El Gobierno anula un PAI de 800 viviendas en la costa de Orihuela por invadir zona p¨²blica
El Ayuntamiento defiende la legalidad de las obras y recurre a la Audiencia Nacional
El Gobierno ha anulado una urbanizaci¨®n con unas 800 viviendas en primera l¨ªnea de playa de Orihuela, promovida por el grupo Urbincasa, por invadir la zona de servidumbre mar¨ªtimo-terrestre en 80 metros. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, ha recurrido la orden ministerial a la Audiencia Nacional porque, de acuerdo con los par¨¢metros del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU), la zona de servidumbre en ese tramo de costa es de 20 metros.
El ministerio de Medio Ambiente, en una orden de 1 de marzo de 2004, fij¨® una zona de servidumbre de 100 metros en el tramo de costa de la Dehesa de Campoamor, en el t¨¦rmino de Orihuela. En esa zona se ha ejecutado desde 2002 el Plan Parcial de Ordenaci¨®n Nuevas Ampliaciones 1? y 2? Fase de la Dehesa de Campoamor, cuya aprobaci¨®n definitiva data de 29 de noviembre de 1976 por la Comisi¨®n Territorial de Urbanismo de Alicante. El Ayuntamiento autoriz¨® en 2002 las licencias de obras con una servidumbre de 20 metros por ser suelo urbanizable programado.
El Consistorio dio luz verde al proyecto pese a una resoluci¨®n de la direcci¨®n general de Costas que advert¨ªa de la "caducidad" del plan parcial al haber transcurrido el plazo m¨¢ximo de 20 a?os para su ejecuci¨®n. La resoluci¨®n de Costas, de febrero de 2000, dec¨ªa: "Los terrenos en cuesti¨®n estaban clasificados como suelo urbanizable programado con el plan parcial aprobado a la entrada en vigor de la Ley de Costas. El plan de etapas del mencionado plan parcial est¨¢ agotado seg¨²n corroboran los ¨®rganos urban¨ªsticos competentes. Se ha indicado al Ayuntamiento de Orihuela desde diversos organismos la necesidad de revisar el planeamiento para adaptarlo a las determinaciones de la Ley de Costas y este [el Consistorio] ha manifestado su no disposici¨®n a la modificaci¨®n del mismo".
La responsable del ¨¢rea de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela, Eva Ortiz, defiende la legalidad de los acuerdos de la corporaci¨®n a la hora de autorizar el proyecto. Para Ortiz, la zona de servidumbre en ese tramo de costa es de 20 metros, "como recoge el PGOU de 1990 por tratarse de suelo urbanizable", precisa. "El plan parcial no est¨¢ agotado porque se retom¨® en 1997 con un nuevo proyecto de reparcelaci¨®n", argumenta. La edil resalta que todas las decisiones del Ayuntamiento sobre esa actuaci¨®n est¨¢n avaladas por la Comisi¨®n Territorial de Urbanismo y el Servicio de Costa del Consell.
La concejal mantiene que el Ayuntamiento sigui¨® adelante con la tramitaci¨®n del plan, pese a la resoluci¨®n de Costas, "porque no es un organismo competente en materia urban¨ªstica y, adem¨¢s, no se trata de una resoluci¨®n o acto administrativo definitivo". El Ayuntamiento, la promotora y la Generalitat, han recurrido la orden ante la Audiencia Nacional.
El Ayuntamiento plantea su recurso en base a que la competencia en materia urban¨ªstica es de los ayuntamientos y la Administraci¨®n auton¨®mica. El Consistorio resalta que la anchura de servidumbre de 20 metros de ese tramo de costa fue informada favorablemente por Costas en julio de 1990.
La supuesta ilegalidad de la urbanizaci¨®n fue denunciada ante la Generalitat por un promotor de la zona en septiembre de 2003.
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