Derechos en riesgo

Visto lo que sucede en pa¨ªses de s¨®lida tradici¨®n democr¨¢tica como EE UU y Reino Unido, que han recortado severamente derechos y garant¨ªas frente a la arremetida terrorista, es destacable que Espa?a haya respondido a ese desaf¨ªo -de ETA y Al Qaeda- con medidas que no violentan su entramado jur¨ªdico-constitucional. As¨ª lo se?ala el informe presentado la semana pasada por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, ?lvaro Gil-Robles.

Esa "s¨®lida cultura" de respeto a los derechos humanos de que habla el informe, y que el terrorismo aspira a poner en cuesti¨®n con sus provocaciones, es compatible con la existencia de "sectores de riesgo" en los que se hace necesaria la m¨¢xima vigilancia por parte de las autoridades. El informe, remitido al Gobierno con diversas recomendaciones, centra esos riesgos en el tratamiento de la inmigraci¨®n, en la situaci¨®n carcelaria y en la escalada de violencia dom¨¦stica, sin olvidar los que conlleva la detenci¨®n policial.

Gil-Robles llega a la conclusi¨®n de que "ni la tortura ni los malos tratos existen como pr¨¢ctica sistem¨¢tica en Espa?a", pero propone al Gobierno que se alarguen los plazos de prescripci¨®n del delito de tortura o que, incluso, se declare imprescriptible, y que el r¨¦gimen de incomunicaci¨®n judicial de los detenidos por terrorismo -de hasta 18 d¨ªas- permita al menos una entrevista en privado del inculpado con su abogado. La propuesta de Gil-Robles es razonable. La tortura es un delito oculto, de dif¨ªcil investigaci¨®n dada la ventaja de que gozan los torturadores para borrar las pruebas, por lo que declararlo imprescriptible, como ya lo es en el derecho internacional, o alargar sus plazos de prescripci¨®n facilitar¨ªa su persecuci¨®n judicial. De otro lado, se constata un hecho de antiguo advertido por otros informes: son las polic¨ªas auton¨®micas y locales las m¨¢s afectadas por denuncias de malos tratos.

El informe es particularmente cr¨ªtico con episodios como la "expulsi¨®n expeditiva" de 73 inmigrantes subsaharianos, algunos de ellos demandantes de asilo, en los recientes sucesos de Ceuta y Melilla. Tambi¨¦n merece la m¨¢xima atenci¨®n su denuncia de la saturaci¨®n carcelaria producida en los ¨²ltimos cuatro a?os, efecto de una pol¨ªtica de seguridad ciudadana basada en un rigorismo penal que impide de hecho la reinserci¨®n del delincuente -una finalidad constitucional de la pena- y que exige un ingente gasto presupuestario en infraestructuras penitenciarias que no se ha producido.