Justicia: ?qui¨¦n gana y qui¨¦n pierde?

Hace unos d¨ªas se present¨® en Barcelona el llamado Libro Verde de la Administraci¨®n de justicia, promovido por el Departamento de Justicia de la Generalitat. El extenso trabajo fue calificado por el profesor Pablo Salvador, uno de los expertos que debatieron su contenido, de "aut¨¦ntica mina". Y el calificativo es plenamente acertado, dada la gran cantidad de informaci¨®n que se recoge en el libro y las potencialidades de reforma que introduce. El volumen tiene un ilustre precedente en el Libro Blanco de la justicia elaborado por encargo del Consejo General del Poder Judicial en 1997. Ya en aquel informe se afirmaba "que existe en la sociedad un extendido estado de opini¨®n que refleja una profunda insatisfacci¨®n con el funcionamiento de la Administraci¨®n de justicia, y que afecta, o puede afectar muy negativamente, a la confianza del pueblo espa?ol en ella". En aquel entonces las instituciones judiciales ocupaban uno de los lugares m¨¢s bajos en la credibilidad de los espa?oles, siendo calificada con un rotundo suspenso (3,6 sobre 10). M¨¢s de la mitad de los encuestados opinaban que la justicia funcionaba mal. El Libro Blanco tampoco era demasiado m¨¢s compasivo con la forma de funcionar de la justicia, y en el informe abundaban los ep¨ªtetos de "obsoleta", "ineficaz", "deficiente", "lenta", etc¨¦tera.

Ocho a?os despu¨¦s, la situaci¨®n en Espa?a no ha mejorado (como recog¨ªa el lunes este mismo peri¨®dico) y en Catalu?a tampoco podemos sentirnos demasiado satisfechos con lo que tenemos. En la encuesta que el Libro Verde recoge, cuyo trabajo de campo fue realizado en mayo-junio de este a?o, cerca del 80% de los catalanes afirman que la Aadministraci¨®n de justicia funciona "ni bien ni mal" (44,3%) o "mal o muy mal" (34,2%). En una escala de 0 a 10, los calificativos de "comprensible", "transparente" o "r¨¢pida" obtienen los peores valores siempre en la gama de suspenso, y s¨®lo consiguen un aprobado justo los t¨¦rminos de "profesional" y de "rigurosa". Dos terceras partes de los encuestados afirman que las leyes del pa¨ªs no garantizan la igualdad entre todos los ciudadanos y m¨¢s de las tres cuartas partes creen que la Administraci¨®n de justicia no aplica las leyes igual a todos. A la hora de achacar responsabilidades, ninguno sabe bien a qui¨¦n atribuirlas, ya que la percepci¨®n es de una notable confusi¨®n de competencias. Si bien existe la sensaci¨®n de que la cosa va mejorando, ello se relaciona sobre todo con elementos propios del servicio (atenci¨®n, algunas instalaciones nuevas, trato recibido...), pero no con el ejercicio del poder arbitral o jurisdiccional, ya que el grado de "mucha o bastante" confianza en la Administraci¨®n de justicia s¨®lo la adjudican en torno al 30% de los catalanes encuestados.

Nada de esto es demasiado nuevo, ya que si examinamos el Informe Pi Sunyer sobre la justicia en Catalu?a (www.fund-pisunyer.com) del a?o 1998 el panorama tampoco era demasiado halag¨¹e?o. Excesiva dilaci¨®n, escasa efectividad de la ejecuci¨®n, deficiente calidad de la provisi¨®n, inadecuada composici¨®n de la litigiosidad y altos costes eran los ep¨ªtetos que el profesor Santos Pastor mencionaba en su esclarecedora aportaci¨®n. En el Libro Verde se abunda en ello. El apartado dedicado a la atenci¨®n a los usuarios no tiene desperdicio y es de agradecer la valent¨ªa con la que se afrontan las graves ineficiencias detectadas. "De hecho, la funci¨®n de recepci¨®n al ciudadano simplemente no se hace". ?sa es una de las primeras afirmaciones del apartado, que cuando se refiere a las llamadas oficinas de atenci¨®n al ciudadano concluye que o bien no existen en algunas de las dependencias judiciales o, de existir, no siempre son f¨¢cilmente visibles ni est¨¢n bien indicadas. En caso de que exista y se encuentre, queda claro que los ciudadanos no pueden conocer la situaci¨®n de sus tr¨¢mites, ya que dichas oficinas no tienen acceso inform¨¢tico ni manera de saber del caso. En el caso de los registros civiles, s¨®lo el personal de seguridad realiza una funci¨®n de asesoramiento al ciudadano, y no existe un lugar de informaci¨®n general en el que consultar cu¨¢l es la documentaci¨®n que ha de aportarse. El informe concluye que en el asunto de la atenci¨®n al usuario, resolver las dudas de los ciudadanos es cuesti¨®n de suerte o de la buena voluntad de los funcionarios. Y deber¨ªamos a?adir que esa falta de informaci¨®n acaba siempre perjudicando m¨¢s a los que menos saben y tienen. Lo m¨¢s dantesco es lo referente a la atenci¨®n integral a la v¨ªctima, cuyo apartado tiene el expresivo t¨ªtulo de Tierra de nadie. No se entra en detalles, pero se constata que la v¨ªctima no goza de asesoramiento alguno, que ha de redactar en solitario la denuncia en el juzgado de guardia y que en muchas ocasiones ha de esperar en la misma sala que el acusado y sus familiares antes de entrar en la vista oral. Una doble victimizaci¨®n. Y todo ello ocurre cuando, seg¨²n el informe, la litigiosidad no deja de aumentar, y de hecho puede afirmarse que durante el a?o 2004, por cada 100 habitantes, 20 ingresaron asuntos en los tribunales catalanes.

Al final de la lectura de un texto en el que destacan muchas otras cosas (por ejemplo que el 80% de los jueces y magistrados no duran m¨¢s de dos a?os en el lugar que ocupan), uno se pregunta qui¨¦n gana y qui¨¦n pierde con esa situaci¨®n. Si la justicia es al mismo tiempo poder y servicio p¨²blico, puede que el "poder" se preserve, pero el "servicio" da m¨¢s bien pena. Y es bastante obvio que ahora, como hace muchos a?os, la desigualdad de recursos econ¨®micos, cognitivos y relacionales sigue situando a una buena parte de la poblaci¨®n en una situaci¨®n de indefensi¨®n y de pr¨¢ctica exclusi¨®n legal. La fractura legal de buena parte de la poblaci¨®n es consentida y admitida por ese conjunto de operadores jur¨ªdicos que van m¨¢s all¨¢ de jueces y ¨®rganos judiciales, como son los abogados, los fiscales, las instituciones penitenciarias y los propios ciudadanos que usan y abusan (algunos) de sus servicios. Necesitamos una aut¨¦ntica pol¨ªtica p¨²blica judicial que aborde en su complejidad e integralidad esa deficiente prestaci¨®n de un servicio b¨¢sico para el ejercicio de la ciudadan¨ªa. Los sucesivos informes mencionados constatan con meridiana nitidez que la cosa no va bien. Ahora s¨®lo falta que entre todos empujemos para que, de verdad, se haga justicia. Y justicia para todos, no s¨®lo para los que conocen los vericuetos y atajos de la mara?a judicial o para aquellos que simplemente pueden pagar a alguien que lo haga por ellos.

Joan Subirats es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona.