El Gobierno suprime el derecho de veto que manten¨ªa sobre cuatro empresas

La acci¨®n de oro, instrumento de control que se reserva el Estado desde 1995 sobre las compa?¨ªas privatizadas, fue derogada ayer por el Gobierno para acatar una sentencia de mayo de 2003 del Tribunal de Justicia de la UE que declar¨® ilegal la norma espa?ola. Telef¨®nica, Repsol YPF, Iberia y Endesa a¨²n manten¨ªan este sistema, que permit¨ªa al Ejecutivo vetar cambios significativos en el capital o el funcionamiento de los antiguos monopolios. La acci¨®n de oro nunca se lleg¨® a utilizar, pero la posibilidad de hacerlo bast¨® para frustrar la fusi¨®n de Telef¨®nica con KPN en 2000.

La derogaci¨®n de la acci¨®n de oro ser¨¢ tramitada como ley, por lo que el Consejo de Ministros aprob¨® ayer enviar el proyecto, con car¨¢cter de urgencia, al Congreso. Con la supresi¨®n de esta norma se pone fin a una larga pol¨¦mica que se ha desarrollado entre Madrid y Bruselas desde 1998, pero que tambi¨¦n ha afectado a otros pa¨ªses europeos con normativas similares, como Francia, Reino Unido o Italia.

"En la actual situaci¨®n", los controles p¨²blicos resultan ya "innecesarios" y mantenerlos "podr¨ªa suponer un lastre para el funcionamiento de las empresas" en las que se manten¨ªa esta potestad y que ya est¨¢n privatizadas, explic¨® la vicepresidenta primera, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, informa Efe.

La derogaci¨®n de la acci¨®n de oro supone adelantar la fecha de caducidad de este r¨¦gimen, que en el caso de Repsol YPF se iba a producir el 6 de febrero de 2006, en Iberia el 3 de abril de 2006, en Telef¨®nica el 18 de febrero de 2007 y en Endesa el 8 de junio de 2007. Respecto a la el¨¦ctrica, fuentes financieras citadas por Efe aseguran que este hecho no afectar¨¢ al calendario de la oferta p¨²blica de adquisici¨®n lanzada por Gas Natural sobre Endesa. Tabacalera (actual Altadis), Argentaria (entidad fusionada ahora en el BBVA) e Indra tambi¨¦n tuvieron acci¨®n de oro hasta 2000, 2001 y 2004.

Decisi¨®n forzada

El Gobierno se ha visto forzado a acelerar el fin de la acci¨®n de oro para acatar la petici¨®n de Bruselas, que en julio pasado exigi¨® a Madrid que ejecutara la sentencia de mayor de 2003 del Tribunal de Justicia de la UE que consideraba que la legislaci¨®n menoscababa "gravemente" la libre circulaci¨®n de capitales.

Bruselas ha instado en dos ocasiones a Espa?a a cumplir el fallo, bajo amenaza de multa de hasta 50 millones de euros. En 2003, el Gobierno el PP, con Rodrigo Rato como ministro de Econom¨ªa, modific¨® la Ley de Privatizaciones de 1995 para trasladar la sentencia que fue insuficiente, seg¨²n la Comisi¨®n. Recientemente, el Ejecutivo del PSOE, con Pedro Solbes como ministro de Econom¨ªa, envi¨® otra propuesta de modificaci¨®n, que tambi¨¦n fue rechazada y se ha optado por la derogaci¨®n.

Para suprimir la norma, se tiene que derogar el r¨¦gimen de enajenaci¨®n de participaciones p¨²blicas en determinadas empresas que estableci¨® esa Ley de Privatizaciones de 1995. El Gobierno remitir¨¢ ahora un escrito a la Comisi¨®n en el que le informar¨¢ de que el proceso para acatar la sentencia se ha iniciado.

La acci¨®n de oro ha sido una norma controvertida con unas reglas establecidas para su aplicaci¨®n (v¨¦ase gr¨¢fico). Pero lo cierto es que, como record¨® ayer la vicepresidenta Fern¨¢ndez de la Veja, "nunca hab¨ªa sido utilizada". Al menos, formalmente. Aludiendo a la acci¨®n de oro, el Gobierno del PP vet¨® en mayo de 2000 la fusi¨®n de Telef¨®nica y la compa?¨ªa de telefon¨ªa holandesa KPN, alegando que el Estado holand¨¦s ten¨ªa un 43%.

?sta no es la ¨²nica norma restrictiva que permit¨ªa al Gobierno intervenir en operaciones empresariales. El ex ministro Rato vet¨® en mayo de 2001 la compra de Hidrocant¨¢brico por parte de la alemana EnBW y la portuguesa EDP. Para ello recurri¨® a una disposici¨®n adicional de la Ley de Presupuestos de 2000 que fija que cuando una empresa con capital p¨²blico (tanto EnBW como EDP) entra en el capital de una compa?¨ªa que realice su actividad en el mercado energ¨¦tico, sus derechos pol¨ªticos en la adquirida no pueden superar el 3%.