La ley por el derecho a la vivienda

El borrador del anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, elaborado por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalu?a y presentado el pasado 24 de octubre, es un gran paso adelante en el proceso de elaboraci¨®n de una ley que el tripartito, en los acuerdos iniciales del Tinell, puso como prioritaria. Se trata de conseguir que lo que define el art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n espa?ola sea efectivo; es decir, que los ciudadanos tengan realmente derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que la comunidad participe de las plusval¨ªas que genera la acci¨®n urban¨ªstica. Este anteproyecto constituye la puesta al d¨ªa de una legislaci¨®n obsoleta, tomando ejemplo de pa¨ªses europeos en los que el Estado de bienestar est¨¢ m¨¢s consolidado, como Francia, Alemania e Inglaterra, y aprendiendo de los que sufrieron la crisis del estallido de la burbuja inmobiliaria, como Holanda (en 1982 con la ca¨ªda del 48%) y Finlandia (en 1991 con la ca¨ªda del 47%), y que tuvieron que impulsar pol¨ªticas sociales de vivienda.

El diagn¨®stico del que parte la propuesta de ley est¨¢ ajustado a la realidad: detecta cu¨¢les son los sectores sociales marginados por el problema de la vivienda; en qu¨¦ medida la especulaci¨®n sobre el precio del suelo es la responsable del incremento de los costes, o c¨®mo se producen situaciones irregulares en las que los intereses privados van en contra del bien com¨²n. Mientras que se necesitan viviendas, un porcentaje de ellas est¨¢n subocupadas o desocupadas; es decir, no cumplen con sus objetivos; de manera que la ley prev¨¦ que tras dos a?os de no utilizarse se podr¨ªa actuar sobre ellas. La sobreocupaci¨®n se produce en barrios populares, generalmente degradados, en los que va a ser necesaria la presi¨®n de la inspecci¨®n y el poder disponer de alternativas. Y el mal mantenimiento del patrimonio residencial resulta de que el derecho a la propiedad se mofa de la funci¨®n social de la vivienda potenciando situaciones fraudulentas que dejan arruinar los edificios para expulsar a los inquilinos y sacar rentabilidad de la nueva edificaci¨®n.

Los redactores de la ley conocen la p¨¦sima calidad del patrimonio residencial. No olvidemos que, por desgracia, en Catalu?a s¨®lo el 10,6% de la vivienda es anterior a 1950 y tiene cierto inter¨¦s patrimonial, y una parte muy importante est¨¢ deteriorada; y de las construidas en Catalu?a entre 1950 y 1970, el 52% de los pisos fueron hechos con cemento aluminoso (casi 500.000) y el 13% han tenido graves patolog¨ªas (113.000). En definitiva, demasiadas viviendas sin luz y sin sol, con interiores laber¨ªnticos y habitaciones miserables.

Las medidas legales que se proponen parecen ajustadas a la situaci¨®n, a los medios y al objetivo de paliar el problema de la vivienda: se crea un registro ¨²nico de solicitantes de vivienda protegida para garantizar la coordinaci¨®n y la transparencia en la adjudicaci¨®n; se va a fomentar la creaci¨®n de vivienda social de alquiler y se introducen nuevas figuras de viviendas con alg¨²n grado de protecci¨®n para alcanzar a sectores m¨¢s amplios; se establece un l¨ªmite de 90 a?os para la vivienda de protecci¨®n construida en suelo de protecci¨®n; se refuerza el derecho de retracto que da prioridad al Gobierno catal¨¢n y a los municipios para la adquisici¨®n de suelo en las zonas de actuaci¨®n social; se establecen medidas para evitar procesos de degradaci¨®n y desocupaci¨®n, y se va a insistir en la mezcla social en la vivienda de protecci¨®n oficial para no crear guetos. Un c¨²mulo de buenas intenciones que se plantea con la voluntad de sinton¨ªa con lo que vaya a proponer la nueva ley de urbanismo del Ministerio de la Vivienda y con el fomento de las pol¨ªticas locales de los municipios.

Ahora bien, esta ley, muy reglamentista y economicista, que quiere poner al d¨ªa a la sociedad catalana para afrontar el contempor¨¢neo problema de la vivienda, se queda corta en muchas cuestiones clave que ser¨ªan mejorables.

Aunque se trate, parad¨®jicamente, de un departamento de medio ambiente, pocas medidas se plantean directamente con el objetivo de la sostenibilidad. Es cierto que la aplicaci¨®n de la ley ir¨¢ a favor del medio ambiente y que se habla de ecoeficiencia, pero el ¨¦nfasis en cuestiones como la relaci¨®n con el lugar, la orientaci¨®n y el clima de la obra nueva deber¨ªa ser mucho mayor.

Tampoco se insiste en un asunto mucho m¨¢s clave que el mismo objeto vivienda: ?d¨®nde se van a promover estas intervenciones? M¨¢s que miles de viviendas, lo prioritario es la calidad de unos trazados que se basen en la reestructuraci¨®n del suelo urbano, que partan de la reurbanizaci¨®n de las periferias y de la reforma y rehabilitaci¨®n de los tejidos hist¨®ricos.

Tambi¨¦n es insuficiente por lo que respecta a que la vivienda responda a exigencias contempor¨¢neas tales como la variedad actual de estructuras familiares, la defensa de la igualdad de oportunidad de sexos, y la previsi¨®n de la influencia de las nuevas tecnolog¨ªas en el entorno dom¨¦stico.

Por ¨²ltimo, aunque se habla de cualidad, explicitada en los conceptos de habitabilidad, funcionalidad, accesibilidad, visitabilidad y seguridad, nada se establece en relaci¨®n con la calidad de la arquitectura; es decir, con las cualidades de los espacios, el control de la calidad tecnol¨®gica de la construcci¨®n, y la capacidad de los equipamientos colectivos de dichas viviendas. Podemos construir muchas viviendas, pero ser¨¢n insuficientes si no sirven para mejorar y reestructurar el paisaje, si no tienen cualidades como la flexibilidad y perfectibilidad, si no son saludables y sostenibles, si no tienen la capacidad para adaptarse a los cambios, si no est¨¢n nutridas de infraestructuras y equipamientos. En esto el Gobierno catal¨¢n se queda por detr¨¢s de la ambici¨®n del Gobierno central del PSOE, que ha creado un ministerio espec¨ªfico para la vivienda, el cual ha se?alado como una de sus prioridades la promoci¨®n de la calidad de la arquitectura espa?ola, y que est¨¢ ultimando, entre otras medidas, una normativa para promover la vivienda experimental.

En cualquier caso, la propuesta de esta ley apunta a la esperanza de que va a haber un cambio: por fin se activar¨¢ el conjunto del parque de vivienda y se va a dar prioridad al bien social por encima de la dictadura de los intereses del sector inmobiliario.

Josep Maria Montaner es arquitecto y catedr¨¢tico de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (UPC).