La ¨²ltima gran causa

La Iglesia cat¨®lica no es la ¨²nica instituci¨®n que recibe m¨¢s dinero de lo que los contribuyentes le otorgan al tachar la casilla correspondiente en su declaraci¨®n de la renta. El Gobierno aport¨® el a?o pasado un peque?o suplemento a la cantidad recaudada para "fines sociales" a trav¨¦s de las retenciones del IRPF. En total, el cheque del Ejecutivo fue de algo m¨¢s de 3,5 millones de euros para que la suma destinada a las ONG alcanzara el techo m¨ªnimo de 118,8 millones de euros, que pact¨® el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la Plataforma de ONG de Acci¨®n Social, como compensaci¨®n a un desajuste presupuestario. Un tercio de los espa?oles no tacha ninguna casilla y el Estado se queda con ese dinero. El dato es importante porque revela una cierta bolsa de desinter¨¦s ciudadano por el destino de ese peque?o porcentaje de sus impuestos que para las ONG es, sin embargo, un pellizco fabuloso.

Amparo Valcarce cree que "hay una generaci¨®n que quiere ahora volcarse en la solidaridad"

El Estado deja en manos de las ONG sectores asistenciales b¨¢sicos, caros y problem¨¢ticos

Faltan herramientas de control de transparencia y calidad

Los socios se desentienden de la elecci¨®n de sus dirigentes

Cambia el perfil del voluntariado. Los mayores son cada vez m¨¢s

El Gobierno quiere acabar con la precariedad laboral en el sector

No se sabe a cu¨¢nto asciende en euros contantes y sonantes ese 33% de declaraciones en blanco. Pero todo apunta a que estos contribuyentes despistados o desinteresados no pertenecen a las clases medias profesionales, las m¨¢s concienciadas de la sociedad. Son estos sectores los que han entrado de lleno en las nuevas modas de la preocupaci¨®n por causas sociales. Esther, una profesional en los cuarenta, madre de dos hijos, recuerda su sorpresa cuando esta primavera llev¨® a su hijo peque?o al cumplea?os de un amigo en el que, en lugar de un juguete, "se nos pidi¨® que ingres¨¢ramos el dinero equivalente en una cuenta especial de ayuda a los damnificados por el tsunami".

Autonom¨ªa respecto al mercado

Toda una demostraci¨®n de que el esp¨ªritu solidario de las ONG empieza a calar profundamente en la sociedad espa?ola, que suministra un mill¨®n de voluntarios a proyectos y programas filantr¨®picos, y aporta entre el 12% y el 14% del dinero con que se financian. Al profesor de Sociolog¨ªa de la Universidad Complutense Joaqu¨ªn L¨®pez Novo no le sorprende este dato, porque los profesionales se sienten a sus anchas en estas organizaciones que ¨¦l ha estudiado a fondo. Est¨¢n orientadas a dar un servicio, tienen autonom¨ªa respecto al mercado y se mueven siempre en un marco muy racional. Se trata a fin de cuentas de "resolver los problemas sociales mediante la aplicaci¨®n del conocimiento".

A ese estrato pertenecen la mayor¨ªa de los socios de Greenpeace (en este caso, excepcionalmente m¨¢s hombres, un 57% frente al 43%), profesionales de las grandes ciudades espa?olas con una media de edad de unos 39 a?os. El perfil var¨ªa un poco en el caso de Interm¨®n: la mayor¨ªa de sus 210.000 socios son profesionales de Catalu?a y, en menor proporci¨®n, de Madrid, de sexo femenino. "Mujeres urbanas de un nivel socio-cultural medio-alto", resume la directora de la fundaci¨®n, Ariane Arpa. A ella le gustar¨ªa traspasar esa barrera, llegar "a otros sectores sociales no tan burgueses, a gente con una visi¨®n m¨¢s llana de la solidaridad". Pero el objetivo no es f¨¢cil, ni en Espa?a ni en el mundo. El 73% de las 170.000 personas que asistieron a las tres ediciones del Foro Social Mundial de Porto Alegre eran titulados o estudiantes universitarios. Se habl¨®, sobre todo, de los excluidos, pero pocos de sus representantes pudieron costearse el viaje. Las propias ONG pagaron la estancia a algunos de los l¨ªderes, porque les hubiera sido dif¨ªcil encontrar el dinero de otro modo. No todas las causas tienen el mismo arraigo social.

