Privilegios y libertades

CUALQUIERA que tenga contacto con la escuela privada sabe que hay una raz¨®n inconfesable en el rechazo a la ley de educaci¨®n: el temor a tener que acoger inmigrantes en las aulas de las escuelas concertadas. Saben que a los padres no les gusta nada que sus hijos compartan clase con magreb¨ªes o subsaharianos, porque el racismo es una enfermedad muy extendida, pero sobre todo por una cuesti¨®n de clase, no fuera que despu¨¦s de llevar a los hijos a un colegio de pago acabaran cas¨¢ndose con un pobre moro. Y temen adem¨¢s que la presencia de inmigrantes, a los que se supone menor equipaje cultural -que es mucho suponer, dada la media nacional- y mayores problemas de adaptaci¨®n, tenga como efecto una disminuci¨®n del nivel de la ense?anza. Son dos factores que pueden tener efectos sobre la cuenta de resultados. Por tanto, les va el negocio. Naturalmente, el argumento es demasiado incorrecto para esgrimirlo en p¨²blico y se viste con ropajes m¨¢s delicados como la libertad de elecci¨®n de centro, que, como toda reivindicaci¨®n que empieza por la palabra libertad, parece incontestable.

Los procesos reivindicativos tienen su ciclo. Naturalmente, una vez una propuesta de ley entra en escena, los disconformes son los primeros en hacer ruido. Y la alianza entre una parte de la escuela privada, el Partido Popular y la Iglesia ha conseguido provocar muchos decibelios medi¨¢ticos. Tanto que hubo un momento en que pareci¨® que los ¨²nicos problemas de la ense?anza eran los que afectaban a la escuela privada. Hubo que recordar que el 70% de los estudiantes se forman en la escuela p¨²blica. Y que la calidad de la ense?anza s¨®lo se puede mejorar reforzando la p¨²blica, que es la ¨²nica que garantiza escolaridad a todos los niveles sociales, porque el mercado es ineficiente a la hora de distribuir determinados bienes de primera necesidad. La irrupci¨®n de los obispos, siempre dispuestos a acudir en auxilio de la derecha y siempre atentos a la defensa de sus privilegios, ha provocado la reacci¨®n del sector que parec¨ªa silenciado: los defensores de la escuela p¨²blica y los que est¨¢n hartos del obsequioso trato que se sigue ofreciendo a la Iglesia.

El Gobierno, que se hab¨ªa situado absurdamente a la defensiva, ha comprendido que su parroquia tambi¨¦n existe y que su primera obligaci¨®n es ocuparse de ella y no asustarse ante las ofensivas del frente pol¨ªtico-religioso conservador. Y lo ha hecho en dos etapas: primero, advirtiendo a la Iglesia de que en materia de dineros las cosas pod¨ªan cambiar a la baja. Y la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica ha demostrado entender el mensaje perfectamente con un s¨²bito cambio de tono, es decir, pasando el uso de la palabra de Rouco a Bl¨¢zquez. Segundo: recordando que el primer puntal del servicio p¨²blico educativo es la escuela p¨²blica y que la privada lo ejerce con car¨¢cter complementario. Y algunos sectores han entendido el mensaje y se han empezado a distanciar del bloque de la contestaci¨®n callejera.

Una negociaci¨®n de la ley en busca de un amplio consenso, aunque signifique retrasarla, es, sin duda, deseable. Nadie sensato puede celebrar este estado de inseguridad permanente en que vive la educaci¨®n espa?ola, que ve c¨®mo cada cambio de Gobierno supone un cambio de marco legal. La continuidad de criterios y de pautas es un factor b¨¢sico para el buen funcionamiento de la ense?anza. Pero para que el consenso sea posible, tiene que haber un territorio com¨²n. Si no lo hay, las ofertas negociadoras son brindis al sol, que se hacen simplemente para cargar sobre el adversario la imposibilidad del acuerdo. "Si se trata de marginar a la escuela p¨²blica o de imponer la religi¨®n, b¨²squese a otro". Con esta respuesta a Rajoy, Zapatero ha definido el per¨ªmetro de la negociaci¨®n posible. No pod¨ªa ser de otra manera. El Estado debe velar por la formaci¨®n de todos los j¨®venes. Para ello, la escuela p¨²blica es prioritaria. Y la privada, si quiere cooperar en la tarea y recibir recursos para ello, debe situarse dentro de los par¨¢metros del objetivo com¨²n: educaci¨®n para todos.

Antes que la libertad de elecci¨®n de centro, est¨¢ el derecho a recibir educaci¨®n. El Estado, que vela para que todos estudien, puede tener que intervenir en el reparto de los estudiantes en los centros para que esto sea posible en las mejores condiciones. Y la escuela privada, si quiere ser servicio p¨²blico -y beneficiarse de las ventajas que ello supone-, debe compartir las responsabilidades derivadas de la obligaci¨®n de educar a todos. Los que no quieran, que se busquen financiaci¨®n. No intenten vendernos como un debate sobre libertades lo que s¨®lo es un debate sobre privilegios.