Alrededores de ETA

El juicio contra 56 miembros de organizaciones del entorno de ETA iniciado ayer en Madrid, y que se prolongar¨¢ durante al menos cuatro meses, pondr¨¢ a prueba la tesis del juez Garz¨®n seg¨²n la cual esa organizaci¨®n no s¨®lo est¨¢ compuesta por los que realizan los atentados, sino tambi¨¦n por un entramado de organizaciones legales o alegales que funcionan como un todo. Los procesados lo son por los supuestos delitos de integraci¨®n o colaboraci¨®n con organizaci¨®n terrorista.

La investigaci¨®n de Garz¨®n, que ya sirvi¨® para la suspensi¨®n judicial de actividades de Batasuna en 2002, viene a sostener que ETA cre¨® en su momento un organismo denominado KAS (siglas de Koordinadora Abertzale Sozialista), encargado de coordinar, bajo la direcci¨®n de la organizaci¨®n armada, las actuaciones de los distintos frentes: pol¨ªtico, informativo, cultural, econ¨®mico, etc¨¦tera. Una parte (no todos) de los miembros de esas organizaciones actuar¨ªan como delegados (o comisarios pol¨ªticos) de ETA en ellas. Ekin, a la que pertenecer¨ªan varios de los procesados, ser¨ªa la prolongaci¨®n con otro nombre de KAS. De las decenas de actas de reuniones de esa coordinadora incautadas por la polic¨ªa se desprende que todos los organismos en ella representados tienen voz, pero la ¨²ltima palabra la tiene ETA como "vanguardia" del entramado.

A los acusados les asiste la presunci¨®n de inocencia, por supuesto, pero en absoluto puede considerarse, como pretenden sus protectores, que se trate de un proceso en el que se juzga la ideolog¨ªa de esas personas. Lo que se juzga, tras a?os de investigaci¨®n, es su vinculaci¨®n con una organizaci¨®n terrorista, aunque no hayan empu?ado las armas. La idea de que lo ¨²nico que hay detr¨¢s de los 200.000 folios del sumario es el "impulso pol¨ªtico" del Gobierno para "criminalizar al independentismo vasco" es una falacia, como lo demuestra la existencia de organizaciones independentistas, no vinculadas a ETA, perfectamente legales.

Los mismos que denuncian ese supuesto "impulso pol¨ªtico" como prueba de la falta de independencia de los jueces exigen ahora al Gobierno que intervenga para que el sumario sea archivado. El argumento es que una condena podr¨ªa tener efectos negativos para el proceso de pacificaci¨®n. Tambi¨¦n se argument¨® en su momento que la ilegalizaci¨®n de Batasuna reforzar¨ªa a los sectores m¨¢s intransigentes, y ocurri¨® lo contrario. De acuerdo con la declaraci¨®n aprobada por el Congreso, podr¨¢ haber di¨¢logo (sin descartar eventuales medidas de gracia) tras el compromiso de cese definitivo de la violencia. Pero no antes, y mucho menos antes de que act¨²e la justicia.