000 ignoraron o consitieron la operaci¨®n: Joaquim Molins, Josep Maria Cullell, Jaume Roma, Artur Mas y Pere Macias. Terrades se pregunt¨® que si no sab¨ªan lo que pasaba en las empresas de su departamento, ?c¨®mo dirig¨ªan el pa¨ªs? Y exigi¨® el retorno del dinero con intereses: cuatro millones de euros.

La sindicatura tambi¨¦n present¨® un documento fiscalizador de Barcelona Regional, la empresa municipal creada por el Ayuntamiento de Barcelona y los de otras localidades para estudiar proyectos urban¨ªsticos en el ¨¢rea metropolitana. El informe, que analiza el periodo 1993-2001, se?ala la existencia de anomal¨ªas en los sistemas de contrataci¨®n. As¨ª, indica que algunos proyectos se redactaron y entregaron antes de la firma del contrato, algo que contraviene la Ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas. Barcelona Regional ampli¨® el contrato a diversas empresas de forma directa, es decir, sin respetar los principios de publicidad y concurrencia. Esta variaci¨®n supuso "incrementos significativos" sobre el importe contratado inicialmente. La sociedad aludi¨® a "razones t¨¦cnicas, de urgencia y otras excepcionales", indica el informe. CiU pidi¨® a la Sindicatura un nuevo informe m¨¢s duro, pero el tripartito replic¨® que los jueces han dado por v¨¢lida la forma de operar de Barcelona Regional.

Los diputados de los cinco partidos con representaci¨®n en el Parlament reconocieron la existencia de irregularidades, aunque en un tono muy distinto. El convergente Jordi Turull aprovech¨® para desquitarse de las cr¨ªticas y replic¨® en la petici¨®n de responsabilidades. A juicio del representante nacionalista, la entidad metropolitana (controlada por los socialistas) se cre¨® "para eludir la ley de contratos", puesto que "adjudicaba centenares de millones en obras sin concurso ni publicidad". Y record¨® que personajes como Pasqual Maragall y Joan Clos formaron parte del Consejo de Administraci¨®n de la empresa. "?Se les puede pedir responsabilidades a ellos?", se pregunt¨®. En otro informe sobre Televisi¨® de Catalunya, los s¨ªndicos se?alaron la deuda acumulada por el organismo p¨²blico, que en 2001 ascend¨ªa a 143 millones de euros.