Derecho a la educaci¨®n

Esta semana que acabamos de dejar ha sido especialmente intensa en cuanto a noticias referidas a la educaci¨®n. La ¨²ltima fue la manifestaci¨®n de antes de ayer en Madrid convocada para salvaguardar la que algunos dicen amenazada libertad de elecci¨®n de centro. Tres d¨ªas antes la noticia estaba en la presentaci¨®n de los resultados de un estudio promovido por la Fundaci¨® Jaume Bofill sobre los datos para Catalu?a del informe PISA 2003, en el que se pon¨ªa de relieve el fuerte impacto de las desigualdades socioecon¨®micas en los resultados y las expectativas formativas de nuestros j¨®venes. Al d¨ªa siguiente, es decir el jueves, la noticia era otro informe, en este caso de la Comisi¨®n Europea, en el que se evidenciaba el peso excesivo de los malos resultados de nuestros alumnos al finalizar el periodo de la educaci¨®n obligatoria, es decir, la cantidad de alumnos con fracaso escolar, en comparaci¨®n con los resultados obtenidos en el resto de los pa¨ªses de nuestro entorno.

No ser¨¦ yo quien niegue el derecho a la elecci¨®n de centro. Es una realidad dif¨ªcilmente contestable en un contexto como el catal¨¢n, en el que la iniciativa social en materia educativa ha sido y sigue siendo muy importante y est¨¢ profundamente arraigada. Pero es necesario puntualizar dos aspectos. El primero y m¨¢s importane es que la elecci¨®n de centro no es ni puede considerarse un derecho absoluto ni de primera generaci¨®n. Antes debemos considerar y garantizar el derecho a la educaci¨®n, que a mi modo de ver es mucho m¨¢s que el derecho a la escolarizaci¨®n. Para entendernos, la escolarizaci¨®n es una condici¨®n necesaria para que el derecho a la educaci¨®n se pueda cumplir pero no es una condici¨®n suficiente, como los resultados del estudio de la Fundaci¨® Jaume Bofill y de la Comisi¨®n Europea ponen en evidencia.

Nadie puede dudar que el derecho a la escolarizaci¨®n es en nuestro pa¨ªs una realidad, con contad¨ªsimas excepciones como consecuencias de problemas de marginaci¨®n y exclusi¨®n social extremas. Pero creo que dif¨ªcilmente alguien podr¨¢ mantener que el derecho a la educaci¨®n se cumple satisfactoriamente en nuestro pa¨ªs. La complejidad de garantizar un derecho a partir de los resultados obtenidos es evidente, pero cuando una tercera parte de los destinatarios del derecho a la educaci¨®n no obtiene los resultados m¨ªnimos esperados y cuando la realidad se nos presenta tan poco equitativa, es decir, cuando factores sociales tienen un peso tan fuerte que claramente llegan a condicionar los resultados y a predestinar en gran medida la consecuci¨®n de los objectivos que dan sentido al derecho a la educaci¨®n, habr¨¢ que aceptar que es el ejercicio del propio derecho el que est¨¢ gravemente amenazado.

La eficacia del sistema educativo est¨¢ abiertamente cuestionada. Para corregir e incrementar la misma no se trata de imponer dirigismos ni controles burocr¨¢ticos absurdos desde las administraciones educativas. Pero es evidente que hay que plantear criterios de correcci¨®n, tanto en la planificaci¨®n de las necesidades de escolarizaci¨®n de la poblaci¨®n como en la garant¨ªa que la existencia de una red de titularidad privada no acaba convirti¨¦ndose consciente o inconscientemente en la expresi¨®n de una dualizaci¨®n del sistema educativo, en el que los mejores situados de la poblaci¨®n en cuanto a posici¨®n socioecon¨®mica se refiere se refugian en estos centros, marcando a¨²n m¨¢s la diferencia social con el resto de familias menos pudientes, que s¨®lo encuentran acceso en las escuelas de titularidades p¨²blicas. Es evidente, para que nadie saque conclusiones falsas de esta ¨²ltima afirmaci¨®n, que hay centros de todas caracter¨ªsticas tanto en la red de escuelas p¨²blicas como en la red de escuelas privadas o de iniciativa social. Y que tenemos escuelas p¨²blicas con un perfil ciertamente elitista (y en Barcelona hay ejemplos) y escuelas de titularidad privada con un componente esencialmente de servicio p¨²blico, no discriminatorio e integrador.

Es decir, en este debate hay que acabar con los falsos t¨®picos de lo p¨²blico y lo privado. Pero tambi¨¦n hay que corregir determinadas realidades que los resultados objetivos corroboran: con todas las excepcions que queramos, que seguro que son muchas, hoy se da un proceso de selecci¨®n -natural o inducida- en el ingreso de los chicos y chicas en las escuelas en funci¨®n de su titularidad. Y tambi¨¦n se d¨¢, y estudios que est¨¢n a punto de ver la luz lo ponen en evidencia, una gran diferenciaci¨®n en cuanto a resultados se refiere en funci¨®n de la titularidad de los centros. Es decir, el riesgo de dualizaci¨®n de nuestro sistema educativo no es una hip¨®tesis de trabajo, es una constataci¨®n emp¨ªrica. Y ante ella podemos mirar hacia otro extremo o intentar abordar el reto. Mejorar la calidad y garantizar una mayor equidad. ?ste es el contenido b¨¢sico del derecho a la educaci¨®n. Y en este contexto la libertad de elecci¨®n de centro hay que mantenerlo, pero la libertad tienen que ser para todos, no s¨®lo para aquellos que la pueden pagar. La peor defensa de la libertad de elecci¨®n que se puede hacer es la que o¨ª el s¨¢bado pasado en el informativo de las 19.00 horas de la Cadena Ser. La presidenta de una de las organizaciones convocantes de la manifestaci¨®n de Madrid, de cuyo nombre no me quiero acordar, dec¨ªa en los micr¨®fonos de la emisora - y la cita es casi textual- que "de la misma manera que ser¨ªa inaceptable que en una calle donde hay una carnicer¨ªa el Gobierno abriera otra enfrente de ella porque eso ser¨ªa competencia desleal, tampoco es de recibo que algo similar ocurra con las escuelas". Lamentable, aunque detr¨¢s de la manifestaci¨®n hubiera 500.000 personas.