La sart¨¦n y el cazo

EL PRESIDENTE del Tribunal de Cuentas compareci¨® el pasado martes en el Congreso para exponer las conclusiones de sus tareas fiscalizadoras sobre la tesorer¨ªa de los partidos durante el a?o 2002. La parte del le¨®n de los ingresos de las formaciones pol¨ªticas corresponde a la financiaci¨®n p¨²blica, que se canaliza a trav¨¦s de las subvenciones a los gastos anuales de mantenimiento (156 millones de euros en ese ejercicio), las campa?as electorales (var¨ªan en funci¨®n del ¨¢mbito de las convocatorias) y los grupos parlamentarios. Pese a que el porcentaje sobre el total recaudado sea mucho menor, la financiaci¨®n privada plantea problemas de control considerablemente m¨¢s graves y complicados.

El informe del presidente del Tribunal de Cuentas ante la correspondiente comisi¨®n del Congreso provoca un debate entre los diputados sobre la condonaci¨®n de los pr¨¦stamos bancarios a los partidos

La comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas dio lugar a un ¨¢spero debate en la comisi¨®n sobre las condonaciones de pr¨¦stamos -el principal y/o los intereses- concedidos por los bancos y las cajas a los partidos. Los portavoces del PP y del PSOE reprodujeron el di¨¢logo escasamente ejemplar de la sart¨¦n y el cazo sobre la suciedad comparativa de sus tiznadas finanzas: es un hecho cierto que no s¨®lo socialistas y populares -el PP, bajo su denominaci¨®n actual o con el nombre de AP-, sino tambi¨¦n otros partidos, se han beneficiado a lo largo de casi treinta a?os de la munificencia para el perd¨®n de las instituciones crediticias.

Es habitual que los partidos sorprendidos en esas opacas operaciones -ahora le ha tocado el turno al PSC por el trato de favor recibido de la Caixa- defiendan su honor mancillado con argumentos ambiguos e internamente contradictorios. De un lado, las formaciones pol¨ªticas suelen proclamar su derecho a beneficiarse de las condonaciones de pr¨¦stamos en pie de igualdad con las pr¨¢cticas mercantiles que permiten a los particulares y a las empresas de la sociedad civil obtener de los acreedores aplazamientos, rebajas o exoneraciones de sus deudas. De otro, tambi¨¦n tiran de hemeroteca para reprochar a sus competidores pol¨ªticos los cr¨¦ditos perdonados en el pasado a fin de universalizar los enterrados sentimientos de culpa y de generalizar la vergonzante pretensi¨®n de impunidad para todos los partidos. Resulta dif¨ªcil sostener, en cualquier caso, que el privilegiado trato dispensado por unas instituciones crediticias dependientes de las regulaciones p¨²blicas a unos partidos capaces de adoptar desde el poder -ahora o en el futuro- decisiones capaces de suavizarlas o de agravarlas pueda ser equiparado con las distanciadas relaciones entre los bancos y sus deudores o con cualquier otra fr¨ªa pr¨¢ctica del mundo mercantil.

No deja de ser parad¨®jico, a este respecto, que la reforma de la ley de financiaci¨®n de 1987 propuesta por ERC -actualmente en tramitaci¨®n parlamentaria- abogue por la interdicci¨®n de las aportaciones de las personas jur¨ªdicas (ahora permitidas), pero defienda, en cambio, las condonaciones a los partidos. Si el principio de igualdad de oportunidades electorales y la lucha contra el tr¨¢fico de influencias son puestos en peligro por las sociedades an¨®nimas, ese mismo razonamiento debe extenderse a unas entidades tan emblem¨¢ticas del mundo del dinero como los bancos y las cajas. Para el balance contable de los partidos, los efectos de ambas operaciones -por acci¨®n o por omisi¨®n -son id¨¦nticos: la subvenci¨®n incrementa el activo, y el perd¨®n de la deuda descarga el pasivo. De a?adidura, el patrimonio inmobiliario, las subvenciones p¨²blicas y los ingresos por otros conceptos aseguran la solvencia -ejecutable- de los partidos como deudores.

El temor a las colusiones entre dinero y poder sirve a ERC para fundamentar la propuesta de prohibir las aportaciones an¨®nimas (hoy pueden llegar hasta el techo del 5% de la subvenci¨®n presupuestaria de cada formaci¨®n) como probable veh¨ªculo de donativos encubiertos; el mismo argumento justifica la limitaci¨®n de las aportaciones de las personas f¨ªsicas a 30.000 euros anuales. El debate parlamentario del proyecto -el presidente del Gobierno anuncia que la nueva ley ser¨¢ promulgada en junio de 2006- dar¨¢ a los partidos la oportunidad de mostrar si de verdad est¨¢n dispuestos a dar mayor transparencia y limpieza a su financiaci¨®n.