Medio Ambiente demanda a Murcia por ganar terreno al mar para construir viviendas

El Ministerio de Medio Ambiente ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra el Gobierno de Murcia ( PP) por permitir un complejo tur¨ªstico (818 viviendas, campo de golf, playa artificial y puerto deportivo) en terreno ganado al mar, algo prohibido. La demanda incluye un informe de 1997 de los servicios jur¨ªdicos de la comunidad que advierte de la ilegalidad y que afirma que si el ministerio demandaba, la comunidad tendr¨ªa que dar una cuantiosa indemnizaci¨®n a los promotores, entre los que estaba un alto cargo del PP regional. En 2001, los servicios jur¨ªdicos de Obras P¨²blicas insistieron en que era ilegal. Pese a todo, la comunidad aprob¨® el proyecto en 2003. El Tribunal Superior de Murcia paraliz¨® las obras cautelarmente en junio.

La empresa Puertomayor SA logr¨® permiso para obrar un mill¨®n de metros cuadrados (un 40% ganados al mar) en 1975. Un Consejo de Ministros franquista dio cuatro a?os para la construcci¨®n. La empresa consigui¨® una pr¨®rroga en 1979. En 1982, el Gobierno de la UCD suspendi¨® la licencia cuando la empresa pidi¨® un nuevo aplazamiento. En 1988, el Gobierno regional (del PSOE) levant¨® la suspensi¨®n de la obra y meses despu¨¦s suspendi¨® la licencia tras un recurso de su jefe de medio natural. Puertomayor recurri¨® la suspensi¨®n y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia fall¨® en 1996 que la comunidad hab¨ªa cometido un defecto de forma al anular las obras. Esa es, muy resumida, la prehistoria de la obra.

Con la sentencia, la empresa pidi¨® permiso para construir el complejo. El Gobierno de Murcia, ya del PP, pidi¨® a sus servicios jur¨ªdicos un informe para ver si pod¨ªa reanudar las obras. La respuesta del jefe de los servicios jur¨ªdicos y hoy presidente del Consejo Jur¨ªdico, Juan Meg¨ªas, fue clara: la cesi¨®n de dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre (la l¨ªnea de playa en la que no se puede construir) pod¨ªa ser v¨¢lida en 1975, pero no en ese momento. La Ley de Costas, de 1988, invalidaba la cesi¨®n.

Informe desconocido

"Esta causa de nulidad ser¨ªa, muy probablemente, motivo para que la Administraci¨®n del Estado, titular del dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre, instara en alg¨²n momento la revisi¨®n de dicha resoluci¨®n y, desde luego, se negar¨ªa a reconocer la propiedad privada de esos terrenos ganados al mar", se?ala el informe, de diciembre de 1997, y hasta ahora desconocido. El texto, firmado por dos abogados, a?ade que si la demanda de Medio Ambiente se produjese despu¨¦s de realizadas las obras "podr¨ªa acarrear importantes consecuencias indemnizatorias para esta Administraci¨®n", la auton¨®mica, por ser responsable de la licencia. Adem¨¢s, afirma que para construir la obra hac¨ªa falta un nuevo permiso. El 31 de mayo de 2001, los servicios jur¨ªdicos de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas afirmaron en otro informe que el proyecto "no estaba suficientemente definido para autorizar la reanudaci¨®n de las obras" y se?alaron que los terrenos ganados al mar son bienes de dominio p¨²blico, en los que no se puede construir.

El Gobierno regional ignor¨® los informes y en 2000 aprob¨® la declaraci¨®n de impacto ambiental de las "2.155 viviendas, locales comerciales y un hotel". La declaraci¨®n admite que "las obras proyectadas ocupar¨¢n una superficie aproximada de un mill¨®n de metros cuadrados de dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre, limitados por dos diques de 600 y 920 metros" e incluye un muelle para 1.000 barcos. Uno de los socios de la promotora era un alto cargo del PP de Murcia, que abandon¨® la empresa este a?o.

En octubre de 2003, y pese a sus informes contrarios, la comunidad levant¨® la suspensi¨®n de las obras y las gr¨²as comenzaron a trabajar: ya han ganado terreno al mar mediante dos diques. El proyecto inicial se ha reducido de 2.155 a 818 viviendas y ahora incluye un campo de golf, algo que, por s¨ª s¨®lo debi¨® anular la concesi¨®n de 1975, seg¨²n la demanda, pues no se puede modificar el proyecto que obtuvo la concesi¨®n. Este diario intent¨® ayer, sin ¨¦xito, obtener la versi¨®n del gobierno de Murcia.

Los informes de los servicios jur¨ªdicos de la comunidad son la base de la demanda del ministerio contra el Gobierno que desde 1995 preside el popular Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel por permitir las obras. "La comunidad aut¨®noma no hizo caso alguno a los sabios consejos de su propia direcci¨®n de servicios jur¨ªdicos", explica el abogado del Estado en su demanda, de 50 folios, y presentada el 8 de noviembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El abogado del Estado, Juan Ram¨®n Calero, ex l¨ªder del PP de Murcia, afirma que la comunidad ha violado el art¨ªculo 79 de la Ley de Costas, que obliga a revocar las concesiones si no se realizan las obras en el plazo previsto (en este caso, 1982), as¨ª como la ley de las Administraciones P¨²blicas.

Medio Ambiente acusa tambi¨¦n a la comunidad de incumplir el art¨ªculo 49 de la Ley de Costas, que obliga a tener informe favorable del Gobierno para ceder terreno p¨²blico. La demanda afirma que durante a?os el ministerio intent¨® conocer el proyecto y s¨®lo obtuvo silencio de la comunidad. La ¨²ltima petici¨®n antes de pedir la suspensi¨®n cautelar se produjo en octubre de 2004. Por todo, pide al tribunal que suspenda la licencia de obras y que condene al Ejecutivo regional a pagar las costas.