El Tribunal de Cuentas fiscalizar¨¢ el gasto del Gobierno en el 'plan Ibarretxe'
Los partidos aprueban por asentimiento las prioridades en las auditor¨ªas del a?o pr¨®ximo
El Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas fiscalizar¨¢ todos los gastos que ha realizado el Gobierno para elaborar y difundir el plan Ibarretxe. ?sta es una de las auditor¨ªas incluidas en el programa de trabajo del principal ¨®rgano fiscalizador de la comunidad aut¨®noma para 2006. La revisi¨®n de los gastos del plan Ibarretxe y su an¨¢lisis de legalidad se han introducido a petici¨®n del PSE, que mostr¨® su satisfacci¨®n por esta circunstancia. La Comisi¨®n de Econom¨ªa del Parlamento aprob¨® ayer por asentimiento las prioridades de fiscalizaci¨®n del tribunal, como ha venido siendo habitual en los ¨²ltimos a?os. El organismo auditor, que act¨²a por delegaci¨®n de la C¨¢mara, fiscaliza la gesti¨®n econ¨®mica y financiera del sector p¨²blico de la comunidad aut¨®noma, adem¨¢s de aquellas personas, entidades y sociedades que reciben fondos de car¨¢cter p¨²blico.
Entre 2002 y 2004, el Ejecutivo desarroll¨® numerosas acciones y campa?as de difusi¨®n del proyecto del lehendakari. La oposici¨®n ya cuestion¨® en su momento esta iniciativa por entender que se estaba gastando dinero p¨²blico para promocionar una propuesta partidista de reforma estatutaria. Antes incluso de que el Consejo de Gobierno diese luz verde al texto, el Ejecutivo reconoci¨® un gasto de 400.000 euros en mitines en Euskadi y viajes al extranjero para difundir el proyecto. Tambi¨¦n lleg¨® a buzonear en los domicilios hasta 800.000 folletos.
Minutos antes de que comenzara la sesi¨®n de la Comisi¨®n de Econom¨ªa, PNV, EA, PSE y PP se pusieron de acuerdo para eliminar algunas de las peticiones incluidas en sus respectivos listados y hacer as¨ª m¨¢s factible el trabajo del tribunal. Ezker Batua, Aralar y EHAK no estuvieron presentes. Junto a las demandas del Parlamento, el ¨®rgano fiscalizador tiene que hacer frente a las auditor¨ªas que ya realiza peri¨®dicamente.
El PSE es el partido que m¨¢s propuestas ha incluido en el plan de trabajo del tribunal. Adem¨¢s de la auditor¨ªa sobre el plan Ibarretxe, ha propuesto la fiscalizaci¨®n del programa Bizigune de gesti¨®n de viviendas vac¨ªas, de las ayudas a las v¨ªctimas del franquismo, del plan plurianual de inversiones de la Universidad del Pa¨ªs Vasco y del Museo Guggenheim. Tambi¨¦n ha pedido auditar algunos aspectos del Ayuntamiento de Vitoria (contrato de limpieza de la ciudad y auditorio) y del Ayuntamiento de Bilbao (convenios urban¨ªsticos).
EA defendi¨® las fiscalizaciones de los ayuntamientos de Mungia, Legutiano y Pasaia en los a?os 2004 y 2005, mientras que el PNV incluy¨® las auditor¨ªas de los municipios de Etxebarri, Gatika, Lasarte, Ormaiztegi y Sopuerta, y la actuaci¨®n de la Diputaci¨®n de ?lava en las obras de la autopista ?ibar-Vitoria. Por su parte, el PP solicit¨® la fiscalizaci¨®n de los ayuntamientos de Llodio, Orozko, San Sebasti¨¢n y Salvatierra.
L¨ªmite de prioridades
La presidenta de la Comisi¨®n de Econom¨ªa, la peneuvista Covadonga Solaguren, plante¨® ayer a los partidos la posibilidad de limitar para pr¨®ximos ejercicios a 12 el n¨²mero de peticiones que realiza cada grupo al Tribunal de Cuentas, de manera que ¨¦ste pueda atender todas las demandas. Solaguren puntualiz¨® que se trata de una "recomendaci¨®n".
Joana Madrigal, la representante del PSE, acept¨® la sugerencia, pero a?adi¨® que ser¨ªa conveniente que el tribunal les adelantase su plan de trabajo para conocer con precisi¨®n qu¨¦ aspectos va a tratar en las diferentes fiscalizaciones. Seg¨²n Madrigal, esa informaci¨®n resulta muy ¨²til, ya que, si no, en las 12 posibles sugerencias se podr¨ªa plantear una que se refiriese, por ejemplo, al Ayuntamiento de Vitoria, en la que se demandase desde los convenios urban¨ªsticos a la auditor¨ªa de todas las contratas. "Y al final resulta que no son 12, sino que salen muchas m¨¢s". El tribunal no ha tenido este a?o prioridades por parte del Parlamento, ya que la Comisi¨®n de Econom¨ªa no tuvo tiempo de aprobarlas debido a la disoluci¨®n de la C¨¢mara por el adelanto electoral.
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