Mientras las grandes cat¨¢strofes humanitarias conmueven masivamente, "poca gente da dinero para ayudar a los inmigrantes o a los drogodependientes", dice Marisa Salazar, coordinadora de los servicios generales de C¨¢ritas. Otra cosa son los apadrinamientos. Las ONG que explotan esta veta son las que m¨¢s f¨¢cilmente recaudan fondos. Pero son pr¨¢cticas que despiertan recelo. "A nosotros nos parece enga?oso", comenta Julio Alonso, responsable de comunicaci¨®n de Save the Children, una de las grandes organizaciones internacionales dedicadas a la infancia. El que apadrina da un dinero para un ni?o con nombre y apellidos, pero en realidad la ayuda suele financiar a un colectivo m¨¢s amplio.

En lo que son muy cuidadosas esas ONG es en enviar a sus socios la justificaci¨®n necesaria para desgravar a cuenta de ese dinero. No hay datos exactos sobre cu¨¢ntos donantes hacen constar ante Hacienda su condici¨®n filantr¨®pica, pero las estimaciones los sit¨²an entre 1,5 y 1,8 millones de personas, aunque son las empresas las principales beneficiarias en t¨¦rminos fiscales. Adem¨¢s, desde que se ha forjado el concepto de responsabilidad social corporativa -en cierto modo, una adaptaci¨®n de las empresas a los esquemas mentales de las ONG-, se ha disparado el inter¨¦s por participar en programas de ayuda serios y, a ser posible, bien publicitados. Esa necesidad es la que decidi¨® a Ignacio Garralda y a Salvador Garc¨ªa-Atance a crear hace cuatro a?os la Fundaci¨®n Lealtad. El objetivo, explica Garralda, "es que sirva de mediadora entre las empresas y las organizaciones no gubernamentales". La fundaci¨®n edita la Gu¨ªa de la Transparencia, en la que se recogen nueve grandes principios que toda ONG deber¨ªa cumplir, desde el de funcionamiento y regulaci¨®n del ¨®rgano de gobierno, a la transparencia y pluralidad en la financiaci¨®n, pasando por el control en la utilizaci¨®n de fondos, presentaci¨®n de las cuentas anuales y cumplimiento de las obligaciones legales. "Hemos firmado acuerdos de colaboraci¨®n con unas cuarenta empresas, porque hemos detectado que su receptividad a la gu¨ªa es mucho mayor que la de los particulares", a?ade Garralde.

Empresas y dinero solidario

Y es que empresas y fundaciones sociales procuran no tirar el dinero. Antes de financiar a una organizaci¨®n quieren conocer sus cuentas, saber c¨®mo funciona, a qu¨¦ sectores se dirige, cu¨¢l es su situaci¨®n interna, cu¨¢ntos socios tiene, cu¨¢ntos voluntarios y cu¨¢ntos trabajadores asalariados. Un cap¨ªtulo este, no siempre claro, porque, por contradictorio que pueda parecer, en este sector es frecuente la precariedad laboral.

Los chicos y chicas con petos de alguna ONG que intentan captar socios en la calle, muchas veces son contratados eventuales de empresas que cubren esos servicios para determinadas organizaciones. "Yo no soy contratado. A m¨ª me paga directamente la ONG", dice un chaval apostado a la entrada de unos almacenes en el centro de Madrid, que pide no figurar con su nombre ni con el de la organizaci¨®n que le paga. "La verdad es que estamos como falsos aut¨®nomos. El sueldo no es malo, pero tenemos muchos impuestos, y el trabajo es muy duro".

Es sintom¨¢tico que la Secretar¨ªa de Estado de Asuntos Sociales -que distribuye el 80% del dinero que a trav¨¦s del 0,52% del IRPF destinan los espa?oles a las ONG- haya incluido este a?o una norma forzando a las organizaciones que aspiran a estos fondos a tener con contratos indefinidos al menos al 75% de sus empleados. Como dice Juan L¨®pez de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace Espa?a, "las ONG tenemos que ser coherentes con los derechos de las personas. Los salarios son inferiores a los de una empresa, pero hay que intentar que las condiciones laborales sean las mejores posibles. Aqu¨ª no se trabaja los viernes por la tarde".

Pero, m¨¢s que la estabilidad laboral de los trabajadores, a las empresas que hacen donativos a organizaciones no lucrativas "les interesan los fines que persiguen y la transparencia de su gesti¨®n", a?ade Garralde, que considera todav¨ªa en periodo de prueba la Gu¨ªa de la Transparencia "hasta que recoja m¨¢s organizaciones". De momento, las ONG no han respondido con excesivo entusiasmo a este control voluntario. La ¨²ltima gu¨ªa, editada hace unos meses, chequea a un centenar. Entre ellas figuran algunas de las m¨¢s conocidas, C¨¢ritas, Interm¨®n, M¨¦dicos Sin Fronteras, M¨¦dicos del Mundo, Manos Unidas o Entreculturas, pero se echan en falta muchas otras. No figura, por ejemplo, Cruz Roja Espa?ola (CRE), una gigantesca entidad que por sus dimensiones parece inexorablemente abocada al burocratismo. Y al despilfarro. Circula incluso una leyenda sobre la vida glamurosa de sus delegados, con coche oficial y alojamientos en hoteles de cinco estrellas. "Los ¨²nicos que pueden dar esa impresi¨®n son los delegados del Comit¨¦ Internacional de Cruz Roja (CICR), porque tienen estatus diplom¨¢tico", dice el coordinador de CRE, Antoni Bruel. En estos momentos, la retribuci¨®n media de sus 95 delegados sobre el terreno es de 33.509 euros brutos al a?o, que, con las obligadas detracciones, queda en 17.737 euros.

Lo que es innegable es que todo es gigantesco en CRE, el n¨²mero de dirigentes (m¨¢s de 3.000), de empleados (m¨¢s de 8.200), de voluntarios (140.000) y, sobre todo, de socios. Oficialmente, 700.000 personas aportan un m¨ªnimo de 30 euros al a?o a la entidad. Al menos en teor¨ªa, estos socios tienen a su alcance la posibilidad de elegir al presidente de Cruz Roja, pero por un alambicado camino. El voluntario y el socio eligen a sus representantes en el comit¨¦ local y, a partir de ah¨ª, se suceden las elecciones indirectas, en el nivel provincial, auton¨®mico, hasta la asamblea general, que decide la composici¨®n del comit¨¦ nacional del que sale el presidente. Complicado, ?verdad? El resultado es que en CRE, como en la mayor¨ªa de las ONG medianas y peque?as, el socio no tiene arte ni parte en la elecci¨®n de los dirigentes.

A veces, por su propio desinter¨¦s. "A nuestras asambleas vienen poqu¨ªsimos socios", reconocen en Greenpeace, gobernada por un consejo de 75 miembros, de los que una parte -50- son elegidos cada dos a?os, y los 25 restantes los designa el consejo saliente. Todos tienen que ser socios con m¨¢s de tres a?os de antig¨¹edad. Este sanedr¨ªn elige a los siete miembros de la junta directiva, y ¨¦sta, al director.

Tampoco los socios de Amnist¨ªa Internacional parecen demasiado preocupados con el organigrama de la organizaci¨®n. A la ¨²ltima asamblea general se presentaron unas 200 personas del total de 35.000 socios. Amnist¨ªa Internacional tiene, como Greenpeace, centenares de activistas j¨®venes dispuestos a batirse el cobre por la organizaci¨®n, adem¨¢s de los voluntarios que echan una mano cuando se precisa.

Aunque la pasi¨®n por el voluntariado est¨¢ menos extendida entre los j¨®venes de lo que parece. Vanesa Lecointre, madrile?a de 26 a?os, que lleva cuatro dedicando entre 5 y 10 horas semanales a trabajar con inmigrantes, lo sabe bien. "En ¨¦pocas de ex¨¢menes baja mucho el n¨²mero de voluntarios", dice. Ella empez¨® a colaborar asiduamente con una peque?a ONG, Madrid Puerta Abierta, y ha terminado formando parte de la gerencia. "En mi casa ha sido siempre una tradici¨®n. Mi padre y mi madre han hecho siempre voluntariado". ?Qu¨¦ la mueve a participar? "Cuando veo una situaci¨®n injusta, trato de resolverla". Pero el voluntariado est¨¢ cambiando. "Se est¨¢n incorporando muchos prejubilados que son j¨®venes todav¨ªa y tienen una formaci¨®n muy ¨²til para temas administrativos".

Abundan, en todo caso, las mujeres que contribuyen a que la situaci¨®n del sector no lucrativo en Espa?a sea "espl¨¦ndida", en palabras de la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, que calcula la verdadera cifra de voluntarios en cuatro millones y medio de personas (juntando quiz¨¢ voluntarios y meros colaboradores ocasionales). "Es gente mayor la mayor¨ªa de las veces. Una generaci¨®n que no ha podido dedicarse a estas cosas antes y ahora quiere volcarse en esta solidaridad". Valcarce, que preside el Consejo Estatal de ONG de Acci¨®n Social, est¨¢ especialmente satisfecha de las novedades que ha introducido su departamento en la pol¨ªtica de subvenciones. "Hemos atendido las propuestas de las ONG y a partir de este a?o se conceden subvenciones plurianuales, porque hay programas que no se cumplen en un a?o".

Pero una pregunta flota en el ambiente: ?por qu¨¦ necesita un pa¨ªs desarrollado, donde el Estado de bienestar funciona, a las ONG? "Porque su flexibilidad les permite llegar a todos los rincones, resolver situaciones a las que no llega el sector p¨²blico", dice Valcarce. O a las que no quiere llegar. A fin de cuentas, todos estos programas financiados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales vienen a ser una especie de subcontrata. El Estado se desentiende as¨ª de algunos sectores asistenciales caros y problem¨¢ticos y los deja en manos de organizaciones que operan con costes m¨¢s bajos, entre otras cosas porque buena parte de su personal es voluntario. Es la conclusi¨®n a la que ha llegado el soci¨®logo y profesor de la Universidad de Alicante Carlos G¨®mez Gil. En un op¨²sculo sobre Las ONG en la globalizaci¨®n llega a la conclusi¨®n de que estas organizaciones est¨¢n convirti¨¦ndose en "agencias subsidiarias y precarizadas que tratan de mantener parcialmente bajo criterios de m¨ªnimos costes algunas de las funciones que tradicionalmente ven¨ªan desarrollando los Estados".

Y con un voluntariado que no siempre tiene la formaci¨®n necesaria para afrontar trabajos que exigen profesionalidad y abnegaci¨®n a partes iguales. ?Sirvieron realmente para algo los programas que financi¨® el a?o pasado la Secretar¨ªa de Estado? "Por supuesto". Valcarce subraya, adem¨¢s, que existen multitud de controles. "El proceso de selecci¨®n de programas es muy exigente -de 2.000 programas se eligen 700, a lo mejor-, y luego los controles y las inspecciones para comprobar que se han llevado a cabo son exhaustivas". Pero Valcarce se refiere a controles burocr¨¢ticos, a exigencia de facturas, de justificaci¨®n de gastos, totalmente imprescindibles desde luego, pero que no entran en la filosof¨ªa del problema. Enriqueta Chicano, presidenta de la Federaci¨®n de Mujeres Progresistas y vocal de la Plataforma de ONG de Acci¨®n Social, confirma que el papeleo que les exigen es impresionante, pero ella se declara partidaria de que el criterio de distribuci¨®n de fondos se base m¨¢s en la calidad y en la utilidad del trabajo realizado.

?C¨®mo medirlo? "Depende mucho de las circunstancias locales. Pero s¨ª puedes demostrar que determinada poblaci¨®n infantil sale mejor formada al t¨¦rmino de un programa de ense?anza, o si has conseguido influir en los tratados de regulaci¨®n del comercio de armas", considera Ariane Arpa, de Interm¨®n. Al igual que la coordinadora de ONGD, la plataforma que engloba a las de acci¨®n social pretende ser una garant¨ªa de seriedad y transparencia. Chicano asegura que se ha hecho un trabajo enorme en este sentido. Todas deben estar auditadas interna o externamente, pero reconoce que el camino hacia una mayor calidad es largo y complejo. "Faltan una verdadera regulaci¨®n y unas normas". De qu¨¦ normas se dicten y, sobre todo, qui¨¦n las dicte depende el futuro de las ONG.